Internacional:
-Grave situación presas políticas
Paraguay
*ALERTA POR LA SALUD DE CARMEN VILLALBA
La Campaña Internacional en Solidaridad con la Familia Villalba denuncia la grave situación de salud de la presa política paraguaya Carmen Villalba, detenida en el penal Martín Mendoza de Emboscada.
Desde el jueves 5 de marzo presenta fuertes dolores en la columna sin haber recibido atención médica adecuada ni el suministro regular de medicamentos.
Su hermana Laura Villalba dio aviso ese mismo día, pero su abogado defensor Salvador Sánchez recién fue informado el lunes 9 de marzo, evidenciando graves obstáculos en la comunicación.
Carmen Villalba se encuentra bajo régimen de aislamiento extremo desde el 12 de octubre de 2024, junto a Laura Villalba y Francisca Andino, con severas restricciones al contacto y al acceso a actividades.
Recordamos que Carmen Villalba cumplió la totalidad de su condena el 26 de julio de 2021, pero continúa detenida por decisiones judiciales posteriores.
Responsabilizamos al Estado paraguayo y al Ministerio de Justicia por su integridad física y su salud.
✊ Exigimos:
• Atención médica inmediata para Carmen Villalba
• Pericias médicas independientes urgentes
• Acceso pleno a su defensa legal
• Cese del régimen de aislamiento contra Carmen Villalba, Laura Villalba y Francisca Andino
📧 solidaridadfamiliavillalba@gmail.com
📱 IG: @solidaridadfliavillalba
Ecuador
-*POR la VIDA y la SALUD de GABRIELA GALLARDO
Desde Socorro Rojo Nuestra América expresamos nuestra profunda preocupación por la situación de salud y las graves vulneraciones de derechos humanos que atraviesa la presa política ecuatoriana Gabriela Gallardo, actualmente privada de libertad en el sistema penitenciario de Ecuador.
Gabriela Gallardo se encuentra detenida desde mayo de 2022. Durante su proceso judicial se acreditó que padece una enfermedad catastrófica: un tumor cerebral (microadenoma hipofisario), condición médica que requiere seguimiento permanente, tratamiento especializado y condiciones adecuadas de salud. En agosto de ese mismo año, un juez constitucional le concedió un hábeas corpus, reconociendo expresamente que su permanencia en un centro penitenciario representaba un riesgo directo para su integridad física y su vida.
Sin embargo, el 17 de octubre de 2024 esta medida sustitutiva fue revocada sin que existiera modificación alguna en su estado de salud ni informes negativos sobre su conducta. A partir de ese momento, Gallardo fue nuevamente sometida a traslados entre distintos centros penitenciarios, pasando por el Centro de Privación de Libertad Cotopaxi, posteriormente el de Tungurahua, y finalmente siendo trasladada el 24 de febrero al Centro de Privación de Libertad Guayas N.º 2, en la ciudad de Guayaquil.
Este último traslado resulta particularmente alarmante. Dicho establecimiento penitenciario ha sido escenario de graves crisis estructurales caracterizadas por hacinamiento, brotes de tuberculosis, crisis alimentarias y episodios reiterados de violencia carcelaria. En estas condiciones, la permanencia de una persona con una enfermedad neurológica grave y sin acceso a atención médica especializada constituye un riesgo real e inminente para su vida.
Desde su retorno al sistema penitenciario, Gabriela Gallardo no ha recibido la atención médica que su condición requiere. Por el contrario, su salud se ha deteriorado significativamente: ha perdido piezas dentales por falta de atención odontológica, debió ser sometida a una cirugía de emergencia por una hernia que no fue tratada oportunamente dentro del centro penitenciario y ha sufrido reiteradas interrupciones en la medicación necesaria para el tratamiento de su tumor cerebral.
Estas circunstancias configuran una situación de trato cruel, inhumano y degradante, prohibida por el derecho internacional de los derechos humanos.
De acuerdo con la Organización de las Naciones Unidas, los Estados tienen la obligación reforzada de proteger la salud y la vida de las personas privadas de libertad. Las Reglas Nelson Mandela establecen que las personas detenidas deben tener acceso a servicios de salud equivalentes a los disponibles en la comunidad y recibir tratamiento médico especializado cuando su condición lo requiera.
Asimismo, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha señalado reiteradamente que el Estado es garante de la vida e integridad personal de las personas bajo su custodia. La falta de atención médica adecuada en contextos de privación de libertad constituye una violación directa al derecho a la integridad personal consagrado en la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
A esta situación se suma la prolongación indebida del proceso judicial. Gabriela Gallardo permanece privada de libertad sin una sentencia firme mientras su audiencia de apelación ha sido postergada durante casi dos años, lo que vulnera el principio de plazo razonable y el derecho a la presunción de inocencia reconocidos en el derecho internacional.
El impacto de esta persecución judicial trasciende a la propia detenida y golpea directamente a su familia. Gabriela es madre de un adolescente que ha quedado en una situación de extrema vulnerabilidad luego de la detención de ambos padres. El niño presenció el violento operativo policial en el que fueron arrestados y desde entonces ha enfrentado graves consecuencias emocionales y sociales. Además, la familia ha debido atravesar el fallecimiento del padre en 2023 y de la madre en 2025 sin que Gabriela pudiera despedirse de ellos debido a su situación de privación de libertad.
Los reiterados traslados penitenciarios también han afectado el derecho del niño a mantener contacto con sus padres y han dificultado gravemente la posibilidad de acompañamiento familiar, generando una situación que impacta directamente en sus derechos como niño y en su estabilidad emocional.
Desde Socorro Rojo Nuestra América advertimos que la situación actual de Gabriela Gallardo constituye una grave vulneración de los estándares internacionales de derechos humanos. Mantener privada de libertad a una persona con una enfermedad catastrófica sin garantizar atención médica especializada y en condiciones penitenciarias de alto riesgo configura una forma de violencia institucional incompatible con las obligaciones internacionales del Estado ecuatoriano.
Por todo lo expuesto:
EXIGIMOS
1- La restitución inmediata de la medida de prisión domiciliaria para Gabriela Gallardo, a fin de garantizar la continuidad de su tratamiento médico especializado.
2- El acceso inmediato a atención médica integral y especializada acorde a su condición de salud.
3- El respeto al debido proceso y al plazo razonable en la tramitación de su causa judicial.
4- La intervención urgente de la Defensoría del Pueblo de Ecuador y de los mecanismos de prevención de la tortura para garantizar su integridad física y su vida.
Responsabilizamos al Estado ecuatoriano por cualquier deterioro adicional en la salud o por cualquier daño que pueda sufrir Gabriela Gallardo como consecuencia de estas condiciones de detención.
La situación es urgente.
Cada día que Gabriela permanece en estas condiciones es un día en el que su salud se deteriora y su vida corre peligro.
¡Por la vida, la salud y la libertad de Gabriela Gallardo!
¡Basta de persecución y criminalización política!
SR Nuestra Ámerica