
Muro de solidaridad y denuncias:
Pres@s polític@s enferm@s:
-Mª José Baños Andujar ¡libertad inmediata!
Continuar con la denuncia, la difusión, que le llegue nuestro calor solidario.
Mª José Baños, presa política greument malalta. Arrenquem-la de les urpes del feixisme! Llibertat!.

Amnistía total:
-Libertad para los criminalizados de Berango.
¡Ongi etorris libres!

Militarismo desbocado:
-El Gobierno Vasco rompe su propio acuerdo y abre la puerta a la industria militar.
Decir una cosa para luego hacer la contraria.
Una concentración ruidosa tuvo lugar el 23 de diciembre frente al Parlamento Vasco, en Gasteiz, para rechazar la modificación del artículo 10.4 de la Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad 3/2024, una reforma que, según denuncian las organizaciones convocantes, abre la puerta a destinar fondos públicos a la industria militar vasca dentro del marco de los presupuestos de 2026.
La protesta, convocada bajo el lema “No a la modificación de la ley vasca de cooperación. Presupuestos 2026. NI 1€ PÚBLICO PARA LA INDUSTRIA MILITAR VASCA”, ha sido impulsada por una amplia y variada red de organizaciones sociales, pacifistas, feministas y de cooperación.
Denunciaron el riesgo de que la modificación presupuestaria introducida por los grupos del Gobierno Vasco permita el uso militar de hasta 325 millones de euros de inversión industrial, una movilización que estas entidades consideran contraria a los principios históricos de la normativa de cooperación vasca.
La Ley Vasca de Cooperación y Solidaridad 3/2024, aprobada el 15 de febrero de 2024 por práctica unanimidad de los grupos políticos, fue celebrada por una parte significativa de la sociedad civil. En especial, su artículo 10.4, que establece que “el sector público de la C.A. de Euskadi, en sus políticas de promoción económica, no colaborará con aquellas personas físicas o jurídicas dedicadas a la producción, comercialización y financiación de armamento o tecnología de uso militar”, fue considerado un avance ético relevante contra la industria armamentística.
Sin embargo, según denuncian las entidades, el Gobierno Vasco pretende modificar ese artículo dentro del procedimiento de aprobación de los presupuestos de 2026, mediante una moción de última hora y de carácter reservado, lo que supondría desactivar su contenido antimilitarista y pacifista. La reforma permitiría apoyar la producción militar cuando esta “se encuadre en la Estrategia Europea de Seguridad”, una excepción que, a juicio de las organizaciones convocantes, vacía de contenido la prohibición original. El Ejecutivo autonómico justifica el cambio alegando que estarían en riesgo 325 millones de euros de inversión industrial en Euskadi. Frente a este argumento, las entidades denunciantes cuestionan el valor real de la coherencia institucional en materia de paz y solidaridad, así como el precio político y moral que se asigna a las vidas humanas destruidas por los conflictos armados.
De: Ecuador Etxea.

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