Movimiento obrero, su brutal situación:
Denuncian la denegación de empadronamiento a personas sin hogar en Iruñea
Catorce entidades sociales de Pamplona —ELKARRI LAGUNTZA-APOYO MUTUO, PARIS 365, SOS RACISMO NAVARRA, PUNTO DE INFORMACIÓN PARA PERSONAS MIGRADAS, ASOCIACIÓN LANTXOTEGI ELKARTEA, OXFAM INTERMÓN, FUNDACIÓN ELKARTE, ETXEBIZITZA SINDIKATU SOZIALISTA IRUÑERRIA, HARITU ELKARLAGUNTZA SAREA, SALHAKETA NAFARROA, CENTRO LASA, DAR ETXEA, ASAMBLEA PADRÓN IRUÑEA e ITAKA ESCOLAPIOS— han presentado hoy 2 quejas ante el Defensor del Pueblo de Navarra al considerar que el Ayuntamiento incumple la ley en el empadronamiento de personas sin hogar. Denuncian que el Ayuntamiento está retrasando, obstaculizando y denegando de manera generalizada el empadronamiento de estas personas, impidiendo su acceso a derechos básicos como la tarjeta sanitaria, la escolarización, al sistema de protección social y a la regularización administrativa.
En febrero de 2024 el Ayuntamiento paralizó la resolución de las solicitudes de empadronamiento de personas sin domicilio, a la espera de alcanzar un acuerdo con la Federación Navarra de Municipios y Concejos, a pesar de que la legislación establece un plazo de tres meses para resolver, y en su defecto, para empadronar y emitir el certificado de silencio positivo. En noviembre de 2024, 9 meses después, a instancias de las personas interesadas, se vio obligado a empadronar a varias de ellas, pero aprobó una Instrucción obligándoles a comparecer quincenalmente en dependencias municipales. Esta exigencia fue anulada en mayo de 2025 por el Tribunal Administrativo de Navarra (TAN) por considerarla ilegal. Ante ello, la Instrucción fue dejada sin efecto por el propio consistorio el 30 de mayo de 2025.
Ampliación del plazo para resolver las solicitudes y notificar la resolución, de 3 a 6 meses. Desde el mismo día, 30 de mayo de 2025, y hasta el 26 de enero de 2026, el Ayuntamiento aprobó 36 resoluciones de prórroga que afectan a 562 solicitudes, alegando un aumento “enorme” de expedientes y la dificultad objetiva de verificar la residencia habitual.
Las entidades entienden que dichas prórrogas son injustificadas e ilegales. El Defensor del Pueblo de Navarra ya recomendó en julio de 2025 revocar estas ampliaciones y resolver los expedientes dentro del plazo ordinario, una recomendación que el Ayuntamiento rechazó expresamente.
Denegaciones sin comprobación real. La denuncia señala además que, agotado el plazo ampliado, el Ayuntamiento está denegando de forma casi sistemática las solicitudes de empadronamiento, argumentando que no ha podido constatar la residencia habitual de las personas solicitantes. Sin embargo, según las entidades, en los expedientes no consta ni una sola citación ni actuación activa de verificación, lo que consideran contrario a la normativa.
Más recientemente está exigiendo una residencia mínima de tres meses previos a la solicitud, un requisito que las organizaciones califican de arbitrario e ilegal, ya que la normativa vigente únicamente exige que la persona resida habitualmente en el municipio, sin exigir un período temporal concreto.
Bajas de oficio nulas de pleno derecho. Las organizaciones denuncian asimismo bajas de oficio de personas empadronadas en dependencias municipales, domicilios “ficticios” previstos legalmente para personas sin hogar, tramitadas sin motivo, sin notificación efectiva, publicadas indebidamente en el BOE y sin resolución y notificación de órgano competente, que las entidades denunciantes consideran nulas de pleno derecho.
Instrucción interna contraria a derecho. Se denuncia también la existencia de una Instrucción interna ilegal, que vincula el empadronamiento a la intervención social, fija un límite máximo de dos años y obliga a las personas a recoger notificaciones presencialmente, comparecencia persona que ya fue declarada ilegal en mayo de 2025 por el TAN.
