Movimiento obrero, su brutal situación:
Comunicado: ¡Masifiquemos las huelgas por una Educación Pública de Calidad! ¡Niubó y Parlón dimisión!
Comunicado al respecto de la huelga de docentes en Cataluña, por Corrent Roig:
¡Beneficios empresariales y presupuestos militares para escuelas y servicios públicos!
La lucha del personal educativo catalán no tiene precedentes desde la Transición. Centros educativos autoorganizados por todo el país, asambleas de centro, municipales y comarcales multitudinarias, cortes de carreteras que paralizan buena parte del territorio, y más de 70.000 personas en las calles desautorizando el acuerdo de la vergüenza de CCOO-UGT, firmado de espaldas a la comunidad educativa, y exigiendo a la consejera Niubó que se siente a negociar.
El ciclo de huelgas y movilizaciones en el que entramos es el último del curso: 17 jornadas convocadas entre el 6 de mayo y el 5 de junio por USTEC, CGT, Aspepc-sps y la Intersindical, con huelgas generales para toda Cataluña el 12 y el 27 de mayo y el 5 de junio. El personal educativo ha demostrado que quiere seguir luchando y que es necesario escalar el conflicto.
La máscara cae: traición del Departamento de Educación y maniobras del Gobierno Illa
El PSC llegó al Gobierno prometiendo defender los servicios públicos. La realidad, sin embargo, ha sido la contraria. Ante las movilizaciones más masivas del sector educativo desde 1988, su respuesta fue firmar el “acuerdo de la vergüenza” con CCOO y UGT —sindicatos minoritarios en el sector— a espaldas de la mayoría sindical y de las trabajadoras de la educación, con el único objetivo de restablecer la paz social y desmontar las estructuras de autoorganización nacidas en los centros. El profesorado resistió aquel primer embate y, desde entonces, el Departamento de Educación cambió de estrategia, poniendo en marcha una campaña mediática de criminalización del profesorado para enfrentar a la sociedad con el personal educativo. La maniobra fue tal que incluso las juventudes del PSC organizaron una protesta de estudiantes en el Instituto Narcís Oller (Valls) al saber que el profesorado había aprobado la suspensión de salidas y colonias para el curso 2026-2027, como ya han hecho más de 1.000 centros educativos de toda Cataluña.
El tándem Parlon-Trapero se pone manos a la obra para ahogar la lucha con represión
El plan piloto para incorporar Mossos d’Esquadra de paisano en 13 centros educativos es una medida que rechazamos frontalmente y a la que la comunidad educativa ha plantado cara. Este plan, sin embargo, no es una novedad. Hace décadas que los agentes de policía pisan nuestras escuelas e institutos para realizar tareas de prevención en distintos ámbitos, como la violencia de género, el consumo de drogas, el ciberacoso o la educación vial. No es más que la continuidad de la política aplicada por todos los gobiernos (CiU, PSC, ERC) desde los años 2000, que normaliza la presencia policial en las aulas.
El aumento de la conflictividad en las aulas no tiene nada que ver con el comportamiento individual del alumnado: es la consecuencia directa de la extensión de la pobreza y la desigualdad en nuestra sociedad y, al mismo tiempo, es un reflejo de ella. Mientras los niveles de desigualdad aumenten y la pobreza siga extendiéndose, los conflictos en los centros no disminuirán. Incorporar agentes de policía a los centros es solo una cortina de humo para no afrontar las verdaderas causas de fondo y, además, criminaliza al alumnado de los barrios obreros, donde estudian jóvenes migrantes y racializados, hijos e hijas de la clase trabajadora. Sin embargo, lo que los centros necesitan para reducir la conflictividad y velar por la convivencia es personal cualificado: psicólogos/as, integradores/as sociales, trabajadores/as sociales y educadores/as. La verdadera solución pasa por aumentar la dotación de recursos, bajar las ratios e incorporar más personal de apoyo a la inclusión.
Con todo, el último recurso ante una lucha que desborda el control del Departamento de Educación ha sido la entrada en escena del Departamento de Interior: más de 70 identificaciones y, al menos, 10 denuncias a docentes movilizados. Además, el 7 de mayo se confirmó que dos agentes de la Brigada de Información intentaron infiltrarse en la asamblea intercentros del Instituto Pau Claris (Barcelona), donde fueron desenmascaradas y expulsadas.
