Movimiento obrero. Su brutal situación:
Represión sindical:
-Absuelto también el tercer joven acusado de los incidentes vinculados a la huelga de Tubacex.
El joven se enfrentaba a una pena de 36 meses de prisión, pero el juez le ha absuelto finalmente. En un principio se pedían cuatro años y siete meses de acusación contra él y la Ertzaintza le acusaba de formar un grupo organizado para crear disturbios.
El joven, en cambio, ha mantenido desde el principio que todo era un montaje ideado por la policía.
El juicio por los incidentes ocurridos el 25 de marzo de 2021 en la entrada de la planta de Saratxo de la empresa Tubacex ha concluido. En él, uno de los acusados acordó con la fiscalía una condena de un año -seis meses por desórdenes públicos y 6 meses por atentado- y otro fue absuelto, ya que fue la propia fiscalía la que acabó allí las acusaciones. Un tercer joven quedó visto para sentencia, ya que podría ser condenado a 36 meses de prisión, 18 meses por desórdenes públicos y otros tantos por atentado a la autoridad. En cualquier caso, el 14 de diciembre recibió la decisión judicial: ha sido absuelto en ambas acusaciones.
El joven ha acogido la noticia con alegría, ya que argumentó desde el principio que las acusaciones contra él eran un montaje policial. Concluido el juicio, han demostrado que tanto su relato como el de su compañero eran verdad. De hecho, las peticiones de condena contra el otro joven absuelto quedaron en suspenso, ya que era obvio que la persona imputada por la policía -que tiró gasolina a la barricada- había sido otro ciudadano y no el que estaba en el banquillo de los acusados. El tercer acusado, aceptó una pena de un año de prisión con la fiscalía, reconociendo que arrojó una lata de refresco vacía a un ertzaina, aunque no se le dio a nadie, tal y como reconocieron los propios policías.
Condenas por la huelga de Tubacex en los juzgados
Un total de 7 personas han estado procesadas por un conflicto laboral que se prolongó durante 236 días. La primera, la amurrioarra Aintzane Mendia, fue absuelta.
El segundo y el tercero fueron condenados a penas de seis meses de prisión, pero ambos han recurrido la sentencia. Eso sí, el recurso del segundo ha sido desestimado. Hay que recordar que mientras tanto se encuentra en libertad condicional. El cuarto, en cambio, llegó a un acuerdo aceptando una pena de cuatro meses de cárcel y una multa de 4.980 euros.
ERTE tras ERTE, hasta el ERE:
-Bridgestone, tener manos libres para despedir.
Nueve de los 14 delegados intercentros rechazan el ERTE de Bridgestone, que busca tener «manos libres para despedir» en 2024
El ERTE afectará a 890 trabajadores de la fábrica de Basauri (Bizkaia), dedicada a la producción de cubierta de camión, que se cerrará durante 75 días, en periodos que van desde diciembre de 2023 hasta octubre de 2024. En el caso de también vizcaína planta de Usansolo, la medida se aplicará durante 56 días, de diciembre de 2023 a septiembre de 2024, y tendrá efecto en una plantilla de 43 personas.
La planta de Burgos, que cuenta con una plantilla de 1.455 personas, cerrará durante 19 días, por lo que será la sede menos afectada, mientras la planta de Puente San Miguel, en Cantabria, que cuenta con una plantilla de 426 personas y que se dedica a la producción de cubierta agrícola y camión, cerrará 117 días, comenzando en diciembre de este año y se prolongará hasta septiembre de 2024.
Vienen de anteriores ERTE estos años atrás y de la cadena de despidos de hace una década.
En la página 25 del Informe Técnico del ERTE, la empresa apunta a la necesidad de «poder tener las manos libres para despedir el año que viene, si la situación no mejora».
Mientras, las ganancias de la multinacional siguen siendo multimillonarias.
Migrantes criminalizados:
-La Policía abre un expediente «preferente de expulsión» a un colombiano que fue a denunciar una estafa en Castelló.
No tuvo problemas al registrar su denuncia pese a estar en situación irregular.
Cuando volvió a la comisaría a notificar un cambio de domicilio y a preguntar por avances en su caso, una agente inició el procedimiento de expulsión. «Mi compañero no quiso hacer su trabajo, pero yo sí», asegura que le respondió la Policía.
«Mi compañero no quiso hacer su trabajo, pero yo sí», le dijo una policía en la comisaría de Castelló (País Valencià) a C. B., un ciudadano colombiano que había acudido a informar del cambio de su domicilio y a preguntar si había alguna novedad sobre una denuncia por estafa que había interpuesto en la misma comisaría varios meses antes.
