Internacional
Siria
La encrucijada kurda tras la ofensiva del ejército sirio
El noreste de Siria vuelve a situarse en el centro de la ecuación política y militar del país. El enfrentamiento entre el ejército sirio y las Fuerzas Democráticas Sirias (SDF), la coalición armada liderada por milicias de mayoría kurda que ha administrado gran parte de la región durante la última década, ha alterado de forma sustancial el equilibrio territorial surgido tras la caída de Bashar al-Asad a finales de 2024.
Aunque un alto el fuego mediado por Estados Unidos fue firmado el 18 de enero de 2026, su fragilidad quedó patente apenas veinticuatro horas después, cuando una reunión entre el presidente Ahmad al-Sharaa y el comandante de las SDF, Mazloum Abdi, terminó sin acuerdo sobre los términos clave de la integración.
La evolución de los acontecimientos sitúa a Siria ante un punto de inflexión delicado. Para amplios sectores de la población árabe del noreste, la rápida expansión del control estatal ha sido recibida como el fin de un orden percibido como ajeno e impuesto por la guerra contra el Estado Islámico (2015-2019).
Para buena parte de la población kurda, en cambio, el avance del ejército sirio despierta temores profundos, alimentados por precedentes recientes de violencia sectaria, masacres y represión en otras regiones del país: contra alauitas en la zona costera mediterránea y contra drusos en el sur.
En este contexto, una reanudación de las hostilidades no solo amenazaría con reabrir fracturas étnicas, sino que pondría en riesgo el ya frágil proceso de transición política sirio.
El ejército sirio contra los kurdos
La ofensiva gubernamental iniciada el 16 de enero no fue un estallido improvisado, sino el desenlace de meses de negociaciones fallidas. Desde marzo de 2025, Damasco y las SDF discutían un marco general para la integración del noreste en el Estado sirio, que incluía la incorporación de las estructuras militares y administrativas autónomas en las instituciones centrales.
Sin embargo, ese entendimiento inicial, el Acuerdo del 10 de marzo, nunca se tradujo en avances concretos. El principal escollo fue siempre el mismo: el despliegue de fuerzas gubernamentales en territorio controlado por las SDF.
Para el gobierno de al-Sharaa, restaurar la cadena de mando estatal en todo el territorio es una condición indispensable para consolidar la soberanía tras 15 años de guerra. La visión de Siria del exlíder del grupo islamista Hayat Tahrir al-Sham (HTS) es un gobierno centralizado sin rivales ni proyectos políticos autónomos, y se ha evidenciado cómo está dispuesto a usar la fuerza para imponer ese modelo.
Para las SDF, en cambio, mantener el control efectivo sobre la seguridad territorial es la base de la autonomía política y militar que han construido desde 2012. La incapacidad de conciliar ambas visiones terminó por bloquear las conversaciones a principios de enero.
El colapso del diálogo precipitó una ofensiva gubernamental planificada, donde podríamos identificar su principal precedente en la operación del STG –las fuerzas sirias– del 6 de enero en los barrios kurdos de Alepo, controlados hasta el momento por Asayish –seguridad interna kurda aliada de las SDF– y que se saldó con una rápida retirada de estas fuerzas hacia el noreste bajo mediación de Washington.
Tras consolidar su control en Alepo, el ejército sirio amplió la presión militar sobre las zonas situadas entre la ciudad y el río Éufrates, de mayoría árabe y bajo control de las SDF desde la caótica situación que supuso la caída de Bashar al-Assad en diciembre de 2024. Aunque Washington intentó impulsar un alto el fuego a cambio de una retirada negociada, no se alcanzó un acuerdo claro.
Los enfrentamientos continuaron y el avance gubernamental se vio facilitado por el cambio de lealtades de los clanes tribales árabes y deserciones de grupos hasta el momento integrados en las SDF, los cuales comenzaron a alinearse con Damasco. Este proceso provocó el rápido colapso de la autoridad de las SDF en amplias zonas de Raqqa y Deir ez-Zor y su retirada hacia Hasaka y Qamishli.
Las SDF, acuerdo bajo presión
El acuerdo de alto el fuego alcanzado el 18 de enero nació marcado por una profunda asimetría y por la presión militar directa sobre las SDF. Aunque el entendimiento evitó inicialmente una extensión inmediata de los combates hacia los principales núcleos kurdos, su fragilidad quedó en evidencia al día siguiente, cuando una reunión entre Ahmed al-Sharaa y Mazloum Abdi terminó sin avances concretos y derivó en un breve repunte de los enfrentamientos.
Fue solo cuando las fuerzas gubernamentales se situaron a las puertas de Hasakah, uno de los principales bastiones kurdos, cuando las SDF aceptaron volver a la mesa y cerrar un entendimiento más detallado, consciente de que el margen de maniobra militar se había reducido casi por completo.
El nuevo marco acordado para el futuro de la gobernación de Hasaka introduce matices relevantes respecto a la versión inicial del alto el fuego. Damasco se comprometió a no desplegar tropas en el centro de Hasaka ni en Qamishli, limitando la presencia del ejército sirio a las periferias, y a no establecer fuerzas militares en aldeas kurdas, donde la seguridad quedará en manos de cuerpos locales.
A cambio, las SDF aceptan la integración completa de sus fuerzas militares y de seguridad en los ministerios de Defensa e Interior, así como la incorporación de las instituciones civiles de la administración autónoma a la estructura estatal.
El acuerdo concede además a Abdi un papel directo en la nominación de cargos clave –incluidos el vice ministro de Defensa, el gobernador de Hasakah y representantes parlamentarios– y fija un plazo de cuatro días para que las SDF presenten un plan detallado de integración.