Que el Gobierno Illa decida infiltrar agentes policiales en nuestras asambleas no es algo nuevo en el Estado español, que en los últimos años ha infiltrado policías en el movimiento independentista, el movimiento por la vivienda y el movimiento okupa, aunque eso no lo hace menos grave, pues se están vulnerando derechos fundamentales como el derecho de huelga y el derecho de reunión y es una muestra de la incapacidad del Gobierno para reconducir el conflicto con medidas que reviertan la crisis educativa. Al fin y al cabo, el Gobierno Illa teme la movilización masiva y sostenida de la comunidad educativa y, como otros gobiernos de distintos colores, acaba recurriendo al espionaje y la represión. Recordemos que se comprometió a derogar la Ley Mordaza, la misma ley que ahora utiliza el PSC para multar y reprimir a trabajadores/as que hacen huelga.
Exigimos la dimisión de la consejera de Interior, Núria Parlón, y del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, como responsables políticos de la infiltración policial en las asambleas docentes y de las identificaciones y denuncias a los/las huelguistas. ¡Fuera los Mossos de nuestros centros y de nuestras asambleas! ¡Dimisión de Parlón-Trapero!
El inmovilismo de Niubó y el Departamento de Educación
La consejera de Educación, Esther Niubó, se ha negado sistemáticamente a renegociar el acuerdo, profundizando la ruptura entre la Consejería y la comunidad educativa. Ella es la responsable directa de la conflictividad en los centros, que está causando la anulación de salidas, colonias y actividades extraescolares, entre las medidas más extendidas en los centros educativos, aunque no las únicas. La lucha del personal educativo ha reventado las paredes de los centros educativos y se ha instalado como un problema social y como un conflicto político abiertamente enfrentado al Gobierno. Todo ello confirma que la única vía para ganar es la fuerza de la lucha y no la confianza en ninguna fuerza política del régimen. Si no está dispuesta a negociar, ¡Niubó debe dimitir!
Las tareas: masificar las jornadas de huelga y hacer frente a la represión
1. Masificar la huelga y fortalecer la autoorganización
La tarea más inmediata es ganar a toda la comunidad educativa para sumarse al nuevo ciclo de huelgas: el profesorado y todas las trabajadoras de los centros, pero también los/las estudiantes y sus familias. Cada cual, desde su lugar, forma parte de esta lucha y su implicación es indispensable para conquistar nuestras demandas y hacer frente a la represión.
Pero no se trata únicamente de secundar cada jornada de paro: se trata de consolidar y fortalecer la estructura de autoorganización que hemos construido durante estos meses, que es la gran conquista de este movimiento. Las asambleas de centro, municipales y comarcales y la Asamblea Educativa de Cataluña son quienes deben seguir marcando el rumbo, pues han demostrado ser capaces de desbordar la burocracia sindical, tomar decisiones colectivas y sostener la lucha frente a todos los intentos de neutralizarla. Defender y fortalecer estas estructuras es la clave para garantizar que la lucha la dirige la base. Es necesario que las asambleas sigan tomando las decisiones sobre la hoja de ruta y que las estructuras sindicales alternativas queden subordinadas a ellas. Concretamente, hay que organizar y fortalecer las cajas de resistencia para hacer frente a la represión —rifas solidarias, aportaciones voluntarias, apoyo mutuo entre centros, actos de recaudación a nivel de Cataluña—, porque una caja de resistencia sólida es la base para poder sostener el conflicto con todo lo que ello implica.
