Movimiento obrero. Su brutal situación:
Estatuto Marco: El futuro de la sanidad pública en juego
El Ministerio de Sanidad no quiere que termine el año sin cerrar uno de sus asuntos más complicados, la reforma del Estatuto Marco(EM). En este último sprint para cerrar el estatuto el ministerio se reunió con el Ámbito de Negociación, donde están representados CSIF, SATSE-FSES, FSS-CCOO, UGT y CIG-Saúde. Esta reforma no se trata de un mero ajuste, es una actualización a fondo que además responde a un compromiso con la Unión Europea, que exige un paquete de reformas para poder acceder a los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. Además la norma actual tiene ya más de dos décadas en las que el sistema sanitario español ha cambiado completamente en estructura, plantilla y realidad asistencial.
En el encuentro se trataron cuestiones como la jubilación y la jornada laboral del personal sanitario, en una negociación que no parece llegar a ninguna conclusión, lo que llevó a la cartera de Sanidad de vuelta a la mesa de negociaciones, esta vez con el Comité de huelga de los médicos, en un intento de dar un impulso al texto.
El proceso de mediación se ha convertido en una auténtica maratón. Han pasado ya tres años desde que, en septiembre de 2022, sindicatos, comunidades autónomas y la propia Administración se reunieran por primera vez para debatir la nueva norma. No es casualidad que esté costando tanto cerrarla. Hay demasiado en juego. El documento en cuestión no es un trámite más. Regula las condiciones laborales del personal sanitario, el esqueleto sobre el que se sostiene buena parte de la calidad asistencial del país. Define derechos, deberes, criterios de selección, movilidad, jornada, permisos, retribuciones y régimen disciplinario. Es decir, marca las reglas del trabajo de quienes garantizan el sistema público de salud.
El último borrador de la norma, a pesar de incorporar algunas de las sugerencias del Ámbito de Negociación, despertó quejas entre las organizaciones sindicales que denunciaron que el texto tenía carencias fundamentales y es incapaz de garantizar derechos ni de mejorar las condiciones laborales del personal del Sistema Nacional de Salud. Las quejas se centran en tres puntos: guardias y jornada, jubilación y movilidad, y categorías profesionales. Respecto a la jornada, la Administración planteó un recorte teórico de la jornada a 17 horas, un límite mensual de guardias y una redistribución horaria que, lejos de aplaudirse, despertó críticas por las «salvedades» introducidas y por «seguir sin reconocer» las guardias como horas extraordinarias.
Desde el Movimiento Asambleario de Trabajadoras y Trabajadores de Sanidad MATS afirman que la experiencia del Estatuto Marco vigente no se ha utilizado para corregir errores y reforzar el sistema público: «La Administración no ha hecho una evaluación seria del Estatuto actual antes de plantear su reforma. Y eso, en sí mismo, ya demuestra un fallo de método». Para el portavoz el problema se remonta al propio Estatuto aprobado en 2003, durante el Gobierno de Aznar. «Se elaboró con una lógica neoliberal, pensada para facilitar los procesos de privatización, mercantilización, recortes y precarización del sistema sanitario». «Aquel texto lo apoyaron los sindicatos y también el PSOE. Todos fueron padres de la criatura», critica. Cordón engarza que «el error estructural fue otorgar un poder casi absoluto a las autonomías sin mecanismos de control». «Cuando dejas que cada gobierno autonómico haga y deshaga a su antojo, sin contrapesos ni del Gobierno central, ni de los trabajadores, ni de los usuarios, el resultado es el deterioro generalizado que hoy sufrimos», razona.
Respecto al nuevo Estatuto Marco, desde MATS critican que la norma no obliga a las comunidades a fijar ratios mínimos de personal y eso fomenta “la temporalidad, la escasez de plantillas y la precariedad«. También recriminan al texto el carácter punitivo del Estatuto: “No protege al trabajador que denuncia corrupción o mal uso del dinero público; al contrario, se le castiga con expedientes». «El Estatuto Marco ha servido como barrera para mejorar las condiciones laborales y ha profundizado las desigualdades entre comunidades. Ha dejado a los trabajadores con el culo al aire».
Desde el mismo sindicato, en el Hospital Gregorio Marañón, comparten la visión de sus compañeros de que los cambios del texto son más cosméticos que sustanciales y afirman que «La reforma del Estatuto no da señales de ser un cambio real». Desde Madrid ponen el foco en dos puntos: la temporalidad y la falta de control efectivo: «La temporalidad en la sanidad pública no es algo coyuntural ni un problema puntual: es estructural, y el Estatuto Marco la ampara. No establece límites claros ni sanciona a las administraciones que incumplen la normativa europea en materia de empleo público».
Dada la tremenda trascendencia de esta ley los sindicatos no piensan dejar la lucha por sus condiciones laborales y por la sanidad pública. Las movilizaciones continuarán el 15 de noviembre y vendrá acompañada de huelgas para los días 9, 10, 11 y 12 de diciembre.
El Ayuntamiento de Málaga desprecia la reunión con los socorristas de playa
El pasado dos de noviembre CGT convocó en el SERCLA, el Sistema Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales en Andalucía, a la UT Playas de Málaga y al Ayuntamiento, al ser la empresa principal y dueña de la concesión. No obstante el Ayuntamiento no asistió sin dar ningún aviso o alegar causa alguna. El sindicato ve esto como una muestra de desprecio total por la situación que padece el colectivo de socorristas, siendo cómplice absoluto de los atropellos en materia de retribuciones, de cotizaciones fraudulentas a la seguridad social y de actuaciones ilícitas en materia de contratación.
Por su lado, la empresa se ha comprometido con la sección sindical de CGT Socorrismo Playas de Málaga a iniciar un proceso de reuniones en el que revisar nóminas, contratos, cotizaciones y todas las cuestiones que se les planteen respecto a incumplimientos del pliego de condiciones. Estos incumplimientos son los que afectan gravemente a la prestación del servicio público de salvamento y socorrismo en las playas.
El sindicato se ha mostrado receloso pese a haber conseguido forzar el acuerdo y denuncia la actitud “pasota” de la empresa. Por el momento han anunciado que continuarán denunciando la precariedad y abusos a los que el colectivo de socorristas y salvamento de las playas es sometido.