Movimiento obrero. Su brutal situación:
Morir en el tajo:
-18 de julio. Un camionero muere en accidente en Cacicedo de Camargo, Cantabria.
El camión hormigonera volcó en la A-67 y se incendió, con su conductor dentro. No se informa edad ni filiación.
Cantabria registra en 2023 una decena de accidentes laborales mortales, la mayor cifra de los últimos 16 años.
-20 de julio. Muere un obrero de 55 años tras caer desde ocho metros en Oviedo.
El trabajador estaba sobre un techo de uralita en la nave de una empresa ceramista, que se quebró y del que cayó al vacío.
Se trata de la segunda víctima mortal por accidente laboral en lo que va de mes en la ciudad. El pasado 4 de julio perdió la vida Abderrahim El Bouazati, de 35 años y natural de Nador (Marruecos), tras caerse por el hueco de un ascensor desde una quinta planta en una obra en la estaba trabajando.
-21 de julio. Muere en Vitoria un trabajador de 33 años atrapado por una máquina.
En la empresa Talleres Aratz, localizado en el polígono industrial de Betoño. El joven sufrió el accidente mortal al verse atrapado por una prensa metálica de grandes dimensiones.
Es el quinto accidente laboral mortal de este año en Álava.
Van 32 muertes en Euskal Herria desde inicio de 2023.
Despidos:
-Sigue adelante el concurso de acreedores de las tiendas Nanos.
Los trabajadores denuncian que supondrá cien despidos y se han concentrado ante la sede de la empresa coruñesa.
La oferta de compra en todo caso, sólo permitiría que se mantuviera la actividad en ocho tiendas de las 25 que tiene en toda España. No hay alternativa al cierre de las fábricas. Tan solo 30 de los 130 trabajadores conservarían su puesto de trabajo.
-Nuevo ERE en el Málaga CF con 47 trabajadores afectados.
Por el descenso de categoría, han sido despedidos 7 directivos y administrativos y 40 trabajadores.
-Heüra, productora de carne vegetal, anuncia un ERE del 10 % de la plantilla.
Heüra, empresa emergente catalana que produce carne de origen 100 % vegetal, ha anunciado a sus empleados el inicio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE), que afectará a más del 10 % de la plantilla, de unas 165 personas, por lo que podría afectar a unos veinte trabajadores.
La empresa confirma en un comunicado esta decisión que forma parte de un cambio de modelo «de hipercrecimiento a uno basado en el crecimiento sostenible, la consolidación y la rentabilidad». A principios de año presentaron otro expediente que afectó al 9 % de la plantilla, y acarreó otros 16 despidos.
Desahucios:
-Antidisturbios desalojan a 18 familias en Móstoles por orden de los fondos buitre.
Más de 40 personas, entre ellas menores, enfermos y dependientes, han sido desalojados en el segundo intento de desalojo del inmueble ‘La Dignidad’, ubicado en la calle Carcavilla y ocupado por la Plataforma de Afectados por la Hipoteca (PAH) en 2013 y que compró en subasta pública una empresa buitre estadounidense.
La PAH, Stop Desahucios Móstoles y la Coordinadora Vivienda de Madrid denuncian que todos los ocupantes del bloque son «casos de vulnerabilidad acreditada»y que no tienen alternativa habitacional. La huelga indefinida de los funcionarios de Justicia impidió el pasado mayo que se llevara a cabo el desalojo que estaba ordenado por el juzgado y que afecta a 18 familias que residen desde hace casi diez años en este edificio, pero esta mañana un despliegue de antidisturbios.
«Para evitarlo necesitamos ser muchas. Llamamos a todas las personas que puedan a venir a impedirlo. No podemos permitir que nos quiten la Dignidad», han recalcado desde la plataforma ‘Stop Desahucios Móstoles’. Habían publicado un vídeo en sus redes sociales en el que solicitan que se le acompañe desde el domingo «en esta pelea contra los fondos buitres», contra el «abandono institucional», contra la «mercantilización de los derechos humanos» y «por el derecho de todas las personas a una vivienda digna y adecuada» .
Desde las 5:30 horas de hoy, lunes 17 de julio, los furgones policiales comenzaron a llegar a la calle Carcavilla 2 bis. Hacia las 8 de la mañana, sin esperar a la comisión judicial, con la que siempre se guarda una posibilidad de negociación, incluso una suspensión temporal, la policía ha decidido entrar al bloque. Una vez dentro unos 25 antidisturbios han ido piso por piso reventando las puertas que dan acceso a los rellanos.
