Movimiento obrero. Su Brutal situación:
Morir en el tajo:
-2º aniversario de la muerte en accidente laboral de Unai Martínez.
29 de marzo, 18 h. Cementerio de Elviña, A Coruña.
Repsol culpable. Xustiza para Unai.
Despidos:
-Cervezas La Virgen anuncia el cese de su actividad y el despido de sus 78 trabajadores.
Cesará su actividad tanto de su fábrica, que estaba ubicada en el polígono Európolis de Las Rozas (Madrid) como del ‘taproom’ y los bares, ya que cuenta con seis diferentes locales de La Virgen, que están repartidos en Majadahonda, Alcorcón y cuatro en Madrid capital.
-Codigames, ERE del 20% de su plantilla. 20 despidos.
La tecnológica de juegos de móvil con sede en Valencia, aplica ERE a 20 de sus 100 trabajadores.
Codigames ha anunciado recientemente un expediente de regulación de empleo que echa a la calle al 20% de su plantilla bajo la excusa de las necesidades económicas y de tener que reducir gastos. Sin embargo, la misma empresa que cuenta con la inversión de Angels, el fondo de capital de riesgo del multimillonario Juan Roig, anunció haber facturado más de 30 millones de euros en 2023 con un beneficio de 9 millones. También anunció un reparto de dividendos de 5 millones entre los socios. Por lo que, una vez más, es visible que ante el anuncio de una crisis económica los capitalistas prefieren hacer cargar el coste en sus trabajadores tras haberlos exprimido al máximo.
–https://www.izquierdadiario.es/Oleada-de-despidos-en-la-industria-del-videojuego-el-caso-Codigames
Residencias de mayores:
-Un estudio apunta a Ayuso en las muertes de las residencias de Madrid y concluye que se podrían haber evitado.
La Comisión Ciudadana por la Verdad infiere, tras meses de investigación y más de 25 testimonios, que las decisiones políticas y de gestión en la Comunidad de Madrid fueron clave en el fallecimiento de los 7.291 residentes.
Se podrían haber evitado. Esta es la conclusión a la que han llegado los expertos de la comisión ciudadana por la verdad que llevan meses investigando las muertes en las residencias de la Comunidad de Madrid durante la primera ola de la covid. El estudio apunta al Gobierno de Isabel Díaz Ayuso. En concreto, señala que las decisiones políticas tomadas en marzo de 2020 fueron determinantes en el fallecimiento de los 7.291 residentes, a quienes se les «denegó el deber de socorro» tras la publicación de los llamados «protocolos de la vergüenza».
El tribunal, denuncia «criterios discriminatorios para las derivaciones de personas enfermas de las residencias a centros hospitalarios». Las causas de esta exclusión fueron básicamente que los residentes, o bien no tenían seguro privado, o padecían algún tipo de deterioro cognitivo o discapacidad física.
En esta región la mortalidad fue el doble que en el resto de autonomías y otros países de la Unión Europea. Solo en los dos primeros meses dela crisis sanitaria perdieron la vida 9.468 personas, el 21,5% de las que allí ocupaban plaza. O lo que es lo mismo, uno de cada cinco residentes.
En busca de la verdad
El origen de esta comisión, tal y como afirman sus miembros, está en «la falta de interés y voluntad por parte de las autoridades públicas políticas y judiciales para averiguar, analizar e informar sobre lo que sucedió» a las personas que estaban confinadas en las residencias durante las primeras semanas de la pandemia.
Entre sus conclusiones, la comisión destaca que los recursos sociales y sanitarios eran insuficientes cuando estalló la pandemia. También señala que la respuesta del Gobierno de la Comunidad de Madrid fue inadecuada: «No se activó la vigilancia epidemiológica, las residencias no contaron con medios materiales y humanos adecuados».
Asimismo, el tribunal indica que «la comunicación entre residentes y familiares, así como la información a las familias» fue deficiente. En la misma línea, pone el foco en la «no medicalización de las residencias», así como la decisión del Gobierno de Ayuso de no utilizar «los medios alternativos existentes para ofrecer atención sanitaria» a estos pacientes.