Este entendimiento, acompañado por la entrada en vigor inmediata del Decreto nº 13 sobre derechos lingüísticos, culturales y de ciudadanía de la población kurda, fue respaldado por un anuncio formal de alto el fuego del ejército sirio a partir de la tarde del 20 de enero, con una duración inicial de esos cuatro días mencionados.
Aunque el contenido del acuerdo sigue reflejando una posición de fuerza favorable a Damasco, también muestra una mayor disposición del Estado a modular su despliegue y a ofrecer garantías políticas a cambio de una integración ordenada, garantías cuyo cumplimiento está por ver en el futuro próximo.
Para el liderazgo kurdo, aceptar estas condiciones fue una decisión forzada, pero probablemente pragmática. Rechazarlas habría supuesto arriesgarse a nuevas derrotas militares en un contexto de aislamiento regional y con un respaldo estadounidense cada vez más mermado y condicionado. Al mismo tiempo, según algunos analistas, el acuerdo no está exento de ambigüedades que podrían convertirse en espacios de negociación.
La referencia a la necesidad de “proteger el carácter especial de las zonas kurdas” abre la puerta a fórmulas intermedias entre la autonomía casi total ejercida hasta ahora y el hipercentralismo del Estado sirio tradicional.
En Kobane, por ejemplo, el texto contempla fuerzas de seguridad locales compuestas por residentes de la zona y la preservación de la policía existente, un modelo que podría extenderse a otros núcleos kurdos si se concreta adecuadamente.
Incentivos y riesgos para Damasco y las SDF
Para el gobierno sirio, la tentación de capitalizar su ventaja militar y avanzar sin concesiones adicionales es evidente. Sin embargo, una ofensiva sobre áreas densamente pobladas por kurdos tiene sus riesgos.
El coste humano podría ser elevado, y la violencia intercomunitaria podría desbordarse, como ya ocurrió en la costa en marzo de 2025 –con la minoría alauita– o en Suwayda –con la minoría drusa– meses después. Además, un enfoque exclusivamente coercitivo pondría en peligro la relación con Washington, cuya mediación ha sido clave para la rehabilitación diplomática gradual de Damasco.
Desde esta perspectiva, una aplicación flexible del acuerdo del 18 de enero podría servir mejor a los intereses del propio Al-Sharaa. Mantener temporalmente a las antiguas unidades de las SDF desplegadas en sus zonas de origen, como se hizo en el pasado con otros grupos armados reconciliados, facilitaría la estabilidad, permitiría aprovechar su experiencia –especialmente en la lucha contra células del Estado Islámico– y enviaría una señal de inclusión a las minorías.
Para las SDF, el margen de maniobra es mucho más estrecho. La pérdida de Raqqa y Deir ez-Zor parece irreversible, y cualquier intento de repliegue táctico podría provocar una respuesta militar, teniendo en cuenta el ya mencionado apoyo estadounidense reducido.
De hecho, según el The Wall Street Journal, en Washington vuelve a contemplarse la posibilidad de una retirada total de los aproximadamente 1.000 soldados desplegados en el país.
En este contexto, su principal activo es político: la capacidad de convertir las cláusulas ambiguas del acuerdo en garantías reales para la población kurda, tanto en materia de seguridad local como de derechos culturales y retorno de desplazados.
Desconfianza en las zonas kurdas de Siria
El principal riesgo en esta fase es el deterioro acelerado de la confianza mutua. Damasco teme que cualquier dilación en la implementación del acuerdo permita a las SDF reagruparse o ganar tiempo político; las SDF, por su parte, interpretan cada movimiento militar y cada ambigüedad sobre el terreno como una señal de que el alto el fuego es táctico y reversible.
Incidentes recientes, como la fuga de detenidos vinculados al Estado Islámico en Shaddadi o la retirada precipitada de las SDF de la custodia del campo de al-Hol, ilustran hasta qué punto la transición de responsabilidades de seguridad se está produciendo en un entorno de extrema fragilidad, con riesgos directos para la estabilidad regional y la lucha contra el yihadismo.
A esta dinámica se suma ahora la situación en Kobane, uno de los principales núcleos de población kurda y un enclave de enorme carga simbólica desde la derrota del Estado Islámico en 2014. Aunque el acuerdo con Damasco contempla fórmulas específicas para las zonas kurdas, sobre el terreno la ciudad se encuentra rodeada por fuerzas sirias y sometida a una presión creciente.
En los últimos días se han producido cortes de agua, electricidad y telecomunicaciones, lo que ha desencadenado una rápida degradación de las condiciones humanitarias.
La interrupción de servicios básicos, junto con informes sobre la aproximación de fuerzas hostiles al perímetro urbano y la concentración de medios militares turcos al otro lado de la frontera, ha alimentado la percepción entre la población kurda de que Kobane está siendo utilizada como instrumento de coerción política y militar, pese al alto el fuego formalmente en vigor.
Este contexto refuerza la desconfianza de las SDF hacia el ejército sirio y pone en cuestión la aplicación efectiva del cese de hostilidades. Para los actores kurdos, la presión sobre Kobane no es solo una amenaza inmediata para la población civil, sino también un mensaje político: la voluntad de neutralizar el valor simbólico y estratégico de una ciudad que encarna la experiencia de autogobierno y resistencia kurda.
Si estas prácticas continúan, el riesgo de que el conflicto derive en una escalada de carácter étnico y en una resistencia armada enquistada a largo plazo contra el poder de Damasco aumentará considerablemente.