Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Huelga indefinida de los trabajadores de una gasolinera que lleva cuatro meses sin cobrar.
Los trabajadores de la gasolinera de Benalar Gestión, ubicada en Benamejí, junto a la Autovía de Málaga A-4, iniciaron una huelga indefinida el 10 de abril para protestar por el impago de sus salarios y “otras irregularidades” que vienen soportando desde hace más de un año.
“También hemos tenido conocimiento de que no está realizando los correspondientes pagos a la Seguridad Social, algo que nos preocupa mucho, dada la situación actual de la gasolinera”.
«Se está cometiendo un delito contra los trabajadores y trabajadoras porque no solo se les deben cuatro sueldos, sino que están trabajando en condiciones precarias e incluso insalubres, incumpliendo la normativa en materia de prevención de riesgos laborales».
-Huelga indefinida de médicos en Canarias a partir del 8 de mayo.
Se convoca a los profesionales tras varias reuniones infructuosas con la administración. «Agotadas todas las vías de diálogo».
La medida, que tiene como fin lograr mejoras salariales y laborales, es «extrema pero absolutamente necesaria e inaplazable»
«La Consejería de Sanidad desatiende sus obligaciones sometiéndonos a salarios y complementos retributivos inferiores a los de otras comunidades (en muchas casos los peores pagados), a una sobrecarga asistencial abusiva y peligrosa, a contratos temporales en fraude de ley, a una falta de recursos e infraestructuras adecuadas y a un trato injusto e indigno como profesionales sanitarios al negarse a plasmar en un acuerdo las mejoras que precisamos con urgencia».
Despidos:
-El ERE de Ford hace temblar a la industria auxiliar que da empleo a 24.500 personas.
Ford Almussafes ejecutará los 1.124 despidos hasta fin de año.
Gran alerta en el parque de proveedores de Ford en Almussafes, cuyas empresas, que alcanzan las 120 y los 24.500 puestos de trabajo, están a la espera de conocer la reducción de volumen de trabajo previsto por la empresa, ya que reconocen que los más de 1.100 despidos «redundará de una manera u otra en las propias plantillas» de las empresas auxiliares.
-ERE extintivo del Grupo Ganomagoga en Pontevedra.
El grupo, con talleres en Vigo, Ponteareas y en Mos, notificó la presentación de un ERE extintivo para todo el personal de la compañía, que podría suponer el despido colectivo de unos 200 trabajadores.
Hace unos días se hace público que varios grupos de inversión estarían interesados en la compra de las empresas, y «ven viable» aceptar la propuesta sindical de cambiar los expedientes de regulación de empleo (ERE) extintivos por expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) de al menos cuatro meses.
-Condenado el Gobierno de Cantabria por dos despidos.
Condenan al Gobierno de Cantabria por otros dos despidos improcedentes en el Servicio de Empleo.
El Juzgado de lo Social Número Uno de Santander ha dictado una nueva sentencia que condena al Gobierno de Cantabria por el despido improcedente de dos trabajadoras del Servicio Cántabro de Empleo que llevaban al servicio de la Administración 12 y 22 años, respectivamente.
Las dos trabajadoras son antiguas componentes de la Unidad de Promoción y Desarrollo Regional, que fueron declaradas personal laboral indefinido no fijo por sentencia judicial en 2016, tras haber estado contratadas «en fraude de ley y haber sufrido situación de cesión ilegal de trabajadores dentro de la Administración regional».
Los despidos fueron indemnizados con «únicamente» 20 días por año trabajado, una decisión que, afirma, en ese momento Función Pública «ya conocía que contraviene» la doctrina fijada por la Sala de lo Social del Tribunal Supremo, que considera despido improcedente el pretendido «cese» en plaza de funcionario de cualquier persona con relación de carácter laboral con la Administración pública que haya sido calificada previamente con indefinido no fijo.
Corrupción:
-La red de empresas que une al alcalde del PP en Estepona con inmobiliarias de la Costa del Sol a través de Luxemburgo.
José María García Urbano y otro edil del PP administran una empresa que participa en dos firmas luxemburguesas: una de ellas controla sociedades españolas con inmuebles en Estepona y Marbella.
Según el Consistorio, es un mero “albacea”.
El alcalde popular de Estepona, José María García Urbano, creó el pasado diciembre junto a otro concejal del PP en el municipio una sociedad que participa y administra dos sociedades en Luxemburgo. Al menos una de ellas participa a su vez en empresas españolas con inmuebles y terrenos en localidades como Estepona o la vecina Marbella. Según el Consistorio, García Urbano es un mero “albacea” en esas sociedades, vinculadas a una familia ligada al urbanismo marbellí.
García Urbano, que compatibiliza su cargo en Estepona con el de registrador de la propiedad en San Roque (Cádiz), gobierna desde 2011 con mayoría absoluta ese municipio de la Costa del Sol vecino a Marbella, un punto caliente en la historia española de los escándalos inmobiliarios.
El político del PP, fue socio de un condenado en la Operación Malaya prófugo de la Justicia, Juan Hoffman, y vendió locales a mitad de precio a un constructor local del que también fue socio, Bonifacio Solís, en una operación sobre la que la Fiscalía ha requerido documentación al Ayuntamiento.
-Pescanova a la cárcel.
El expresidente de Pescanova Manuel Fernández de Sousa-Faro ha ingresado en la prisión madrileña de Soto del Real para cumplir una pena de seis años de cárcel por un delito continuado de falsedad en las cuentas de la compañía y otro de falsedad de información económica y financiera.
La Audiencia Nacional lo había condenado inicialmente a ocho años de prisión, pero el Tribunal Supremo los rebajó en dos.
-La Comunidad de Madrid gasta dos millones en una plataforma educativa que se colapsa y no mejora la que ya existía.
El Gobierno de Ayuso adjudicó a dedo y por el procedimiento de urgencia la herramienta, que su propia inspección considera innecesaria y que la empresa entregó tarde e incompleta.
Estábamos en pandemia y «el programa urgía», lo que a ojos de la Comunidad de Madrid justificó un procedimiento de emergencia y adjudicar el contrato a dedo: 824.736 euros para la empresa ODEC para desarrollar “una herramienta digital” que era “una prioridad absoluta y de cobertura inmediata para el sector educativo”, en palabras de la Consejería de Educación. Pero la empresa entregó la plataforma tarde e incompleta, sin uno de los elementos clave que la avalaba. Y se hizo contra el criterio de la inspección educativa de la Comunidad de Madrid, que veía la herramienta innecesaria y redundante con el software público que gestiona los servicios educativos, Educamadrid.
El resultado es que E-valuM, como se llama la plataforma, prácticamente no se ha usado en dos años y cuando se ha hecho ha fallado por colapso. Ahora la Comunidad de Madrid saca a concurso el mantenimiento de la herramienta por 1,2 millones de euros para un año, un concurso al que vuelve a optar la misma empresa que la entregó tarde e incompleto, ODEC.