Aporte del comunicado que los compañeros sardos leyeron en las Jornadas pro amnistía de Móstoles el pasado 23 de mayo.
XVI Jornadas por la amnistía: Situación represiva en Cerdeña
La operación Maistrali es una operación chapucera…
Formamos parte de los 36 sardos perseguidos por la operación Maistrali, una operación político-policial que abarca la temporada entre el 2020 y el 2024 dirigida, en principio contra los anarquistas pero es contra todas las luchas desarrolladas en aquellos años.
La policía solicitó la detención de diez compañeros, acusados de terrorismo, por «haber promovido y organizado una asociación destinada a subvertir el orden democrático del Estado mediante la constitución de un grupo anarquista insurreccionalista […] Asociación que ha operado […] mediante la organización de manifestaciones y marchas […] de inspiración antimilitarista, anticarcelaria y ecologista, […] la consolidación de las relaciones con otros grupos antagonistas y anarquistas en Italia y en el extranjero, promoviendo y desarrollando el proyecto de una lucha internacional […] también mediante instrumentos informáticos y telemáticos». Los otros 26 estamos acusados, junto con los 10 citados, de haber formado parte de la asociación y de diversos delitos que van desde la organización de recaudación de fondos para los presos hasta daños, incendios, detonación de explosivos, etc. Estas hipótesis de investigación suelen ir acompañadas de conjeturas sobre vínculos con compañeros y compañeras de otros lugares y épocas muy lejanos, para intentar dar más concreción a las fantasías asociativas de jueces y policías y ampliar el alcance de la investigación más allá de lo que pueden hacer basándose en los hechos.
Formamos parte también de los 72 perseguidos por las luchas recientes contra el genocidio del pueblo palestino en el marco de una operación policial más reciente cuyo único objetivo es disuadir sobre todo a los jóvenes cuya participación empezaba en esos días, a unirse a cualquier tipo de protesta.
De hecho, nos persiguen por haber intentado infringir las reglas del juego, rompiendo la ritualidad de la oposición, para que algo pudiera cambiar efectivamente.
Es el mismo principio que el de los nuevos decretos de seguridad del Gobierno, que introduciendo nuevas normas represivas intentan aislar e intimidar a quienes luchan, por ejemplo, despenalizando algunos delitos como la manifestación no autorizada, que ahora se sanciona con multas de hasta 10.000 euros añadidas a las indemnizaciones solicitadas por el bloqueo de los servicios públicos causado por la manifestación. Otra nueva norma especialmente desconcertante permite a la policía a retener en la comisaría durante 12 horas a las personas que considere peligrosas (por ejemplo si tienen antecedentes por delitos políticos), con motivo de cualquier acto público que pueda dar lugar a conflictos, para impedir que participen en dicho acto. Lo hicieron para impedir a 91 anarquistas de rendir homenaje, en el cementerio, a Sara Ardizzone y Sandro Mercogliano, dos compañeros que fallecieron durante la preparación de una acción.
Quieren que disentir resulte oneroso y arriesgado. Quien promueve o participa a una protesta sabe que puede verse expuesto a multas desproporcionadas, a identificaciones, a procedimientos largos y costosos por oponerse.
El mismo esquema se aplica a las órdenes de expulsión, las zonas rojas (zonas de la ciudad de las que la policía puede expulsar, incluso sin motivo, a personas que puedan considerarse peligrosas política y socialmente), las prohibiciones de acceso a zonas sensibles, las obligaciones de firma y diversas medidas personales. No se necesitan necesariamente condenas definitivas, es suficiente la construcción administrativa de la peligrosidad, consolidando así una justicia preventiva de baja intensidad formal y alto impacto real.
Por último, citamos las nuevas normas para reprimir a quienes se rebelan en las cárceles y en los centros de internamiento para inmigrantes, normas que prevén incluso la introducción de agentes infiltrados, a la espera de implantar el régimen 41 bis como modelo de encarcelamiento para todos, empezando por Cerdeña, donde las tres cárceles más grandes están destinadas a convertirse en centros exclusivos para presos en 41 bis (cárceles listas según la prensa burguesa para acoger mafiosos, anarquistas y terroristas).
Cerdeña se confirma una colonia de Italia, además que colonia por los militares de la OTAN, por las multinacionales del petróleo y de la energía, también colonia penal ya que es una de las regiones con mayor densidad de prisiones (14 en toda la isla), con uno de los centros de internamiento para migrantes más duros de Italia, un auténtico campo de concentración.
La crisis del sistema capitalista genera la guerra, y la guerra genera un aumento de la represión, que es expresión en el frente interno de lo que la guerra representa en el frente externo. La tendencia a la guerra representa para el sistema una oportunidad para aumentar los niveles de explotación y opresión y la represión es necesaria para que el dominio se defienda de los intentos de las clases explotadas de cuestionarlo. La represión representa sin duda un frente de lucha en el que es necesario comprometerse, evitando un enfoque humanitario y victimista, ya que puede constituir un ámbito en el que el movimiento de clase pueda crecer y fortalecerse.
Nosotros no renegamos nada de nuestras luchas, reivindicamos cada una de las acciones llevadas a cabo, no en la lógica policial y judicial, plana y banal, pero sí para indicar la viabilidad de un camino de rebelión y revuelta para cualquiera que no tolere el estado actual de las cosas. Reivindicamos nuestro apoyo a quienes luchan y pagan las consecuencias. Reivindicamos todo porque lo que nos une es compartir el sueño de un mundo diferente sin tribunales ni cárceles, sin explotación ni guerras, sin capitalismo ni imperialismo.
Nunca hemos cedido, y tampoco lo haremos esta vez, a los abusos del Estado, que tiene fácil juego al intentar aplicar, contra quienes luchan, las sentencias ya escritas en sus tribunales para entregarlos a los verdugos encerrándolos en las celdas de sus cárceles.
Concluimos expresando nuestra solidaridad con todos los presos políticos, con los presos del Estado español y con Mónica Pérez Refoxos, gravemente enferma, con Pablo Hasel, con Juan García Martín, con Patxi Ruitz, con Jon Kepa Preciado y todas y todos que ahora no podemos nombrar porque es una lista muy larga. Expresamos nuestra cercanía a los tres compañeros de las Brigadas Rojas que llevan más de veinte años en la tumba en vida del 41 bis, y a los dieciséis compañeros de las Brigadas Rojas enterrados desde hace más de cuarenta años en las cárceles de la democracia italiana. Finalmente expresamos nuestra complicidad con nuestro compañero Alfredo Cospito, a quien el Estado italiano ha renovado el régimen 41 bis por dos años más (con motivaciones ridículas como vestirse de negro por guardar el luto por Sara y Sandro o haber inspirado atentados que anarquistas indonesios hicieron en Indonesia), impidiéndole en el mismo tiempo de recibir libros y música, y con Gabriel Pombo da Silva, que el Estado italiano quiere detener durante dos años ya que no se arrepiente de sus actos e ideas y por eso los jueces solicitan su extradición.
¡Por la amnistía total!