Muro de solidaridad y denuncia
El movimiento de vivienda ocupa el Ayuntamiento de Barcelona
PAH Barcelona, COSHAC y el Sindicato de Vivienda Socialista de Cataluña ocuparon el Ayuntamiento de Barcelona, coincidiendo con la Comisión de Derechos Sociales, para denunciar la falta de respuesta y los recortes a la hora de ofrecer alternativas a las personas desahuciadas.
Las organizaciones de vivienda denuncian que tras la entrada del PSC en el Ayuntamiento las políticas de realojo de personas en emergencia habitacional han sufrido un cambio que se traduce en reducción de los Alojamientos Temporales de Urgencia y empeoramiento de las condiciones de las familias afectadas.
Los desahucios llevan ya dos años aumentando en Barcelona y las organizaciones avisan de que ya pueden notar en las asambleas que lo peor está por llegar. A pesar de que el problema de la vivienda se recrudece, la inversión municipal en construcción de nuevos pisos públicos ha caído un 64,5%, la compra de vivienda por tanteo y retracto ha caído un 80%, el sinhogarismo ha crecido un 43% en dos años y mientras se desahucia a un ritmo récord.
Las exigencias que plantean estos colectivos al ayuntamiento frente a la grave situación de la vivienda son:
Declarar la emergencia habitacional.
Prohibir los desahucios.
Ni una vivienda vacía ni de uso turístico mientras haya gente sin casa. Expropiación de la vivienda vacía y de uso turístico en manos de grandes tenedores y fondos, y adquisición por todos los demás medios disponibles, flexibilizando los mecanismos de expropiación y captación para garantizar el derecho de acceso a la vivienda.
Vaciar la Mesa de Emergencia: ampliar los pisos concedidos y los expedientes tramitados. Toda persona alojada en ATU debe estar incorporada a la Mesa de Emergencia.
Gestión pública de los alojamientos de emergencia, poniendo fin al negocio privado con la emergencia habitacional que representan a operadores como BCD Travel, con transparencia y control por parte de los sindicatos de vivienda y de las personas afectadas.
Ampliar el número de alojamientos ATU para acoger a las personas expulsadas por la actual ola de desahucios (agravada por la crisis habitacional y la derogación de la moratoria), como solución temporal hasta la reubicación lo más rápido posible en pisos de la Mesa de Emergencia.
Tramitación más ágil de las ayudas económicas.
Retirar la obligación de firma cada 15 días y renovación cada 2 meses en la ATU, porque funciona como mecanismo de presión sobre las personas afectadas.
Coste 0 en pensiones: no en los copagos.
Garantizar criterios de proximidad en las adjudicaciones y reubicaciones (barrio, red de soporte, trabajo, centros educativos).