Esta fuerza organizada es también nuestra respuesta a la represión. El Gobierno escala el conflicto precisamente porque teme la autoorganización de las trabajadoras. Para hacerle frente, debemos escalarlo también nosotros: pero escalar no significa que un sector radicalizado actúe por cuenta propia. Significa, en primer lugar, masificarlo para poder radicalizarlo. Una acción decidida por una asamblea que representa a miles de trabajadores/as tiene un peso político y una protección colectiva que jamás tiene una acción de una minoría. Por eso las decisiones sobre cómo y cuándo escalar deben pasar por las asambleas de base donde toda la comunidad educativa tiene voz y voto. Esto implica convocar activamente al profesorado que aún no se ha movilizado, a las familias, a los estudiantes y a todos los trabajadores de los centros para que se unan a las acciones: no como espectadores sino como sujetos activos. Cuanto más amplia sea la base que respalda una acción, más difícil es reprimirla y más fuerza tiene para obligar al Gobierno a ceder. La represión no debe hacernos retroceder: debe impulsarnos a organizarnos más y mejor.
Aun así, los Mossos d’Esquadra ya han comenzado a denunciar a compañeras y, tengámoslo claro, no serán las últimas. Ante la represión, la respuesta no puede ser individual: hay que construir una coordinación territorial —entre sindicatos, movimientos sociales y organizaciones políticas— para defender a las compañeras represaliadas, visibilizar cada caso y darle una dimensión de clase. Proponemos la creación de comisiones de defensa de las represaliadas a escala comarcal y catalana, con la participación del conjunto de sectores en lucha así como de organizaciones sociales y políticas. Asimismo, los sindicatos con representación deben incorporar la absolución de todas las huelguistas denunciadas por los Mossos como parte del nuevo acuerdo con el Departamento de Educación.
2. La entrada en escena del movimiento estudiantil sería clave para ganar
La comunidad educativa va más allá del profesorado y es imprescindible ganar a los/las estudiantes para que se sumen a esta lucha, ya que si perdemos, las aulas seguirán masificadas, sin recursos ni personal suficiente para atenderles a todos/as, sean cuales sean sus circunstancias. Lamentablemente, hoy los/las estudiantes observan la lucha desde fuera, algunos/as con indiferencia, otros/as con simpatía, pero está claro que no se sienten interpelados/as. Especialmente grave es la situación en las universidades públicas catalanas, donde el movimiento estudiantil se ha mantenido al margen de todas las convocatorias de huelga y movilización del profesorado y las ha vivido con plena normalidad académica.
Una de las grandes ausencias de esta lucha es el movimiento estudiantil organizado, que se ha limitado a hacer una aparición testimonial en las manifestaciones con pequeños bloques del SEPC y del Sindicato de Estudiantes, pero que no han puesto toda su fuerza al servicio de la lucha. De hecho, tal es esta ausencia, que el SEPC, el sindicato con presencia mayoritaria en las universidades catalanas, ha rechazado sumarse a las convocatorias de huelga del personal educativo catalán previstas para el 12 y 27 de mayo y el 5 de junio y ha decidido convocar en solitario el 26 de mayo, dividiendo al movimiento estudiantil de la lucha por una educación pública y de calidad en la que debería estar llamada a participar toda la comunidad educativa. Por su parte, la OJS ha contemplado las jornadas de huelga como una especie de organización periodística: comentándolas sin participar en ellas. El Sindicato de Estudiantes sí se ha sumado a las jornadas unitarias aunque tiene una escasa implantación en las universidades públicas y en los institutos apenas se les ve aparecer. Somos conscientes de que el movimiento estudiantil lleva años viviendo un retroceso, pero eso no quita que las organizaciones estudiantiles deberían poner toda su fuerza al servicio de la lucha del personal educativo catalán, pues es una gran oportunidad para estrechar lazos entre estudiantes y profesorado y porque la entrada en escena de las estudiantes organizadas podría ser una palanca que ayudara a presionar aún más al Departamento de Educación.
Es necesario convocar claustros extraordinarios abiertos a las familias, trasladar las asambleas a las plazas de los municipios y crear espacios donde estudiantes, familias y trabajadoras discutamos y decidamos juntas. Asimismo, emplazamos a los sindicatos estudiantiles a sumarse a la jornada de huelga del 27 de mayo y hacer suyas las reivindicaciones de la comunidad educativa y a organizar sus fuerzas alrededor de esta lucha, avanzando en la unidad y contribuyendo a revivir un movimiento estudiantil fuerte, organizado y movilizado.
