Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Los socorristas de las playas de Palma en huelga indefinida desde el 26 de octubre.
Piden un cambio en las políticas de seguridad del Ajuntament.
Los socorristas de Palma están en huelga indefinida desde el 26 de octubre y afecta a la Platja de Palma, Cala Estància, Ciutat Jardí, Portitxol, Can Pere Antoni y Cala Major.
El motivo principal que esgrimen los representantes de los 65 trabajadores es la negativa del Ajuntament a que permanezcan dos socorristas en las torres, una instrucción que, dicen, obvia el decreto 27/2015 que específica que la unidad mínima de salvamento debe estar constituida por dos socorristas.
-Trabajadores de Aqualia Jaén, a la huelga porque llevan desde 2020 sin subidas de salario.
El tema incluso está ya en los juzgados, ya que tras la última reforma laboral aprobada por el Gobierno, los representantes de los trabajadores exigieron a la empresa la aplicación de la citada reforma en materia salarial, para garantizar que, como dice la ley, las tablas salariales en un convenio de empresa no sean inferiores a las del convenio sectorial.
Aqualia se negó a pagar lo que consta en el Convenio Estatal del Agua y eso les llevó a los tribunales, en una demanda interpuesta por el comité de empresa y el sindicato CGT a la que no se sumó UGT. La demanda fue desestimada en primera instancia pero sus precursores han realizado un recurso de suplicación ante el TSJA.
*Sobre los juicios contra Aqualia:
Despidos:
-Benteler amenaza con un ERE en Vigo si no firma nuevos proyectos.
Benteler cuenta con 550 trabajadores en su planta de Valladares, Vigo.
La empresa de automoción, planteó a la plantilla a finales de septiembre, que «en un futuro va a sobrar gente si no se consiguen más proyectos», lo que obligaría a un expediente de regulación de empleo (ERE).
-Aernnova cierra su fabrica de Sevilla.
El cierre afectará a unos 120 trabajadores.
La empresa de diseño y fabricación de estructuras aeronáuticas ha anunciado el cierre de su centro de producción en Sevilla, por motivos económicos.
Sanidad pública:
-Centro de salud de Puente de Vallecas: ni un médico a jornada completa para 12.500 personas.
El turno de tarde del centro de salud madrileño Vicente Soldevilla continúa con graves problemas asistenciales siete meses después del fin de la huelga: miles de vecinos sin médico asignado, puestos sin cubrir e imposibilidad para conseguir citas.
“¡Estoy de acuerdo! ¿Tengo que firmar?”. Marisa se acerca decidida a una pequeña mesa instalada frente al centro de salud Vicente Soldevilla, en Puente de Vallecas. Bajo una gran pancarta en defensa de la sanidad pública, Fede lleva media mañana recogiendo los apoyos de decenas de vecinos que dan fe de la situación insostenible en la que se encuentra su ambulatorio. “Está todo fatal y no me da la gana de irme a la privada, que para algo llevo toda la vida trabajando”, continúa la mujer, de 59 años.
Siete meses después del acuerdo alcanzado entre los sindicatos y la Consejería de Sanidad para poner fin a 123 días de huelga indefinida, los problemas continúan en centros como el de Puente de Vallecas. Principalmente, en el turno de tarde, donde se focalizan los puestos de difícil cobertura.
Robo a vatio armado:
-Iberdrola, Naturgy y Endesa pagan más de medio millón de euros al año para influir en las políticas europeas.
Una investigación indaga en algunas de las herramientas que utilizan las grandes eléctricas españolas para ganar resoluciones judiciales, pagar menos impuestos y condicionar las directivas europeas.
Iberdrola obtuvo 2.521 millones de euros de beneficio neto en el primer semestre de 2023, un 22% más que en 2022. Naturgy, unos 1.045 millones, un 88% más que en el año anterior. Y Endesa, 916 millones. ¿Cómo hacen las eléctricas españolas para mantener sus posiciones de privilegio y sus beneficios abultados pese al creciente debate y regulaciones sobre “los beneficios caídos del cielo”?
Una investigación internacional, liderada por la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), Enginyeria Sense Fronteres (ESF) y Fossil Free Politics (FFP), añade elementos para entender cómo el oligopolio de las eléctricas españolas siempre consigue salirse con la suya.
Las puertas giratorias son una de las principales herramientas para modelar las legislaciones y las decisiones gubernamentales que tocan los aspectos energéticos y eléctricos. El traspaso sistemático de recursos humanos entre la administración y las eléctricas también aporta a estas grandes compañías otro valor añadido: el conocimiento detallado de las legislaciones para saltárselas o utilizarlas en su beneficio.
Aquí es donde entran a jugar, apunta el informe, los abogados del Estado y otros funcionarios de máximo nivel que pasan a ocupar altos cargos Iberdrola, Endesa o Naturgy. Los abogados del Estado son la élite del funcionariado, se sitúan en la categoría A1, deben superar uno de los exámenes más duros y “conocen al dedillo las fortalezas y debilidades” de la Administración, señala la investigación. A pesar de que cobran, como mínimo, unos 60.000 euros al año en 14 pagas y en algunos casos incluso más, “muchos optan por buscar una mayor retribución salarial y piden una excedencia, mantienen su plaza pública y trabajan en la empresa privada”.
Esta estrategia alcanza su máxima expresión en Iberdrola, que cuenta con nueve abogados del Estado en su cúpula directiva. Entre ellos, destaca Santiago Martínez Garrido, secretario general del Consejo de Administración de Iberdrola, o Gerardo Codes Calatrava, director de los Servicios Jurídicos de Recursos Corporativos y Control. En Naturgy, el director legal, Javier Gallego Piñera, también es un abogado del Estado.
Estos conocimientos profundos sobre el funcionamiento del Estado, señalan en Radiografía del lobby energético, se convierten en armas de gran utilidad a la hora de interponer recursos judiciales ante medidas o normativas que erosionan los beneficios o privilegios de las grandes eléctricas…
Corrupción:
-La esposa del CEO de Applus (ITV) se embolsa plusvalías del 69% vendiendo acciones en plena guerra de opas.
La esposa del primer ejecutivo de la multinacional, Joan Amigó, compró 16.000 acciones en septiembre de 2022 y las vendió el día en que el fondo Amber presentó su contraoferta por el grupo.
La esposa del consejero delegado de Applus, Joan Amigó, ha logrado plusvalías del 69% vendiendo un paquete de 16.000 acciones del gigante de certificación industrial e inspección de vehículos que compró hace algo más de un año y del que se ha desprendido en plena guerra de ofertas públicas de adquisición (opas) sobre la multinacional española.
El resultado es que al vender esas acciones, la esposa del primer ejecutivo de la multinacional ha obtenido una plusvalía bruta de 65.120 euros, casi el 70% con respecto a lo invertido inicialmente.