Muro de denuncias:
Militarismo desbocado:
-Gobierno progre: quiere más tropa y marinería
El Ministerio de Defensa del gobierno progresista ha abierto el plazo de inscripción para el segundo ciclo de selección de 2026, destinado al acceso a las escalas de tropa y marinería de las Fuerzas Armadas. La convocatoria, curiosamente una de las más amplias de la última década, ofrece 4.523 plazas distribuidas entre el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire y del Espacio.
El primer ciclo de 2026, convocado en enero, ya contempló 4.527 plazas, lo que supuso un aumento respecto a años anteriores.
La presencia masiva de militares es una de las prioridades de la ministra de Defensa, Margarita Robles, siempre defensora de la participación militar española en la OTAN para no enfadar a EE.UU. La presencia de «misiones» en el exterior cuidando los intereses de empresas y la U.E que tanto visita Robles y homenajea Sánchez con sus declaraciones y presencia, hace el resto.
–https://insurgente.org/el-gobierno-progre-quiere-mas-tropa-y-convoca/
Ley Mordaza. Criminalización:
-Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria, 50.000 € en multas.
La presión económica sobre el Sindicato Socialista de Vivienda de Euskal Herria se ha recrudecido notablemente tras la notificación de una nueva batería de sanciones administrativas que asciende a 18.000 euros adicionales. Con este último incremento, la organización acumula ya un recargo total de 50.000 euros en multas en un periodo inferior a un año, confirmándose de este modo los peores pronósticos de sus portavoces, quienes en su comparecencia pública del pasado viernes 22 de mayo ya advirtieron de que la cuantía seguiría elevándose debido a los expedientes que aún se encontraban pendientes de resolución. Desde el Sindicato se reitera que este montante global responde a una estrategia punitiva sistemática por parte del Estado mediante la aplicación de la Ley Mordaza, cuyo propósito fundamental es desmantelar económicamente la protesta social y la lucha activa por la vivienda en un contexto de crisis habitacional.
El origen de esta abultada cifra de 50.000 euros se vincula de manera directa a la resistencia frente a la emergencia habitacional en tres escenarios concretos. Una parte sustancial de los fondos reclamados por la administración procede de los piquetes y las acciones de resistencia civil organizadas contra los desahucios en Bizkaia, destacando el desalojo de tres familias el pasado noviembre en Erandio debido a un préstamo fraudulento ligado a una filial del Banco Santander, así como un caso de idénticas características en Astrabudua. El resto del saldo se deriva de una concentración pacífica de diez minutos en una sucursal de La Caixa para protestar contra las cláusulas abusivas en los alquileres, y de la multa de 1.800 euros impuesta por el Ayuntamiento de Iruñea durante los Sanfermines de 2025, cuando varios militantes y una periodista fueron denunciados por cantar una jota que criticaba los desahucios en la capital navarra.
Ante la gravedad de la nueva cuantía, el Sindicato Socialista de Vivienda ha lanzado un llamamiento urgente a la solidaridad de clase para poder hacer frente a esta represión económica, recordando que la campaña iniciada permanece activa.