3. Convertir el conflicto educativo en un problema social: solidaridad y defensa colectiva frente a la represión
El personal educativo hemos avanzado decididamente en la difícil tarea de romper el aislamiento del conflicto educativo y convertirlo en un problema social de primer orden y debemos seguir en esta dirección. Los pasos inmediatos pasan por profundizar la coordinación con las bibliotecarias en huelga, los/las trabajadores/as del sector social del Ayuntamiento de Barcelona y el sector 0-3. Debemos participar activamente en sus movilizaciones, invitarles a las nuestras y confluir en movilizaciones y jornadas de huelga unitaria, mostrando la solidaridad no como un gesto retórico sino como una herramienta que fortalece a todas las trabajadoras en lucha y que incomoda seriamente al Gobierno.
El inicio de la huelga indefinida del profesorado en el País Valenciano demuestra que el desmantelamiento de la educación no es un problema únicamente catalán, sino de todo el Estado. Debemos construir puentes con el movimiento docente valenciano y con todos los sectores en lucha en todas partes, porque nuestras demandas y nuestros enemigos son los mismos. La coordinación estatal es una herramienta que, aunque hoy todavía está poco desarrollada, no podemos desaprovechar.
La crisis de la educación es una crisis del capitalismo: construir un programa común en defensa de lo público y caminar hacia la huelga general
Ratios insostenibles, burocracia que devora horas de preparación de clases, falta de personal de apoyo, salarios congelados, centros envejecidos con barracones. Nada de esto es un problema de gestión ni de mala voluntad de este o aquel gobierno: es el resultado estructural de un sistema que prioriza los beneficios privados sobre las necesidades de la mayoría. Desde 2008, cada crisis ha sido una excusa para recortar servicios públicos y transferir recursos a manos privadas. Gobierne quien gobierne —Junts, ERC, PSC—, la lógica ha sido la misma. No es una casualidad: es la lógica del capitalismo, que en cada crisis hace pagar a los trabajadores para salvaguardar los beneficios de la minoría.
Mientras nuestras escuelas languidecen, las empresas del IBEX cerraron 2024 con beneficios récord de más de 58.000 millones de euros, un 25% más que el año anterior. El gobierno del Estado se ha comprometido a destinar el 5% del PIB al gasto militar, enriqueciendo a la industria armamentística. El 10% más rico acumula casi el 60% de toda la riqueza del país, mientras tributa a tipos efectivos muy inferiores a los de cualquier trabajadora. El dinero existe, lo que falta es voluntad política para redistribuirlo. Nuestra consigna es clara: ¡beneficios empresariales y presupuestos militares para escuelas, hospitales y vivienda!
Por eso la tarea más estratégica que tenemos por delante es construir un programa común en defensa de lo público que vaya más allá de la educación y aglutine a todos los sectores en lucha. La convergencia entre la lucha educativa, la sanitaria, la de los servicios sociales y la de la vivienda es la única vía para poner al Gobierno entre la espada y la pared. El objetivo debe ser construir las condiciones para una gran huelga general del sector público: hoy, por primera vez en mucho tiempo, empiezan a aparecer las condiciones para avanzar hacia ello, y los docentes somos la vanguardia de este proceso. Las mesas sindicales ya están explorando este camino —es necesario que el movimiento docente aporte su fuerza y empuje en esta dirección. Un programa concreto: revertir las privatizaciones, recuperar la gestión pública de todos los servicios externalizados, invertir el 6% del PIB en educación tal y como exige la LEC, y que ni un euro de los impuestos de la clase trabajadora vaya a enriquecer a empresas privadas.
Este programa no lo llevará a cabo ningún gobierno que acepte las reglas del capitalismo. La historia de estos meses lo demuestra: la burocracia sindical pacta a espaldas de la base, los partidos de la izquierda institucional gestionan los recortes con mejor cara pero con la misma lógica. Y cuando el movimiento no se deja desmontar, recurren a la represión: infiltraciones, imputaciones, presión sobre las direcciones. Es la respuesta histórica del poder frente a los trabajadores organizados. Solo la autoorganización sostenida de la clase trabajadora —desde las asambleas de centro hasta la coordinación de todos los sectores en lucha— podrá obligarles a ceder. No hay otro camino.