Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Los camioneros del transporte en el puerto de Algeciras (Cádiz) en paro indefinido.
Desde el 26 de septiembre.
Hacen huelga «a consecuencia de la negativa por parte de las autoridades competentes del Puerto a iniciar cualquier diálogo posible con los intervinientes necesarios para trabajar sobre las reivindicaciones de los autónomos y conductores que operan en el puerto». Entre las reivindicaciones señalan cobrar las horas de espera, y que estas se produzcan «en condiciones dignas»; que los servicios que prestan «se paguen como corresponde en portes y salarios», y que el trabajador «sea respetado y valorado». Además, exigen «unas infraestructuras seguras y adecuadas» tanto para el transportista como para su camión.
-Huelga indefinida en el 010 de Madrid ante el posible despido de 100 empleados.
Desde el 27 de septiembre.
Se prolongará hasta que se garantice que los puestos de trabajo y la antigüedad de los más de 470 empleados no corren peligro, tras el traspaso de la gestión del servicio y del personal de la empresa Serveo a NTT Data -que se hizo efectivo el 1 de octubre-. Temen que, una vez ejecutado el cambio, la nueva compañía lleve a cabo una drástica reducción de la plantilla que podría dejar entre 80 y 100 personas en la calle.
-Trabajadores de Bimbo en Paracuellos (Madrid) se movilizan y realizan huelga contra el cierre de la planta.
Hicieron huelga el 26 de septiembre, y el 3 de octubre. Quedan la de hoy 4, el 10 y el 13 de octubre.
Realizan movilizaciones y concentraciones de protesta en contra del cierre de la fábrica, que afectaría a 300 trabajadores.
-Los médicos de Melilla en huelga en octubre.
Harán un día de paro total cada semana y seguirán abiertos a la negociación.
La idea es que los ciudadanos conozcan “la grave situación en la que se encuentra la sanidad” en las ciudades de Melilla y Ceuta “siendo motivo de abandono de algunos compañeros y de falta de cobertura de plazas”.
Los colegios médicos de Melilla y Ceuta llevan desde febrero de 2020 reclamando igualdad salarial para los facultativos con ejercicio mixto como consecuencia del complemento de exclusividad. Es decir, han pasado más de dos años y medio y la respuesta del Ingesa “ha sido silencio y falta de diálogo”.
Noticias recogidas de agencias.
Amianto muerte:
-Rafael Pillado, víctima del amianto: “Una vida no se paga con dinero pero mi sentencia se ha quedado corta”
Histórico sindicalista y trabajador de los astilleros de Ferrol, Rafael Pillado, que sufre un cáncer terminal, consigue una indemnización de 127.905 euros por parte de Navantia. Asegura que seguirá batallando por una cantidad mayor por él y por todos sus compañeros.
Rafael Pillado (Lugo, 1942), histórico sindicalista y ex trabajador de los astilleros de Ferrol, atiende a El Salto desde una cama de hospital. Con un hilo de voz, que se rompe cuando piensa en todas las víctimas del amianto que se han ido sin tener reconocida su enfermedad, describe que en febrero de este año, y de una manera casual, un diagnóstico puso coto a sus días. Pillado tiene un mesotelioma, un cáncer asociado a la exposición del amianto que se ha manifestado 60 años después de su primer contacto con este material. La semana pasada cruzaba el umbral de la justicia para sentar en el banquillo a la empresa Navantia, antaño Batán, hoy responsable de los daños sobre los trabajadores. La compañía no se presentaba en el juicio, pero sí un nutrido grupo de activistas para respaldar al trabajador afectado.
Centros especiales de empleo, explotación:
-El comité de Indesa exige el cese de la dirección del centro.
La mayoría del comité del centro especial de empleo ha remitido un escrito al diputado general de Álava.
El comité de Indesa 2010, S.L exige el cese de la dirección de este centro especial de empleo en el que participa la Diputación Foral de Álava. Y lo ha hecho en un escrito que han remitido al diputado general, Ramiro González, en el que le reclaman que ponga fin a la «nefasta» gestión de la dirección de Recursos Humanos. Una situación que, aseguran, se produce con el «beneplácito y consentimiento» de la Dirección Gerencia.
En la queja se recogen los diversos motivos que han llevado al comité a adoptar esta medida. El primero es la reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en la que condenaba a Indesa por vulnerar los derechos fundamentales de uno de sus trabajadores. El fallo del TSJPV obligaba también a la Diputación a abonar 9.000 euros en concepto de indemnización. Y no es un «caso aislado». El Juzgado de lo Social de Vitoria-Gasteiz ha registrado «hasta tres denuncias más por acoso laboral» a trabajadores de Indesa. Denuncias motivadas por el comportamiento «autoritario y errático que está manteniendo la Dirección de Recursos Humanos».
