Internacional
Grecia
El Parlamento de Grecia aprueba ampliar la jornada laboral hasta un máximo de 13 horas diarias
El Parlamento de Grecia aprobó un proyecto de ley presentado por el Gobierno conservador Nueva Democracia gracias a su mayoría absoluta que extiende la jornada laboral en el sector privado hasta un máximo de 13 horas diarias mientras que toda la oposición votó en contra, excepto el izquierdista Syriza que se retiró de la votación para «no legalizar con su voto» lo que calificó como una «ley monstruosa».
El Gobierno defiende que la jornada laboral de 13 horas es opcional, solo afecta al sector privado y puede aplicarse un máximo de 37 días al año.
La aprobación de la ley se realiza a pesar de las dos huelgas generales que paralizaron el país los pasados días 1 y 14 de octubre convocadas por los principales sindicatos del sector público y privado, ADEDY y GSEE, para exigir que el Gobierno retire el proyecto.
Los economistas explican la medida por la falta de trabajadores en el sector de servicios y la hostelería, especialmente durante la temporada turística de verano.
Cabe recordar que desde julio de 2024 los trabajadores de la industria, el comercio minorista, la agricultura y algunos servicios están obligados a trabajar seis días a la semana si su empleador lo exige a cambio de una bonificación del 40 % aplicable al sexto día.
Con la aprobación de este proyecto de ley, el Gobierno de Mitsotakis ha transformado el mercado laboral griego en uno de los más flexibles de Europa, con lo que ello conlleva: precarización extrema y mayores dificultades para que los trabajadores lleven una vida digna.
Sáhara
Marruecos no cesa en las violaciones de DDHH en el Sáhara
Un mes más, septiembre, ha sido testigo de la violación de los Derechos Humanos y atropellos que se producen en el Sáhara Occidental, el territorio que España abandonó sin proceder a su descolonización y que Marruecos mantiene bajo ocupación militar, persiguiendo a los saharauis que quieren poder decidir su futuro, como contemplan las Naciones Unidas.
Las violaciones de los Derechos Humanos en la que fue la provincia 53 española han vuelto a ser denunciadas por organismos de la ONU y varias ONG de DDHH, sin que, como ocurre siempre que se trata del Sáhara Occidental, hayan merecido pronunciamiento alguno del Gobierno de Pedro Sánchez, a pesar de que España, miembro del Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas en el período 2025-2027, declara ser “un país profundamente comprometido con los derechos humanos, cuya protección y promoción constituyen un eje fundamental de la política exterior española”.
Así, en Ginebra, en el Consejo de Derechos Humanos de la ONU la Representante Permanente Adjunta de Sudáfrica, Tsholofelo Tsheole, denunció el uso por parte de Marruecos de la detención arbitraria como herramienta de represión contra los presos políticos saharauis.
En su intervención en la conferencia “Sin defensa: El crimen de ser saharaui”, Tsheole estableció un vínculo directo entre el trato dispensado por Marruecos a los prisioneros saharauis y la historia del apartheid en Sudáfrica.
Describió la detención arbitraria como “no sólo una violación de los DDHH, sino también un instrumento destinado a desmantelar toda forma de resistencia pacífica y crear un clima de miedo”. Citando testimonios e informes de la ONU, Tsheole condenó el uso generalizado de arrestos sin orden judicial, detenciones en régimen de incomunicación, torturas y juicios sin acceso a un abogado independiente.
Señaló que las conclusiones de los mecanismos de DDHH de la ONU, incluido el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y el Comité contra la Tortura, siguen siendo “deliberadamente ignoradas” por las autoridades marroquíes, y subrayó que los persistentes abusos son inseparables de la negación del derecho del pueblo saharaui a la autodeterminación, un principio consagrado en el derecho internacional.
Recordó que a la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no se le había permitido visitar el Sáhara Occidental durante nueve años consecutivos, a pesar de los reiterados llamamientos para que lo hiciera. “Esta tragedia humana continuará hasta que pongamos fin definitivamente a la ocupación ilegal del Sáhara Occidental”, dijo Tsheole.
En el mismo escenario de Ginebra, cuatro Relatoras Especiales de las Naciones Unidas enviaron una enérgica comunicación escrita al Embajador de Marruecos, expresando su profunda preocupación por la continua persecución de los defensores de los derechos humanos saharauis, destacando los casos del preso político Al-Hussein Al-Bashir Ibrahim (El Hussein Amaadour), que buscó asilo en España y fue entregado por el Ministerio de Interior, que dirige Fernando Grande-Marlaska, a Marruecos, donde fue condenado a 12 años de cárcel, y el de su hermana, la activista Soukaina Amaadour.
Como relató Contramutis, las Relatoras de la ONU recordaron que la detención del defensor de DDHH ya fue declarada arbitraria por el Grupo de Trabajo de la ONU sobre la Detención Arbitraria, que pidió su liberación inmediata y reparación y que, a pesar de ello, las autoridades marroquíes lo han mantenido encarcelado en condiciones deterioradas, lejos de su hogar familiar, en celdas superpobladas y antihigiénicas, y sin acceso adecuado a atención médica o educación.
Las Relatoras inciden en que las acciones de Marruecos violan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), ratificado por Marruecos en 1979, y piden al Gobierno marroquí que proporcione información sobre las denuncias de tortura, acoso y denegación de atención sanitaria, aclaraciones sobre las razones por las que se han ignorado sus solicitudes de estar detenido más cerca de su familia.
A estas denuncias se suman las de ONG saharauis, como el El Colectivo de Defensores de Derechos Humanos Saharauis en el Sáhara Occidental (CODESA) que alertó sobre las “prácticas arbitrarias” que sufren los estudiantes saharauis en las universidades marroquíes, con la detención de ocho estudiantes saharauis en Agadir, varios de los cuales fueron llevados a prisión.
Un caso significativo ocurrido en septiembre fue la destrucción en la ciudad ocupada de Dajla de un pequeño proyecto en el que trabajaba desde hace más de veinte años el ciudadano saharaui Sidati El Khatat, que le proporcionaba ingresos y cubría las necesidades de su familia.
Según CODESA, esta operación forma parte de una estrategia sistemática marroquí para privar a los saharauis propietarios de pequeños negocios de su derecho a ganarse la vida; recuerda que Dajla ya fue escenario de procesos de adjudicación de proyectos de inversión, de unidades hoteleras y de la privatización de la bahía de Dajla en favor de extranjeros.
Ante estas denuncias Pedro Sánchez y su ministro de Exteriores, José Manuel Albares, guardan silencio, lo mismo que hacen ante la concentración que desde hace cuatro años y siete meses realiza los lunes (12.30 h) ante la sede de Exteriores en la Plaza de la Provincia de Madrid el Movimiento por los Presos Políticos Saharauis (MPPS) para que España, como potencia administradora del Sáhara Occidental, actúe ante las autoridades marroquís por los Derechos Humanos y la libertad de los reclusos saharauis en cárceles marroquíes.
“No hay peor sordo que el que no quiere oír”, dice un refrán que para el Instituto Cervantes tiene la siguiente explicación: “Resultan inútiles las razones con que se intenta persuadir al que con tenacidad y malicia no quiere atender a las razones de otro.