S.O.S. pres@s polític@s enferm@s.

Cartel. “Libertad presos políticos enfermos. Les quieren dejar morir. Impidamos más crímenes de Estado”.

Presas y presos políticos enfermos S.O.S.

La reciente muerte del preso político vasco Kepa del Hoyo ha vuelto a golpeamos y a poner de nuevo sobre la mesa la desatención médica generalizada que sufren todos los presos.

Desatención doblemente agravada en el caso de los prisioneros políticos, a causa de las decenas de años a los que están condenados la mayoría de ellos.

Los crímenes por esta causa son abundantes. Sólo en el año 2016 hubo 150 presos sociales muertos en prisión, el 15% suicidados.

A esto hay que sumar los miles de presos con enfermedades incurables pudriéndose en celdas inmundas.

Hace cosa de un mes, los familiares de Manuel Pérez Martínez (Arenas) comunicaban que, tras la última operación de cataratas, a “Arenas” le metieron en una habitación del hospital, aislado, en condiciones higiénicas lamentables. Y allí le tuvieron 36 horas, sabiendo que tenía serio riesgo de coger una infección en el ojo recién operado. Lo peor sucedió y, en la actualidad, lo tiene prácticamente cerrado, mientras que está perdiendo visión del ojo “bueno”, el que le operaron hace dos años. En parecida situación se encuentra Juan García Martín. Últimamente han llegado noticias de que el estado de salud de Manuel Arango Riego ha empeorado hasta el punto de que apenas puede sostenerse en pie

No es casual. El 21 de marzo de 2009, José Ortín Martínez moría de un infarto, en la prisión de Fontcalent; el 1 de abril de 2014, Isabel Aparicio Sánchez corrió la misma suerte, esta vez en la cárcel de Zuera, cuando se sabía que su estado de salud era muy precario. Por su parte, Juan José Crespo Galende y José Manuel Sevillano Martín morían, en 1981 y 1990 respectivamente, en sendas huelgas de hambre en las que reivindicaban unas condiciones de vida digna en las prisiones. A ellos hay que añadir la lista de los presos de ETA muertos o “suicidados” en sus celdas y la larga lista de presos sociales.

Ahora, Manuel Pérez Martínez, Manuel Arango Riego, María José Baños Andújar y Francisco Cela Seoane forman parte de una larga lista de presos con enfermedades serias, en muchos casos incurables, que tienen que mantener una lucha diaria contra el entramado penitenciario para lograr ser atendidos mínimamente. Ante las constantes denuncias de esta criminal política de exterminio, el gobierno respondió hace poco que únicamente concedería la libertad condicional a aquellos presos políticos enfermos a quienes solo les quedaran dos meses de vida. Semejante propósito pone claramente de manifiesto la catadura del régimen monarco-fascista español.

Un arma arrojadiza

La cuestión sanitaria siempre ha sido un arma de chantaje arrojadiza contra los presos políticos: “si quieres que se te aplique la libertad por enfermedad incurable, arrepiéntete”, es la máxima que han venido manteniendo todos estos años en las prisiones. Su resistencia, su tenaz lucha contra estos chantajes y el apoyo de las organizaciones de solidaridad, entre otros, ha puesto al descubierto, al fin, todo lo que se venía denunciando.

Al igual que ha pasado en otros terrenos, desde hace un par de años, diferentes medios de desinformación (Interviú, El País, El Mundo), revistas especializadas de médicos de prisiones, ONGs… han empezado a poner negro sobre blanco una realidad que cada vez es más brutal. Según denunciaba Interviú en un artículo publicado el 23 de Febrero de 2015, en la prisión de Murcia había 6 médicos para 800 presos y en la de Botafuegos (Algeciras), un médico para 500 presos. En ese mismo artículo, un médico de la prisión Murcia I declaraba que “se está desmantelando la sanidad en las prisiones… no hay ningún interés en que la sanidad funcione en las cárceles”.

Contra toda lógica, la sanidad en las prisiones no depende del Ministerio de Sanidad sino del de Interior, con todo lo que ello implica: quien te reprime es quien “vela” por tu salud. Los médicos de prisiones son funcionarios de este Ministerio que es quien dicta y regula su trabajo lo que, a la postre, hace incompatible su juramento hipocrático con las órdenes que tiene que acatar del ministro de la represión: desde prohibir la dispensa de medicamentos específicos, con la excusa de que son muy caros, hasta impedir una visita médica “privada”, porque el preso es muy “peligroso”, por lo que si quiere ser atendido, tiene que hacerlo con un carcelero presente hasta cuando tiene que desnudarse para un reconocimiento. Eso, si no le obligan a pasar la consulta esposado a la espalda. Y esto se repite cuando tienes que acudir a un hospital; en este caso, es la guardia civil o la policía quienes están presentes en la consulta, obligando a los presos a volver a la cárcel sin ser atendidos por violación de su intimidad y del secreto profesional o a tener que humillarse.

