La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para un militante de Izquierda Castellana por manifestarse contra la corrupción y la República en 2014
La Fiscalía pide un año y medio de cárcel para Luis Ocampo, el dirigente de Izquierda Castellana que en octubre de 2014 fue detenido por la policía junto a Doris Benegas y otras dos personas que participaban en una manifestación de la Coordinadora 25 S en contra de la corrupción y a favor de la República.
La detención de Ocampo se produjo cuando la cabecera de la manifestación, que no había sido comunicada a la Subdelegación del Gobierno, se acercó a las inmediaciones del Congreso de los Diputados y los agentes protagonizaron una cuestionable intervención, como queda de manifiesto en distintos vídeos.
A Luis Ocampo se le imputan los delitos de atentado a la autoridad y otro de lesiones y, además se le reclama que indemnice al Policía Nacional número 27.446 euros por las lesiones y en la de 41,40 euros por un reloj perdió durante la maniobra en la que participaron varios agentes para esposar en el suelo a Ocampo.
En esta causa, además de Ocampo y otras dos personas llegó a estar imputada Doris Benegas, incluso después de su fallecimiento. El pasado 14 de diciembre de 2017, la Fiscalía retiró la acusación al haber quedado extinguida su responsabilidad civil por fallecimiento.
La jueza Esperanza Collazos Chamorro, titular del Juzgado de Instrucción número 09 de Madrid, en un Auto de 3 de octubre de 2016, desestimó el recurso de reforma contra el auto de procesamiento de Luis Ocampo y Doris Benegas de fecha de 10 de mayo del mismo año, en el que fundamentaban básicamente «la vulneración de diversos principios del ordenamiento jurídico, entre ellos el derecho a la defensa, a la tutela efectiva del artículo 24 de la CE, al principio de legalidad, igualdad y seguridad jurídica».
El auto de la citada jueza, además de desestimar la solicitud de Ocampo y Benegas de toma de declaración «en calidad de investigados a los policías nacionales 78.818, 27.446 y 84.171», contiene el siguiente párrafo sobre la actuación policial de los agentes actuantes que, a su juicio, fue «totalmente ajustada a derecho»: «Los agentes de la autoridad tienen, no solo la facultad, sino también el deber de actuar en el ejercicio de su cargo utilizando medios violentos, incluso las armas que reglamentariamente tienen asignadas, en su misión de garantizar el orden jurídico y servir a la paz colectiva con la decisión necesaria y sin demora cuando de ello depende evitar un gran daño, inmediato e irreparable, como aquí se trata, pues no podemos olvidar que la concentración no estaba comunicada a la delegación del gobierno y tenía como consigna ‘rodea el Congreso de los Diputados”.