Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Huelga de recogida de basura y limpieza en diferentes municipios de El Bierzo.
Del 1 al 10 de abril, en protesta por su situación laboral y la falta de acuerdos en un convenio que mejore a los trabajadores.
Los municipios que viven esta huelga son aquellos donde la prestación de los servicios de limpieza es realizada por las empresas Urbaser y Oned.
-Profesores de enseñanza concertada CAV, huelga el 25 de abril.
Huelga en los centros de enseñanza concertados vascos que han convocado para el 25 de abril ante la paralización de las negociaciones en la renovación del convenio con la patronal.
Llamamiento a los 9.000 trabajadores de los centros de enseñanza de iniciativa social (Kristau Eskola y AICE-IZEA) a secundar la huelga. Según las estimaciones de los sindicatos, el sector de iniciativa social cuenta en Euskadi con alrededor de 200 centros, en torno a 9.000 trabajadores entre personal docente y no docente. Calculan que cursan sus estudios en estos centros unos 130.000 alumnos.
Fraudes ministeriales:
-Un documento destapa el intento de Escrivá para la mayor privatización de la Sanidad en décadas.
El ministro de Seguridad Social, José Luis Escrivá, ha remitido un borrador a las Comunidades para que los servicios sanitarios públicos cedan a las mutuas la atención de las contingencias comunes de los trabajadores.
Son 27 páginas. En ellas aparece una suerte de convenio tipo, donde los consejeros de las comunidades autónomas y los responsables de cada mutua tan solo tienen que rellenar los huecos indicando el nombre concreto de la consejería y la ley que les otorga el poder para ceder lo que hasta la fecha eran «competencias exclusivas» de la sanidad pública» a las mutuas privadas. El documento tendría una validez de cuatro años, prorrogable.
Fraudes empresariales:
-Uno de cada cuatro empleo por ETT, fraude.
Trabajo pone el foco en las ETT por un posible fraude en 45.000 empleos.
La Inspección ha iniciado una campaña contra los abusos en la contratación en empresas de trabajo temporal, con el envío de “más de 4.600 cartas” tras detectar posibles irregularidades.
La Inspección de Trabajo ha desplegado una nueva actuación contra los abusos en la contratación y, en concreto, ha puesto el foco sobre las empresas de trabajo temporal (ETT).
Las ETT (como Adecco, Randstad y Manpower, entre otras) basan su negocio en poner a disposición de otras compañías trabajadores temporales. Desde la reforma laboral ha caído bastante su peso, ya que la norma ha logrado reducir mucho la temporalidad. Sin embargo, la legislación abrió la puerta a que pudieran firmar contratos fijos discontinuos, indefinidos pero para trabajos estacionales o intermitentes, que han pasado a suponer una gran parte de su actividad a finales de 2022.
En la actualidad hay alrededor de 184.000 personas afiliadas a través de las ETT, según los datos de la Seguridad Social del último mes. Por lo tanto, la lupa de la Inspección de Trabajo sobre unas “45.000 relaciones laborales” es muy relevante, pues se trata de uno de cada cuatro empleos del sector.
Defensa obrera:
-ADELA, siete años de AutoDEfensa LAboral en Carabanchel.
ADELA es el grupo de Autodefensa Laboral de la Asamblea Popular de Carabanchel del 15M. Ha logrado resolver con éxito decenas de conflictos laborales.
El trabajo es uno de los ámbitos en los que más violencia sufrimos, y en los que se hace más necesario el apoyo mutuo, la acción directa, los cuidados y la formación sobre nuestros derechos laborales. Desde estos ejes actúa ADELA, inspirándose en experiencias como la Red de Solidaridad de Seattle o la forma de lucha de otros colectivos en defensa de la vivienda o de servicios públicos tales como la educación o la sanidad.