En 2003, se aprobó la Ley de Cohesión y Calidad del Sistema Sanitario, cuyo objetivo principal era transferir, en un plazo máximo de 18 meses, los servicios sanitarios de prisiones a las comunidades autónomas. i14 años después sólo Euskal Herria ha asumido estas transferencias! (Catalunya ya las tenía) y no hay interés para cambiar esta situación. Instituciones Penitenciarias, es decir, el Ministerio de la represión y las CCAA han mantenido, desde entonces, acuerdos bilaterales para atender a los presos en aquellas especialidades que Instituciones Penitenciarias no puede ofrecer. Pero, en 2014, con la llegada de los nuevos fármacos contra la hepatitis C, los acuerdos bilaterales no se han renovado. El alto costo de los mismos dinamitó las relaciones entre unos y otros.

La crisis económica agrava la situación

Con la agudización de la crisis económica, la ya precaria asistencia sanitaria en las prisiones ha sufrido un agravamiento que hace que la situación de los presos sea cada vez más precaria: se han recortado los presupuestos para alimentación, higiene y sanidad, entre otros. A día de hoy, el Gobierno debe 25 millones de euros a las Comunidades Autónomas, sin contar los fármacos de la hepatitis C. Las CCAA, por su parte, aunque afirman estar dispuestas a asumir las transferencias, sólo quieren hacerlo si el Estado les garantiza un plus económico. Y, mientras tanto, las denuncias por la falta de asistencia sanitaria aumentan día a día, sin que parezca que esto le preocupe a nadie. La realidad es que, desde 2014, los presos están en un “limbo legal” en materia sanitaria, mientras CCAA y Estado se pelean en los tribunales. Un ejemplo: la Comunidad Autónoma de Andalucía interpuso una querella contra el Gobierno en 2016 reclamando que le pagaran los 187.000 euros que le debía el Estado por la atención sanitaria prestada a los presos de Puerto III en ese año. Finalmente, un juzgado de lo Contencioso de Sevilla obligó a la Junta a hacerse cargo de la atención especializada alegando, entra otras cosas, que “la condición de asegurado no se altera por el hecho de entrar en prisión”, aunque esto, a la postre, tampoco sea muy real porque dicha “condición de asegurado” se pierde al poner el primer pie en prisión y no se “recupera” cuando se sale en libertad, pues todo ese período no existe en el expediente sanitario de esa persona. Entrar y salir de prisión es como cambiarse de país. Los médicos de prisiones no tienen acceso al expediente sanitario de la persona presa y los médicos de la calle tampoco cuando éste sale en libertad.

Sólo hay un camino: lucha y solidaridad

La situación no hará más que agravarse mientras no avancemos en el camino de la conquista de las libertades políticas, sindicales y sociales más elementales. República Popular, Amnistía, sanidad y educación para todos y gratuitas, derecho de manifestación, huelga, reunión y asociación, trabajo y salario justos, derecho de autodeterminación…

Hay que trabajar por la unidad de colectivos y asociaciones en torno a un programa democrático y hay que difundirlo y extenderlo, sacarlo a la calle, luchar por él. En este marco, no podemos perder de vista reivindicaciones más parciales como la libertad de los presos enfermos y una asistencia sanitaria digna en las prisiones, conscientes de que, sólo en la medida que enfoquemos la lucha de estas reivindicaciones más concretas en la perspectiva de la conquista del programa democrático, podremos ir parando los pies al Estado fascista y sus instituciones y avanzando en el camino de esa República Popular que realmente garantice todos y cada uno de los puntos del programa.

Éste es el camino.

2 comentarios sobre “S.O.S. pres@s polític@s enferm@s.

  1. Guadalupe Novelle Pérez Contestar

    Denunciar enérgicamente todo lo horrible que he leído en ésta página; ¡¡ LA DESATENCIÓN EN LA CÁRCELES DE ÉSTE ESTADO, A L@S PRE@S POLÍTICOS ENFERMOS GRAVES, Y ANTE LOS DDHH!! ¡¡SOLUCIÓN YA!!.

  2. Guadalupe Novelle Pérez Contestar

    Entre to@s l@s OBREIR@S consciente, debemos esigir a éste Gobierno, que tanto ¡¡”PREGONA SU HONRADEZ Y LOS DERECHOS HUMANOS”!!; tiene en las cárceles del ESTADO, a político COMUNISTAS GRAVEMENTE ENFERMOS. ¡¡ VASTA YA !! ¡¡LIBERDADE!! ¡¡ PARA TODOS, AMNISTÍA !!.

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.