Muro de solidaridad y denuncias:
“50 años de libertad”:
TORTURAS
Irídia lleva al Tribunal Europeo de Derechos Humanos el caso de Carles Vallejo por la “impunidad de los crímenes del franquismo”
Es la primera demanda ante el TEDH sobre torturas del franquismo presentada tras la aprobación de la Ley de 2022.
Reclama que se obligue al Estado español “a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva y efectiva sobre la tortura sufrida, identificando a los responsables, enjuiciándolos e imponiendo las sanciones apropiadas”
Carles Vallejo, sindicalista histórico y presidente de la Asociación Catalana de Personas Expresas Políticas del Franquismo, ha presentado hoy, de la mano de Irídia –Centro para la Defensa de los Derechos Humanos–, una demanda ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) por la negativa de los tribunales españoles a investigar las torturas que sufrió entre los años 1970 y 1971 en la comisaría de Vía Laietana de Barcelona en el marco de la represión generalizada y sistemática de la dictadura. Consta de 20 páginas donde se explican todos los hechos, los diferentes pasos que se han dado ante los distintos tribunales y, por último, reclama que se obligue al Estado español “a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva y efectiva sobre la tortura sufrida, identificando a los responsables, enjuiciándolos e imponiendo las sanciones apropiadas”.
La denuncia penal se basa en “la tortura sistemática que sufrió entre 1970 y 1971” y que fue llevada a cabo “por oficiales de la Sexta Brigada Regional de Investigación Político-Social en el Cuartel General de la Policía de Barcelona”. Consta de 20 páginas donde se explican todos los hechos, los diferentes pasos que se han dado ante los distintos tribunales y, por último, reclama que se obligue al Estado español “a llevar a cabo una investigación rápida, exhaustiva y efectiva sobre la tortura sufrida, identificando a los responsables, enjuiciándolos e imponiendo las sanciones apropiadas” y a otorgar al afectado “una reparación completa”, reservándose “el derecho de reclamar daños, gastos y costos” de esa etapa que fue perseguido y torturado por la policía.
En la demanda también se pide al TEDH que adopte medidas generales “para evitar la recurrencia de violaciones similares: Aplicar la Ley de Memoria Democrática 20/2022 de 19 de octubre de conformidad con las normas de la Convención Europea de Derechos Humanos (CEDH), garantizando los derechos a la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición para las víctimas del régimen de Franco”. E “interpretar la Ley de Amnistía 46/1977 de 15 de octubre, de conformidad con las obligaciones internacionales de España en virtud del CEDH para garantizar la investigación, el enjuiciamiento y el castigo de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura de Franco”.
También solicita “enmendar la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre, Código Penal, para incorporar expresamente el principio de legalidad internacional, garantizando el cumplimiento de las normas internacionales sobre la definición y no aplicabilidad del estatuto de limitaciones a los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra”.
Y se reclama que se garantice “el acceso público a los archivos estatales relacionados con la represión franquista, eliminando los obstáculos legales y adoptando regulaciones consistentes con las normas internacionales para garantizar el derecho a la verdad”, a la vez que “permitir el acceso a recursos civiles y administrativos eficaces por violaciones graves de los derechos humanos para garantizar una compensación adecuada y otras formas de reparación para las víctimas de la tortura”.
*Delitos de tortura no prescriben
Se trata de la primera demanda interpuesta ante el TEDH sobre torturas del franquismo tras la aprobación de la Ley de Memoria Democrática de 2022, que establecía la obligación de investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante la dictadura y que reconoce expresamente que “estos no prescriben ni pueden ser amnistiados”.
A pesar de ello, el Juzgado de Instrucción nº 18 de Barcelona rechazó su querella “sin practicar ninguna diligencia de investigación, alegando los mismos obstáculos de siempre: la prescripción del delito y el principio de legalidad, así como la Ley de Amnistía de 1977”. La sección octava de la Audiencia Provincial de Barcelona confirmó la decisión y finalmente el Tribunal Constitucional inadmitió el recurso de amparo.