Además, desvelan que son «múltiples» las denuncias presentadas en Inspección de Trabajo. Desde falta de fichajes en residencias a contratos en fraude de ley. O «dejar de enviar las nóminas a los empleados sin previo acuerdo con el comité, y malos tratos en oficinas».
Recogen una sentencia del año pasado en la que el Tribunal Supremo anulaba el ERTE realizado en INDESA. Y aluden al estudio «impuesto» en la valoración de puestos, «las trabas» en la negociación del convenio, los «graves errores» en las nóminas y el retraso en su pago y las quejas por la atención prestada a la plantilla en la sede central.
–https://www.gasteizhoy.com/el-comite-de-indesa-exige-el-cese-de-la-direccion-del-centro/
Sanidad pública:
-Las emigrantes que se quedan fuera de la nueva ley sanitaria.
El nuevo proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión del sistema sanitario sigue sin devolver la atención sanitaria a españolas y españoles que residen en el extranjero de una manera plena, según denuncian desde Marea Granate.
“He tenido 87 contratos de trabajo en España en siete años, hasta que me fui a Inglaterra y supe lo que es un contrato de trabajo indefinido y unas vacaciones pagadas”. Faustina González Borrallo es enfermera integrante del colectivo Marea Granate. Empujada por la precariedad decidió emigrar a Inglaterra y vivió en propias carnes lo que significa la exclusión sanitaria cuando regresó a España de visita. En la era Rajoy, el Real Decreto 16/2012 acabó con la universalidad en la atención sanitaria y los españoles emigrados fueron uno de los colectivos afectados. Hoy, diez años después de esta norma, hay un nuevo proyecto de ley de equidad, universalidad y cohesión para el Sistema Nacional de Salud sobre la mesa. Pero este colectivo denuncia que el derecho a la sanidad universal no se devolverá de manera plena.
–https://www.elsaltodiario.com/sanidad-publica/emigrantes-que-se-quedan-fuera-nueva-ley-sanitaria
-Xenofobia en el empleo. ¿Ya no son necesarias enfermeras?
Denuncian xenofobia en el Gobierno vasco por el despido de auxiliares de enfermería extracomunitarias.
96 auxiliares de enfermería serán excluidas de las listas de sustituciones al terminar la moratoria del Gobierno español que permitía su contratación.
Un total de 96 auxiliares de enfermería están excluidas de las listas de sustituciones del Sistema Vasco de Salud (Osakidetza) porque no tienen nacionalidad europea o tratado extracomunitario, denuncia el sindicato ESK. Pero ahora están contratadas. Lo permitió una normativa de excepción activada en 2020 tras decretarse el estado de alarma y reactivada, por segunda vez, en diciembre de 2021, en plena oleada omicron. El Gobierno de Pedro Sánchez decretó que los sistemas sanitarios autonómicos podían contratar a personal extracomunitario en contratos temporales de tres meses, renovables durante un máximo de un año.
¡Mira quién habla!:
-Estas son las ayudas públicas al lobby de la caza que acusa a los animalistas de montar «chiringuitos».
El sector cinegético ha activado una campaña contra la Ley de Caza y acusa al Gobierno de querer montar redes clientelares para dar dinero público a las protectoras y organizaciones animalistas, obviando que las organizaciones de cazadores reciben anualmente ayudas desde consejerías y desde el propio Gobierno.
El lobby de los cazadores está en plena campaña contra el Gobierno y contra la futura Ley de Protección de los Animales. Una campaña qua ha alcanzado su punto álgido con un vídeo difundido por la Real Federación Española de Caza y por la revista Jara y Sedal en el que, además de incluir contenido amenazante contra el director general de Derechos de los Animales del Ministerio de Ione Belarra, se acusa al Ejecutivo de coalición de querer montar una red clientelar animalista.
Subvenciones:
- *Fundación Artemisan 1.029.000 €
- *Federación de caza País Valencià 129.000 €
- *Fedexcaza. Federación Extremadura 104.300 €
- *Federación Madrileña de caza 53.300 €
- *Federación Guipuzcoana de caza 49.000 €
- *Federación Galega de Caza 25.000 €
- *Federación de Cantabria 25.000 €
- *Real Federación Española de Caza (RFEC) 22.800 €
- *Federación de Caza Andaluza (FCA) 21.500 €…
Lo mismo ocurre en la mayoría de las federaciones autonómicas, aunque no todas tienen accesibles sus datos económicos en sus páginas oficiales, a pesar de que las leyes de Transparencia obligan a dar información de ello a las federaciones deportivas.