Por todo ello, solicitan al Defensor del Pueblo que recomiende al Ayuntamiento de Pamplona, que facilite el empadronamiento de personas sin hogar en el plazo más breve posible, que revoque y deje sin efecto la ampliación de plazos de resolución de expedientes de empadronamiento, que verifique activamente si las personas que pretenden empadronarse residen o no habitualmente en el municipio, y no se deniegue el empadronamiento sin realizar dicha verificación, que no exija un periodo de residencia de 3 meses, ni antes ni después de la solicitud, que no obligue a las personas sin hogar empadronadas en un local municipal a comparecer personalmente en dependencias municipales, ni a suscribir un compromiso en tal sentido, que no inicie expedientes de bajas de oficio por el simple hecho de que no exista intervención social, si no existen indicios sólidos de que la persona reside en otro domicilio o no reside en el municipio, que no limite a dos años el plazo de empadronamiento en un local municipal y que las instrucciones sobre empadronamiento de personas sin hogar se publiquen en el Boletín Oficial de Navarra y en la página web del Ayuntamiento.
Pamplona-Iruña, 4 de febrero de 2026.
El apoyo mutuo toma las calles de Santander frente al racismo en Cantabria
Bajo un temporal de lluvia, cientos de personas se manifestaron el 14 de febrero en la capital cántabra contra la xenofobia institucional y en solidaridad con los menores migrantes acogidos en Cartes. La movilización, que recorrió el centro de la ciudad, señaló directamente la gestión de la alcaldesa Lorena Cueto y el «discurso del miedo» de la extrema derecha.
Una jornada de resistencia bajo el agua
A pesar del temporal que azotó Santander este sábado 14 de febrero, la determinación de la población desbordó lo simbólico para instalarse en lo político y confrontar los discursos de odio que han tensionado la convivencia en la región durante las últimas semanas.
Convocados por los colectivos Pasaje Seguro y Las Calles Contra el Fascismo, más de 500 personas se concentraron a las 12:00 horas en la Plaza del Ayuntamiento. La marcha avanzó por las principales calles de la ciudad hasta la Delegación del Gobierno, formando un frente común contra la intolerancia. Bajo el lema «Bienvenidos & Bienvenidas. El odio no cabe en Cantabria», las manifestantes recordaron, entre consignas como «todos los derechos para todas las personas», que la protección de la infancia debe prevalecer sobre cualquier cálculo partidista.
Cartes y la arquitectura del racismo institucional
Lo sucedido en Santander es la respuesta colectiva a la crisis vivida en el municipio de Cartes, donde la llegada de menores no acompañados a un centro de acogida fue recibida con arengas segregacionistas alimentadas desde las propias instituciones.
Las múltiples voces de solidaridad de estas semanas, que hoy han tomado la calle, han dejado al descubierto el fracaso del racismo institucional. Durante la lectura del manifiesto, se calificó de «absolutamente impresentable» la gestión de la alcaldesa de la localidad, Lorena Cueto, a quien se acusa de utilizar a la infancia como moneda de cambio política y de instigar el miedo en lugar de garantizar la protección de un colectivo doblemente vulnerable por su condición de menores y migrantes.
«Buscamos reparar el daño causado por las agresiones verbales y los intentos de bloqueo», subrayó Jesús Puente, de Pasaje Seguro, insistiendo en la necesidad de desmontar el falso marco de «inseguridad» que ciertos sectores pretenden instalar frente a la llegada de los jóvenes.
También se hizo un llamamiento a la organización y la lucha enfatizando en la idea de que el enemigo no son los migrantes, sino los Estados y el Capital, situando el apoyo mutuo como la herramienta clave frente a la exclusión.
Recuperar la narrativa de la acogida
La jornada del sábado supone un golpe en la mesa de la sociedad civil cántabra frente a la «fábrica del miedo» y sus tentáculos mediáticos. La movilización no solo fue un acto de apoyo a los menores de Cartes, sino una impugnación directa a un sistema que permite la criminalización de la vulnerabilidad, dejando claro que el silencio y la equidistancia no son una opción.
El conflicto de Cartes sigue abierto, pero Santander ha hablado: la sociedad organizada ha entendido que la batalla contra el racismo no se libra solo en los despachos o en las redes sociales, sino recuperando el espacio público y la narrativa de la acogida real. La solidaridad, como se demostró bajo la lluvia, sigue siendo la herramienta más eficaz para desactivar el odio y la fractura social.