Entre el 22 de marzo y el 23 de abril de 2020 estuvo funcionando un hospital provisional en IFEMA. Se habilitaron 1.300 camas y se dotaron con 3.000 profesionales. Sin embargo, «a este centro solamente se trasladaron 23 pacientes leves» desde diferentes residencias madrileñas. En este mismo período fallecieron, no obstante, más de 5.000 personas «sin recibir la atención médica adecuada».
La comisión habla de una «vulneración del derecho a la verdad», además del derecho a no ser discriminado y a la protección de la salud. Entre los hechos más impactantes, recuerdan los redactores del estudio, están «el sufrimiento y horror evitable» que vivieron miles de personas antes de morir, muchos de ellos ahogados y asfixiados.
Para ellos, las conclusiones no dan lugar a dudas. Fueron todas estas «decisiones perfectamente conscientes, planificadas y mantenidas en el tiempo» que «ignoraban la evidencia sanitaria». Por ello, el informe se enviará a todos los poderes del Estado, incluyendo la Fiscalía de Madrid (que hasta ahora se ha negado a investigar lo sucedido), e incluso a la Comisión Europea.
Sanidad pública:
-La firma de un exjefe del Hospital de Cruces vendió a Osakidetza 2,5 millones en material contra el covid.
Los contratos con el grupo Cardiva, cuyo director gerente hasta septiembre de 2021 fue Ramón Lorente, se realizaron durante la pandemia mediante expedientes de emergencia y fueron adjudicados por el procedimiento negociado sin convocatoria de licitación.
El que fuera jefe de suministros del Hospital de Cruces en la década de los años 90, Ramón Lorente, ejerció de director general del grupo privado Cardiva entre 2002 y septiembre del 2021. El grupo duplicó su facturación durante los primeros meses de la pandemia, y mientras Lorente ejercía de director, Cardiva llegó a suministrar a Osakidetza más de cien millones de mascarillas, guantes y batas, así como diverso material sanitario.
En 2020, ya en plena pandemia, según datos recabados por Hordago-El Salto, Osakidetza compró a Cardiva mascarillas y batas por valor de más de 2,5 millones de euros repartidos en cuatro contratos. Estos fueron realizados como expedientes de emergencia y adjudicados por el procedimiento negociado, es decir, sin convocatoria de licitación.
La Plataforma de Contratación Pública de Euskadi sigue sin publicar información sobre la memoria justificativa o pliegos del contrato que contenga datos sobre el número de mascarillas y batas suministradas, o de las características técnicas del material.
Además, este grupo ha sido un importante adjudicatario de diverso material sanitario para los hospitales de Cruces, Galdakao y Zumarraga. A mediados de 2023, comenzó negociaciones para consolidarse como proveedor del hospital de Basurto. Durante el 2024, ya ha resultado ser adjudicataria de hasta siete contratos de la OSI Ezkerraldea Enkarterri Cruces, cuya directora gerente, Mariluz Marqués, está casada con el exconsejero de Salud Jon Darpón, ahora directivo del grupo sanitario privado Keralty.
El 70% de su volumen de negocio proviene de adjudicaciones y concursos de las distintas administraciones públicas. Según datos de la plataforma Civio, solo durante el año 2020, Cardiva se hizo con 86 adjudicaciones de distintas administraciones públicas por el procedimiento de emergencia, por un valor total de más de cinco millones de euros.
El lehendakari Iñigo Urkullu y la entonces consejera de Salud, Nekane Murga, asistieron en noviembre de 2019 a la presentación de las nuevas instalaciones del Grupo Cardiva en Lezama. Durante la pandemia, en octubre de 2021, una delegación del Gobierno Vasco volvió a las instalaciones, en esta ocasión encabezando la visita la consejera de Salud Gotzone Sagardui.
Las instalaciones de Lezama son el eje logístico de la firma, desde donde se proveen más de 4.000 referencias a hospitales públicos y privados. Cardiva, miembro del Basque Health Cluster, es a su vez accionista de Histocell, una biofarmacéutica ubicada en Larrabetzu y en la que el Gobierno Vasco y la Diputación de Bizkaia también han invertido dinero…