Un espacio de apoyo mutuo, diverso e inclusivo
Las personas afectadas son las protagonistas y responsables de su proceso, sin delegar y sin exigencias ideológicas; donde a través de piquetes informativos, concentraciones y acompañamientos señalamos a los responsables, no escondemos el conflicto tras un trámite administrativo como si de un error se tratase, sino que lo hacemos público y socializamos el conflicto, haciendo que sea el patrón el que sienta vergüenza de sus actos; y con la intención de desbordar el marco jurídico del capitalismo, a través de acuerdos extrajudiciales, que nos sirve además para ilegitimar el sistema y el pacto social.
–https://www.elsaltodiario.com/cuadernos-de-trabajo/adela-siete-anos-autodefensa-laboral-carabanchel
Derecho a vivienda:
-Comunicado de la PAH de respuesta al gobierno.
A finales de noviembre pasado, solicitamos por escrito una reunión con el presidente del Gobierno, para tratar del escudo social y de la Ley de Vivienda que, a día de hoy, sigue bloqueada.
Hoy en la PAH hemos recibido respuesta del director del Gabinete del presidente del Gobierno a nuestra petición con él, o con quien decida del Gobierno, y nos comunica que:
“El Gobierno siempre estará del lado de quienes más lo necesitan y, en ese sentido, hemos trabajado con dedicación y lo continuaremos haciendo, con el objetivo de conseguir mitigar las consecuencias sociales y económicas que estamos viviendo actualmente.”
Y que:
“Agradecemos su confianza al hacernos partícipes de sus propuestas, pero en cuanto a su interés en mantener una reunión con el presidente, lamento comunicarle que por razones de agenda no va a ser posible llevarla a cabo. Sin embargo, damos remisión de su misiva al Ministerio de Derechos Sociales y Agenda 2030 y al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana con la finalidad de que valoren la posibilidad de celebrar este encuentro.”
El presidente no tuvo problemas de agenda en 2021 para desplazarse a EE.UU. Y no para ninguna actividad política en representación de España, sino para entrevistarse con los jefes de fondos de inversión como Blackstone. Repitió viaje en 2022 para participar en la Asamblea General de la ONU en Nueva York, sin desaprovechar el viaje para otra entrevista. Y la última fue en Suiza en el foro de Davos, donde repitió de nuevo reuniones con los mismos responsables.
Si ellos son los mayores especuladores del mundo y de nuestro país en materia de vivienda, la PAH somos los mayores luchadores por el Derecho a la Vivienda en España, con amplio reconocimiento internacional, incluso del Parlamento Europeo, pero resulta que aquí no merecemos un hueco en la agenda del presidente, de un Gobierno que dice ser el más social de la historia y que apuesta tanto por Europa.
Entendemos que son la responsabilidad y el deber que adquiere la persona que asume la presidencia del gobierno, el estar conectada con las necesidades y problemáticas de la ciudadanía, especialmente en aquellas situaciones que afectan al conjunto de la sociedad, como es el problema del acceso a una vivienda digna, adecuada y asequible.
Cuando los desahucios no cesan, a pesar del escudo social, y desde Naciones Unidas nos recuerdan nuestras obligaciones en materia de Derechos Humanos en relación con el Derecho a la Vivienda, resulta muy desalentador que el presidente no encuentre huecos en su agenda para entrevistarse con quienes defendemos los Derechos Humanos. Sin embargo, si algo caracteriza a la PAH, es que no desfallecemos jamás, y vamos a seguir luchando e inisistiendo por lograr el Derecho a la Vivienda.
Esperamos que las ministras de Asuntos Sociales y de Transportes sí tengan hueco y nos reciban, escuchen y lleguen a incluir nuestras propuestas en la Ley de Vivienda para acabar con los desahucios, los alquileres imposibles y las renovaciones hipotecarias asfixiantes.
#ConBuitresSíConLaPahNo #ReuniónGobiernoYA
-Desahucian a una madre de Xirivella con tres menores y su abuela.
Desahuciada de su piso de Xirivella una familia, la madre con sus tres hijos de 17 y 7 años y una bebé de 8 meses, además de su abuela, de 78 años, que tras ser desalojada, sufrio un desmayo en las escaleras debido a la hipoglucemia que padece.