C. B. no supo si la Policía había tomado alguna medida contra su supuesto estafador. En cambio, sí fue informado de que en ese momento se le incoaba un expediente «preferente de expulsión», ya que se encontraba en situación irregular en España.
El hombre no comprendía por qué la primera vez que fue a denunciar a comisaría, el pasado enero, el agente que le atendió no tuvo problemas en registrar su denuncia y, ahora, sin ningún cambio en su situación, se enfrentaba a la deportación tras haber denunciado como víctima de un presunto delito.
En su primera visita a comisaría, C. B. se identificó con su pasaporte, aunque la denuncia se tramitó con su Número de Identidad de Extranjero (NIE), que obtuvo al solicitar protección internacional en España tras huir de Colombia. A pesar de que su solicitud había sido rechazada en 2020 y, por tanto, carecía de permiso de residencia, «el agente que me atendió se mostró comprensivo con mi caso y me trató amablemente. Me tomó declaración y salí de allí tranquilo».
No pensó que fuera a tener problemas cuando regresó seis meses después a la misma comisaría a informar de que se había traslado a vivir a València, en vista de que estaba pendiente del avance de su denuncia por estafa en la compraventa de un coche.
Sin embargo, se equivocaba. En su nueva visita, otra policía comprobó su pasaporte, confirmó que su solicitud de asilo había sido denegada y, siguiendo lo dispuesto por la Ley de Extranjería, iniciaba su proceso de expulsión preferente.
«Llegó otro policía y me dijeron que estaba irregular, que les acompañara. Me metieron en el calabozo y me dijeron que iban a pedir mi expulsión del país», explica el afectado. Recurrió a una abogada de oficio que presentó alegaciones ante la Subdelegación del Gobierno en Castelló, pero según confirma C. B., sus alegaciones fueron rechazadas la pasada semana. Al filo de su deportación, al país del que huyó por extorsiones de organizaciones criminales.
Educación pública:
-La Junta de Andalucía suprime 486 clases del sistema público de educación.
El sindicato USTEA denuncia que desde la llegada de Moreno al gobierno andaluz, en 2019, se han eliminado 1.943 clases del sistema educativo público.
La educación pública andaluza ha perdido este curso 486 clases de primaria e infantil, según los datos publicados el pasado 7 de diciembre por la Consejería de Desarrollo Educativo y FP en el BOJA. La consejería ha cerrado 927 clases en colegios públicos y, por otro lado, ha abierto 441. Es decir, con estas operaciones el sistema educativo andaluz se ha visto disminuido en 486 clases con respecto al curso anterior, lo que supone una merma en el sistema educativo.
“Esgrimen el argumento de la natalidad para eliminar clases en la red de centros públicos, aunque no se explica que este mismo fenómeno no afecte a los centros privados concertados que mantienen su oferta intacta desde hace años”…
Politi-corruPPción:
-Diputado provincial del PP en Pontevedra tiene que devolver 3.800 euros después de que se denunciara su cobro irregular.
Las retribuciones habían desaparecido del portal de transparencia del ente hasta que se alertó de un “apagón” que la Diputación atribuye a “una avería informática”.
El diputado provincial en Pontevedra y alcalde de A Guarda, Roberto José Álvarez Carrero, ha pedido “disculpas públicas” por los casi 3.800 euros cobrados “por error” por su asistencia a plenos de la Diputación de Pontevedra, asegurando que ya ha transferido a la Administración este dinero.
La decisión llega semanas después de que el grupo socialista denunciase que Carrero se había “llevado para casa dinero que no le corresponde durante tres meses”, algo que consideran un caso claro de “corrupción”.
Carrero goza de una dedicación exclusiva parcial del 79% como responsable de Cooperación Transfronteriza y Relaciones Institucionales, un cargo que le reporta una retribución anual de 54.406 euros “repartidos en 4.000 euros al mes”.
Sin embargo, de septiembre a noviembre, estuvo “complementando” esos ingresos con los cobros por asistencia a plenos, juntas de gobierno y comisiones informativas, algo a lo que sólo tienen derecho los diputados sin dedicación, unos ingresos que “engordaron su nómina para rebasar los 6.000 euros al mes”.
“Los hechos son extremadamente graves, hasta el punto de que si no llegamos a descubrirlos, seguirían produciéndose de forma indefinida”. “Quien coge durante tres meses lo que no es suyo sin decir palabra, no tiene defensa posible; y el que paga, tampoco”.