-Tensión en el desalojo de un histórico activista antidesahucio en Santander.
Una veintena de policías nacionales apoyó en la calle León Felipe el lanzamiento de Roberto Mazorra a la calle, a quien respaldaron miembros de las plataformas anti desahucios.
El 18 de julio, fue desahuciado tras dos intentos anteriores.
Residencias en manos privadas:
-Inspección advirtió durante tres años del mal uso de las sujeciones en la residencia donde murió una anciana por asfixia.
El centro público de mayores Peñuelas, de gestión privada por decisión de la Comunidad de Madrid, no ha sido sancionado nunca por este motivo. Ahora con 25.000 €.
La residencia Peñuelas (Madrid), donde se ha destapado la muerte de una anciana por asfixia tras el uso de contenciones, había sido advertida por la Inspección del mal uso de sujeciones físicas y no responder a las obligaciones legales. Se trata de un centro de mayores público de gestión privada y, por tanto, bajo la responsabilidad del Gobierno de Isabel Díaz Ayuso.
En las actas emitidas por la Subdirección General de Control de Calidad, Inspección, Registro y Autorizaciones se recoge cómo, desde el año 2020, en cada registro se requieren cambios en el uso de estos métodos de contención. También en otros ámbitos relacionados con el no funcionamiento del sistema de aviso desde las habitaciones, en la dispensa de medicación, en la limpieza o el mobiliario.
En la documentación de Inspección, se observa que la residencia no dispone de la declaración responsable firmada por el Director, donde conste la relación de personas que utilizan sujeciones, el tipo de contención que se emplea, la fecha de prescripción, así como la del consentimiento informado de las familias.
Corrupción:
-El Ayuntamiento de Estepona, del PP, adjudica el restaurante del nuevo “faro cultural” a la empresa recién creada por la pareja de un hijo del alcalde.
Inversiones Delmar, constituida el pasado diciembre, amplió su objeto social a la hostelería después de que resultara adjudicataria.
El Ayuntamiento de Estepona, gobernado por José María García Urbano (PP), ha adjudicado la explotación del restaurante y la terraza del nuevo Mirador del Carmen a una empresa recién creada por la pareja de uno de los hijos del alcalde. El nuevo local se ubicará en las últimas tres plantas de la nueva torre “sociocultural”, un edificio a pie de playa donde el Ayuntamiento pretende instalar una biblioteca, un auditorio, un conservatorio y un museo, que ya alberga piezas de la colección Carmen Thyssen. La torre es uno de los nuevos emblemas de la ciudad, fue inaugurada justo antes de las elecciones municipales y ha costado más de 16 millones de euros de dinero público.
El nuevo restaurante, que ahora busca camareros, auxiliares y djs, tendrá una superficie total de 430 metros cuadrados y deberá disponer de una oferta gastronómica propia de un “proyecto turístico de calidad”. A priori, se presenta como un buen negocio: una ubicación casi inmejorable junto al paseo marítimo, en una zona que acaba de ser objeto de una ambiciosa transformación, con fabulosas vistas al mar y el atractivo de estar situado en el nuevo “faro cultural” de la Costa del Sol, lo que augura un movimiento continuo de personas de suficiente poder adquisitivo.
Lo que exigía el Ayuntamiento a cambio de ceder este espacio durante veinte años no era mucho, si se compara con los precios alrededor. Un canon de 27.427 euros al año actualizables al 2% anual, si bien los dos primeros años se eximía del pago. Además, la adjudicataria deberá acometer una inversión inicial de 120.000 euros.
Nadia Odeh Núñez es la administradora y socia única de la adjudicataria. Su Linkedin recoge experiencia como azafata en tierra y de cabina, pero en la actualidad realiza labores de comunicación y marketing en el Hotel Villa Padierna. Es también pareja de uno de los hijos del alcalde, tal y como indican fuentes locales y puede comprobarse en sus perfiles en redes sociales.
García Urbano firmó el contrato de adjudicación el pasado 16 de junio. La ley de Régimen Jurídico del Sector Público obliga a que las autoridades y el personal de la administración se abstengan de intervenir en procedimientos en los que tengan “interés personal”.