El procurador judicial, acompañado de un cerrajero y hasta tres patrullas de la Policía Nacional han echado a María del piso donde vivía hace más de año y medio. Ya era la tercera orden de desahucio que tenía sobre la mesa. En esta ocasión ni el informe de vulnerabilidad tramitado desde Servicios Sociales, ni el informe de la conselleria sobre la necesidad de que esos niños no se quedaren sin vivienda, ha impedido el desahucio.
Corrupción:
-De un presupuesto de 580 a 830 millones: los sobrecostes de la ampliación del Puerto de Gijón, a juicio.
Cuatro ex altos cargos de Puertos del Estado y 16 responsables de las empresas, que formaban parte de la Unión Temporal de Empresas (UTE) Dique Torres, se sientan en el banquillo de los acusados.
La Fiscalía Anticorrupción dirige la acusación contra Fernando Palao, exsecretario de Estado de Transportes en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero; Mariano Navas, expresidente de Puertos del Estado, Fernando Menéndez Rexach, expresidente de El Musel, y José Luis Díaz Rato, exdirector del puerto gijonés. Para todos ellos solicita una pena individual de tres años de cárcel por un delito de fraude. El Ministerio Fiscal reclama además que los exaltos cargos sean inhabilitados para ejercer cargos o empleos públicos por delitos de prevaricación administrativa: reclama 18 años de inhabilitación para Díaz Rato, otros 25 para Menéndez Rexach y sendas peticiones de nueve años de inhabilitación para Mariano Navas y Fernando Palao, respectivamente.
Otros 16 responsables de las empresas que formaban parte de la UTE Dique Torres, que resultó adjudicataria de la obra y estaba integrada por dos empresas del grupo ACS (Dragados y Drace), por FCC, por una empresa del grupo OHL (Sato) y por Alvargonzález Contratas, afrontan una petición fiscal cada uno de dos años de prisión y otros nueve años de inhabilitación especial para ejercer empleo o cargo público como cooperadores necesarios en el delito de fraude.
La Fiscalía reclama asimismo al expresidente del puerto gijonés el pago de una indemnización de 8,3 millones a la Asociación de Vecinos del Alto Aboño por la expropiación de unos terrenos que no se llegaron a utilizar y que supuso el derribo de varias edificaciones. Asimismo reclama la responsabilidad civil subsidiaria de la Autoridad Portuaria de Gijón.
Ineficacia fascista:
-Almeida afianza el «abandono» de BiciMad: bicicletas desguazadas y hundidas en el río Manzanares.
Los usuarios del servicio público han denunciado la situación de «abandono» propiciada por el Ayuntamiento de la capital. La Plataforma Sindical EMT ya ha pedido el cese de Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente y Movilidad.
«Seremos fascistas, pero sabemos gobernar». Hace casi dos años desde que José Luis Martínez-Almeida pronunció estas declaraciones. Sin embargo, la gestión del equipo de Gobierno de la ciudad tumba la segunda parte del eslogan del alcalde.
Ya se explicó cómo la opacidad de Almeida para administrar los servicios culturales madrileños no solo fomenta un deterioro de esos mismos servicios, sino que también propicia sobrecostes públicos.
A los pocos días se supo que el Ayuntamiento madrileño concluyó 2022 con un déficit de 357 millones de euros.
A pesar de esto, Almeida anunció que el servicio público de bicicletas eléctricas de la capital, BiciMad, sería gratuito durante casi tres meses, desde el 7 de marzo y hasta el 31 de julio, con elecciones municipales de por medio. Pero la medida ha quedado empañada por la ampliación de nuevas bicicletas que emplean un sistema de uso diferente al de los ejemplares tradicionales, algo que ha motivado el caos para los consumidores de BiciMad. Desde bicicletas sin localizar a otras en un estado deteriorado, vandalizadas, con las ruedas pinchadas; pasando por vehículos que han aparecido sumergidos en el río Manzanares, que atraviesa la ciudad.