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Otras voces
-España S.A.: Los que mandan sin presentarse a las elecciones
¿Quién gobierna cuando bancos, ministerios, bufetes y grandes empresas comparten apellidos, funcionarios e intereses? ¿Qué poder permanece intacto mientras PSOE y PP se suceden en La Moncloa?
Cambian los presidentes, se renuevan los ministros y cada elección promete «abrir una etapa distinta». Pero, lejos de las cámaras y de las urnas, una poderosa red de familias, bancos, grandes empresas, altos funcionarios, medios y negocios armamentísticos permanece instalada en los lugares donde se redactan las leyes y se reparten los recursos públicos. Esta es la radiografía del poder que no necesita ganar elecciones para seguir gobernando España.
La democracia es presentada como un sistema en el que es la voluntad popular la que determina la orientación del aparato del Estado. Sin embargo, mientras los gobiernos pasan, otras estructuras permanecen sólidamente asentadas. No se presentan a las elecciones ni aparecen en los debates parlamentarios, pero sí intervienen decisivamente en la elaboración de las leyes, la distribución de los recursos públicos y la definición de aquello que se considera políticamente posible.
Son redes formadas por relaciones familiares, profesionales y económicas que conectan ministerios, grandes empresas, Bancos, bufetes, medios de comunicación, Cuerpos superiores de la Administración, industria armamentística y Casa Real. Sus integrantes no necesitan reunirse en una habitación secreta para acordar cada decisión. Han estudiado en centros educativos semejantes, pertenecen a los mismos cuerpos funcionariales, coinciden en Consejos de administración, Fundaciones y Clubes privados y comparten una determinada concepción del orden social.
Cuando un presidente o un ministro abandona el Gobierno, puede incorporarse perfectamente a una empresa. Cuando una gran Corporación necesita interlocutores dentro del aparato del Estado, encuentra a antiguos compañeros. Cuando cambia el Partido gobernante, una tupida red redistribuye a sus miembros sin perder la presencia y el control de los espacios decisivos. La llamada alternancia política modifica a los titulares visibles, pero apenas afecta a quienes permanecen en los lugares donde se elaboran las normas, circula la información privilegiada y se deciden los grandes contratos.
MUCHO MÁS QUE PUERTAS GIRATORIAS
La expresión «puertas giratorias» describe el paso de un ministro o alto cargo a una empresa relacionada con el sector que anteriormente regulaba. Pero la imagen resulta insuficiente porque presupone equivocadamente la existencia de dos mundos separados: el Estado, por una parte, y los negocios privados, por otra.
Pero la realidad es mucho más compleja que eso. No hay dos espacios claramente diferenciados, sino una misma red que habita ambos. Un alto funcionario puede redactar una norma, asesorar después a las compañías afectadas por ella y regresar posteriormente a la Administración. Un banquero puede convertirse en ministro y terminar en una institución financiera europea. Un abogado del Estado puede ocupar una subsecretaría, dirigir un organismo público y reincorporarse más tarde a un gran Banco.
LAS FAMILIAS QUE ATRAVESARON LA TRANSICIÓN
La peculiar democracia española no nació sobre un terreno vacío. El nuevo régimen monárquico heredó la Administración, los cuerpos funcionariales, los grandes patrimonios y buena parte del poder empresarial de la dictadura de Franco. La Transición cambió las instituciones políticas, pero no desmanteló, ni mucho menos, los circuitos que conectaban al Estado franquista con la Banca, la gran industria y los principales propietarios.
