Muro de solidaridad y denuncias:
Fiscalía archiva la denuncia por borrado de mamografías
El pasado 21 de octubre, con motivo del escándalo de los cribados de cáncer de mama en Andalucía, la asociación de afectadas por la enfermedad Amama presentó una denuncia sobre un supuesto borrado de mamografías en el Servicio Andaluz de Salud. Su intención era que se aclarara si lo que había sucedido habría incurrido en un delito de obstrucción a la justicia, encubrimiento y contra la seguridad e integridad de la información sanitaria. La asociación planteaba también posibles delitos de infidelidad en la custodia de documentos, daño contra la intimidad y falta de integridad de la función pública.
A esa denuncia se sumó posteriormente el Defensor del Paciente, asegurando que se habían podido destruir documentos que contenían información confidencial sobre la salud y el tratamiento de las afectadas. Por su parte, el gobierno andaluz negó estas acusaciones en todo momento, además de quitar públicamente importancia a un problema que ha dejado a miles de pacientes sin revisiones necesarias.
La policía judicial ha investigado tres vertientes para saber si los fallos en el acceso a las pruebas diagnósticas en los sistemas tanto de pacientes como de los médicos respondían a un borrado intencionado o a un acceso ilícito a las bases de datos del Servicio Andaluz de Salud.
Por un lado, señalan los fiscales, no hubo borrado de datos: «Las auditorías realizadas sobre los historiales de las pacientes denunciantes confirman que no se han producido modificaciones, supresiones ni accesos no autorizados en sus expedientes médicos. Los registros de seguridad (logs) demuestran que la información se mantiene íntegra y coincidente con los protocolos asistenciales».
Por otro, respecto a la denuncia específica de una paciente —cuya identidad Amama había mantenido oculta por temor a represalias— sobre la supuesta eliminación de un informe de mamografía y la anulación de una ecografía, «la investigación técnica ha descartado cualquier manipulación». «Los cambios en la programación de pruebas obedecieron a criterios de gestión clínica y no a una intervención externa o malintencionada», afirma la Fiscalía de Sevilla.
Y en tercer lugar, sobre la imposibilidad temporal de acceder a los historiales que también fue denunciado, lo que se produjo fue, según la Fiscalía, una «saturación del sistema». «Ni manipulación interna ni sabotaje externo«. «La caída del servicio de visualización experimentada en octubre de 2025 fue provocada por una avalancha de peticiones que saturó el módulo de Visor para la ciudadanía», exponen los fiscales.
Finalmente la fiscalía ha archivado el caso ya que según ellos “La Sección de Criminalidad Informática descarta la comisión de delitos de descubrimiento de secretos o daños informáticos tras una auditoría técnica», «Al no apreciarse indicios de los delitos de descubrimiento y revelación de secretos (artículos 197 y 198 del Código Peal) ni de daños informáticos (artículo 264), el Fiscal Delegado de Criminalidad Informática ha acordado el archivo de las actuaciones».
Recordemos que el escándalo surgió a raíz de que por lo menos 2.000 mujeres cuyos estudios del cáncer de mama necesitan revisión no habían sido avisadas. Esta investigación demuestra que el problema no es un caso puntual o un borrado de datos por un actor malintencionado, los culpables son aquellos que han recortado en sanidad y han empeorado los servicios públicos con falta de personal, financiación e infraestructura. Mientras tanto, las plazas abiertas en las oposiciones a los cuerpos represivos suben año tras año y los presupuestos militares se disparan. Casos como este seguirán ocurriendo mientras no se refuercen los servicios públicos y la única forma de conseguirlo es luchar por unos servicios públicos de calidad.
Futuro Vegetal a prisión por cortar un paso de peatones
El pasado 2023, durante la tercera cumbre de la Comunidad Política Europea, activistas del colectivo ecologista Futuro Vegetal protestaron contra la falta de decisión de los 27 países en materia de lucha climática a la vez que contra las políticas de rearme y militarización de la Unión Europea. Unas políticas de gasto militar que hemos visto en los años posteriores como iban reforzándose y durante la propia cumbre recibieron un fuerte impulso por parte de medio centenar de jefes de Estado y de Gobierno del continente.
La acción que los activistas de Futuro Vegetal llevaron a cabo consistió en sentarse y pegar las manos al asfalto de la avenida de los Reyes Católicos para cortar el tráfico, desplegando una pancarta en la que se podía leer “UE ecofascista”. Se trató de una “protesta simbólica no violenta”, como remarcan desde el colectivo en la que, aseguran, no hubo “actos de violencia o intimidación”, tal como señala el Código Penal al respecto de este delito. “La protesta fue absolutamente pacífica, sin agresiones, sin intimidación, simplemente activistas bloqueando una calle como gesto de desobediencia civil simbólica”, asegura Bilbo Bassaterra, cofundador de la organización.
Desde la organización señalan que el objetivo de la acción por la que tres activistas fueron detenidas fue “visibilizar la crisis climática, denunciar las políticas extractivistas y reclamar justicia ecosocial”.
Tras la detención se inició un proceso judicial en el que la fiscalía acaba de pedir una pena de casi dos años de prisión, 720 días, por un delito de desórdenes públicos. En caso de que la pena finalmente fuese la pedida por la fiscalía sería de menos de dos años, faltarían 10 días, lo que en el imaginario público implica que no entraría en prisión. No obstante la realidad es que esa regla no tiene por qué cumplirse y sin arrepentimiento existe la posibilidad de que las activistas entren en prisión.
La organización ecologista denuncia que la petición de la fiscalía se encuadra en un contexto más amplio de represión contra Futuro Vegetal y el activismo ecosocial en general. Ya entonces el colectivo denunció que la detención de los tres activistas se había producido “de forma ilegal” y que una de ellas ni siquiera había participado en el acto y su abogada denunció irregularidades en las detenciones.
La persecución a Futuro Vegetal por parte del Estado ha sido una constante estos últimos años, a pesar de que la fiscalía rectificó en 2023 su informe en el que calificaba la actividad de protesta de los colectivos ecologistas Futuro Vegetal y Extinction Rebellion como “actividad terrorista” ese mismo año 30 militantes de Futuro Vegetal fueron detenidos por organización criminal. La actitud del colectivo en este aspecto ha sido ejemplar, no dejándose vencer por el miedo y la represión e intensificando sus acciones en respuesta a estas acusaciones.