
Movimiento obrero:
Un fondo de inversión se hizo pasar por pequeño casero para echar a un inquilino
En 2023 la finca de la calle Sant Agustí 14, de Barcelona, fue adquirida por la empresa NAD Gracia, empresa que depende de New Amsterdam Developers, una compañía holandesa que tiene más de 100 pisos en la ciudad.
Solo cinco de los inquilinos previos al cambio de propiedad aguantan en el edificio a día de hoy, tres de ellos sin contrato, que se han visto obligados a resistir organizados en el Sindicato de Inquilinas de Catalunya. Otros cuatro pisos funcionan ya como colivings y se arrendan sus habitaciones a entre 800 y 1.100 euros al mes, según se aprecia en los portales inmobiliarios.
Una de las inquilinas sin contrato es la que recibió una demanda de desalojo donde la propiedad, la empresa NAD Gracia SL, se hacía pasar por un pequeño casero. De esta manera lo que perseguía era ahorrarse una mediación con la Generalitat. Hasta este 2025, solo los grandes tenedores estaban obligados a pasar por una intermediación con la Agencia de la Vivienda de Catalunya (AHC) antes de un desahucio.
Este sangrante caso no es nuevo para los inquilinos catalanes, ya que se ha extendido la práctica de que los fondos de inversión se hagan pasar por pequeños caseros para evitar la normativa que se aplica a los grandes tenedores, como por ejemplo la obligación de bajar el precio del alquiler si supera el fijado por el índice oficial, tal como dicta la Ley de Vivienda.
Estos intentos de los grandes tenedores de hacerse pasar por pequeños propietarios vienen de un criterio orientador, que no es un documento vinculante, elaborado por jueces de primera instancia de Barcelona que razona que: como la Ley de Vivienda se refiere al gran tenedor como el titular de “diez o más inmuebles” o de una superficie residencial de 1.500 m2, una finca entera –tenga los pisos que tenga– se puede contar como uno solo de esos inmuebles.
Esto aplicaría a aquellos bloques que consten en el Registro de la Propiedad como una “finca registral”, que suelen ser aquellos que siempre han sido de propiedad única y por lo tanto no tienen hecha la llamada división horizontal. De este modo, un dueño de 15 pisos repartidos por Barcelona sería gran tenedor, pero otro con 20 pisos en una sola escalera podría no serlo.
El Sindicato de Inquilinas celebra que en este caso la jugada no les haya funcionado y haber conseguido una resolución que refuta este argumento. El decreto emitido por la Letrada de la Administración de Justicia del juzgado de instrucción 35 de Barcelona resuelve que “debido a la descripción que obra en el catastro, la demandante, la empresa en este caso, posee 11 viviendas y a tal efecto debe considerarse como gran tenedor”. La Letrada abunda además que el criterio orientador de los jueces no es de “obligado cumplimiento”.
Aun así, el conflicto en Sant Agustí está lejos de finalizar. Esta resolución no pone fin a las demandas de desahucio que pesan sobre otros inquilinos. Las inquilinas y el sindicato tendrán que seguir luchando para que estas vecinas mantengan sus hogares.

Primera victoria de la huelga de alquileres contra la Caixa
El bloque de 57 pisos protegidos en Banyoles, propiedad de la agencia inmobiliaria de la Caixa, será vendido y blindado como vivienda pública y protegida para siempre. Se trata de pisos protegidos que la Caixa construyó con fondos públicos pero mantuvo la gestión en manos privadas. Después de 20 años se extinguió el régimen de alquiler protegido de las viviendas y La Caixa empezó a expulsar a los vecinos para vender y privatizar los pisos. Durante todos estos años, los inquilinos han estado sufriendo de cláusulas abusivas, falta de mantenimiento y precios inflados por encima de los límites de la vivienda subvencionada, lo que los llevó en 2020 a organizarse con el Sindicat de Llogateres (Sindicato de Inquilinas en castellano).
La compra por parte del Instituto Catalán del Suelo (Incasol) se anuncia junto a la adquisición de dos bloques más de La Caixa ubicados en Mollet del Vallés y Lleida. Los inquilinos de Lleida decidieron la semana pasada unirse a la huelga de renta. El traslado de estas viviendas protegidas en proceso de descalificación al stock de viviendas públicas es la principal demanda de la huelga de alquiler contra La Caixa, lanzada desde el 1 de abril por 68 familias.
Este anuncio llega tras más de siete meses de huelga de alquileres sostenida por 68 familias catalanas. Desde abril han retenido más de 225.000€ en rentas y han llevado a Inmocriteria, la inmobiliaria de La Caixa, a los tribunales por imponer cláusulas abusivas en 1.700 contratos y exigir la devolución de más de 300.000€ cobrados por el IBI. Es la huelga de renta más importante de los últimos años y la primera en conseguir resultados tangibles.
La lucha no acaba aquí, el Sindicat de Llogateres reclama que el resto de bloques en huelga (Can Peric y Can Vilar en Sentmenat; Plana Est y Blanca Subur en Sitges; e Illa d’en Pla en Palau-solità i Plegamans) también sean adquiridos, junto con todas las promociones de la Fundación La Caixa que actualmente se encuentran en proceso de descalificación de viviendas subvencionadas y que suman más de 1300 viviendas.
Por otro lado exigen que La Caixa retire inmediatamente todas las demandas de expulsión y otros procedimientos legales abiertos contra las familias en huelga de alquileres. El dinero retenido de la huelga no se pagará hasta que la entidad se siente a negociar.
La victoria del bloque de Banyoles tampoco es el final de la lucha en ese bloque. Ahora que pasará a ser público la comunidad de inquilinos ya ha avanzado que continuarán con la huelga hasta que se cumplan las demandas y llama a Incasòl a reconocer el derecho de negociación colectiva, que los contratos sean renovados eliminando las cláusulas abusivas y con alquileres ajustados a los ingresos de los hogares y que se reanude el mantenimiento adecuado de los edificios.
El Sindicat de Llogateres ve en esta victoria una muestra de que las huelgas de alquileres son una herramienta útil y que la organización de los inquilinos es la única garantía para defender el derechos a la vivienda. El Sindicat de Llogateres pide solidaridad con los huelguistas, llenando la caja de resistencia y uniéndose al Sindicat