Los apellidos reaparecen de generación en generación. Los descendientes de ministros, los procuradores de las Cortes franquistas, diplomáticos, militares y empresarios vinculados con la dictadura se encuentran décadas después en Consejos de Administración, altos tribunales, ministerios, entidades financieras y compañías privatizadas. No heredan necesariamente un cargo concreto, pero sí patrimonio, relaciones, educación, prestigio social y acceso privilegiado a los lugares donde se selecciona a quienes dirigirán las instituciones. Esto explica una de las aparentes paradojas de la peculiar democracia española: pueden cambiar los partidos y, sin embargo, permanecer las mismas familias en las proximidades del poder. La élite no necesita identificarse completamente con una formación política especifica. Puede distribuir a sus integrantes por distintos espacios y mantener interlocución con todos los gobiernos.
LA NOBLEZA QUE NO LLEVA TÍTULO
Junto a las viejas familias aparece una verdadera «nobleza de Estado». No se trata necesariamente de duques o marqueses, aunque tampoco falten, sino de los grandes cuerpos funcionariales: abogados del Estado, técnicos comerciales y economistas del Estado, inspectores de Hacienda y altos diplomáticos.
Su poder procede de una combinación excepcional. Han superado oposiciones muy exigentes, conocen los resortes internos de la Administración, participan en la redacción de las normas y manejan información de enorme valor para las grandes empresas. Además, permanecen en sus mismos puestos cuando los ministros desaparecen. Un gobernante recién llegado depende necesariamente de quienes conocen los procedimientos administrativos. Esa dependencia se vuelve peligrosa cuando los altos funcionarios forman una comunidad cerrada y pasan con facilidad a bancos, eléctricas, constructoras, consultoras o bufetes. Las empresas no los contratan solamente por sus conocimientos técnicos, sino porque saben a quién llamar, cómo se redacta una disposición y en qué punto exacto de la Administración debe ejercerse presión.
La política visible propone; esta aristocracia burocrática traduce, filtra, modifica y ejecuta. De esa manera, decisiones que se presentan como puramente técnicas pueden esconder elecciones profundamente políticas.
CUANDO LOS BANCOS OCUPARON ECONOMÍA
La pasada crisis financiera ofreció una demostración especialmente clara de este mecanismo. Las mismas entidades que habían alimentado la burbuja inmobiliaria y multiplicado los créditos de riesgo fueron rescatadas con recursos públicos. Sin embargo, sus criterios continuaron dominando la respuesta institucional a la catástrofe. Luis de Guindos, por ejemplo, simboliza esta trayectoria. Técnico Comercial y Economista del Estado, ocupó cargos en los gobiernos de José María Aznar, fue presidente para España y Portugal de Lehman Brothers y regresó al poder como ministro de Economía de Mariano Rajoy. Desde allí intervino en el rescate bancario, defendió las políticas de austeridad e impulsó una reforma laboral que debilitó la negociación colectiva y abarató el despido. En 2018 pasó a la vicepresidencia del Banco Central Europeo, donde permaneció hasta mayo de 2026. No se trata únicamente de una biografía particular. Durante el Gobierno de Rajoy, el Ministerio de Economía incorporó a dirigentes procedentes de Lehman Brothers, Banco Santander y BBVA. Los responsables de afrontar la crisis compartían formación, relaciones y concepción económica con las instituciones que habían contribuido a provocarla. El recorrido de Nadia Calviño muestra la continuidad del mismo circuito bajo un gobierno psocialista. Procedente de la Comisión Europea, fue incorporada al Ejecutivo de Pedro Sánchez como una garantía de ortodoxia ante Bruselas y los mercados financieros. En enero de 2024 dejó el Gobierno para presidir el Banco Europeo de Inversiones. Pueden turnarse los partidos, pero la conexión entre Ministerios, instituciones europeas y poder financiero continúa funcionando.
HACIENDA Y QUIENES CONOCEN TODAS SUS GRIETAS
El caso de Cristóbal Montoro proporciona una imagen especialmente reveladora. Montoro fue ministro de Hacienda con Aznar, abandonó el Gobierno, creó la consultora Montoro y Asociados –posteriormente denominada Equipo Económico– y regresó al mismo ministerio con Rajoy. Varios colaboradores vinculados al despacho ocuparon puestos relevantes en Hacienda y la Agencia Tributaria. Una investigación judicial esta examinando ahora si empresas gasísticas pagaron a Equipo Económico a cambio de reformas fiscales favorables. El procedimiento, todavía abierto y sin sentencia, atribuye indiciariamente al exministro un «rol nuclear» y analiza si determinadas normas fueron redactadas en beneficio de compañías que habían contratado al despacho. La Fiscalía se ha opuesto al archivo de la causa y sostiene que se investigan posibles actuaciones graves de corrupción.
Los hechos conocidos confirman la existencia de un circuito en el que quienes mejor dominan el sistema fiscal pueden asesorar a grandes empresas para reducir su contribución y, posteriormente, regresar a las instituciones encargadas de establecer y recaudar los impuestos.
Mientras los asalariados pagan antes incluso de recibir su nómina y los impuestos indirectos recaen sobre toda la población, las grandes corporaciones disponen de especialistas capaces de convertir cada excepción normativa en una oportunidad. La desigualdad fiscal no surge únicamente de la incompetencia del Estado, sino también de la penetración de los intereses privados en su maquinaria.
ARMAS, SEGURIDAD Y NEGOCIOS PROTEGIDOS
La industria militar representa otro ámbito especialmente opaco. Sus decisiones se justifican mediante conceptos como seguridad nacional, compromisos internacionales o modernización tecnológica. Bajo esa cobertura se aprueban compras multimillonarias que apenas se someten a debate público.
En torno al Ministerio de Defensa puede identificarse una red que conecta a altos funcionarios, mandos militares, Casa Real y empresas de armamento. Eduardo Serra ocupó puestos de responsabilidad con gobiernos de UCD, PSOE y PP y desarrolló posteriormente una intensa actividad empresarial. Pedro Morenés llegó al Ministerio de Defensa después de haber trabajado para compañías relacionadas con la industria armamentística.
La importancia de estos casos no reside solamente en demostrar que alguien pasó de una empresa al Gobierno. Revelan la existencia de una comunidad estable cuyos integrantes comparten información, relaciones e intereses. La política de Defensa adquiere así una llamativa continuidad, independientemente de que gobierne la derecha o la socialdemocracia.
El llamado interés nacional corre el riesgo de convertirse en la envoltura ideológica del interés empresarial. Los beneficios son privados, pero las compras se pagan con recursos públicos y las consecuencias políticas y humanas recaen sobre toda la sociedad.
LOS MEDIOS QUE FABRICAN EL CAMPO DE BATALLA
Estos circuitos no podrían conservar su poder sin intervenir también en la producción de ideas. Los medios de comunicación no se limitan a informar sobre la política: seleccionan los asuntos que serán discutidos y aquellos que permanecerán fuera del debate.
Durante la etapa de Zapatero, su política de gestos permitió proyectar una imagen progre, mientras permanecían intactos los principales pilares de la política económica. La batalla pública se concentró en símbolos, declaraciones y enfrentamientos culturales. Entre bastidores continuaron las ventajas fiscales, la expansión inmobiliaria, la protección de la banca y el fortalecimiento de los oligopolios.
La cuestión es que no es necesario censurar una información para poder neutralizarla. Basta con sepultarla bajo una avalancha de controversias secundarias. El control moderno de la opinión pública consiste menos en ordenar a los ciudadanos qué deben pensar que en determinar sobre qué asuntos pensarán.
La comunicación política convierte determinadas imágenes en sustitutos de las transformaciones materiales. Un gobierno puede presentarse como profundamente renovador y, al mismo tiempo, mantener la política económica, los compromisos internacionales y las relaciones empresariales que heredó del anterior ejecutivo, que es lo que invariablemente ha venido sucediendo en las casi ultimas cinco décadas, desde 1978.
–https://www.lahaine.org/est_espanol.php/espana-s-a-los-que-mandan-sin