Como indica la demanda ante el Alto Tribunal Europeo de Derechos Humanos, “desestimar el caso sin una investigación preliminar para determinar si los delitos realmente constituían crímenes de lesa humanidad en el momento en que se cometieron está en contradicción directa con la jurisprudencia del TEDH en los artículos 3 y 13 de la Convención. Como reconoce el Tribunal, los crímenes de lesa humanidad no están sujetos a un estatuto de limitaciones en virtud del derecho internacional, un principio reafirmado expresamente en la nueva Ley de Memoria Democrática” del Estado español.
Por tal motivo, la demanda denuncia “la vulneración de esos artículos 3 y 13 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que garantizan el derecho a una investigación efectiva ante denuncias de tortura y el derecho a un recurso efectivo” y, a la vez, el texto subraya que “la negativa de los tribunales españoles a investigar supone un incumplimiento flagrante de las obligaciones internacionales del Estado español“.
La demanda detalla ese rechazo de los diferentes tribunales a tener en cuenta la denuncia de torturas de Carles Vallejo. Por lo que recuerda que el Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura, “aunque acogió con satisfacción la Ley de Memoria Democrática, lamenta que el poder judicial haya bloqueado las investigaciones” y, según relata la demanda, “reiteró que tales crímenes no deben estar sujetos a amnistía ni a restricciones de tiempo”. Añade que, “del mismo modo, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura se quejó recientemente de que la Ley de Amnistía sigue vigente”.
*Brigada Político-Social
Vallejo fue detenido a los 20 años por la Brigada Político-Social y sometido a 21 días de incomunicación y torturas físicas y psicológicas “como represalia por su actividad sindical y política”, lo que le llevó a exiliarse. “Aunque ha recibido diversos reconocimientos oficiales como víctima del franquismo, nunca ha obtenido ni verdad, ni justicia, ni reparación efectiva”, como indica Irídia.
De hecho, fue evaluado por el Centro Sira para Víctimas de Maltrato y Tortura de acuerdo con el Protocolo de Estambul de las Naciones Unidas. “El informe experto del 10 de noviembre de 2022 (Doc. No. 30) concluye que el testimonio del solicitante es altamente consistente y creíble”, según se indica en la demanda presentada ante el TEDH.
Entre otros muchos argumentos, la demanda indica que “la transición a la democracia en España se caracterizó por una decisión deliberada de proteger a los perpetradores bajo la premisa de que la consolidación de la democracia y la paz social requería olvidar el pasado. Esto deja de lado efectivamente la investigación y el enjuiciamiento de las violaciones graves de los derechos humanos en aras de la conciliación, así como de cualquier forma de reparación para las víctimas”, recuerda.
Pero añade, en este sentido, “la amplitud de la Ley de Amnistía de 1977, combinada con esfuerzos políticos sostenidos para obstruir cualquier investigación sobre las violaciones sistemáticas y generalizadas de los derechos humanos del régimen de Franco, creó una situación en España que difiere fundamentalmente de los casos anteriores examinados por el Tribunal. La impunidad institucionalizada resultante después del régimen autoritario significó que transcurrieron décadas antes de que se pudiera tomar medidas de investigación genuinas. De hecho, no es hasta los últimos años que el Parlamento español ha promulgado una legislación que proporciona un marco para investigar y enjuiciar tales delitos”.
Actualmente, más de 100 personas supervivientes de tortura franquista continúan vivas y reclamando justicia. 5.820 personas y 175 entidades ya han dado apoyo a la campaña “Nunca es tarde para hacer justicia, pero tiene que ser ahora”, que acompaña esta acción judicial.
Con esta demanda, Carles Vallejo y las entidades memorialistas esperan que el TEDH abra de una vez por todas la puerta a la investigación judicial de los crímenes de la dictadura de Franco y obligue al Estado español a cumplir con los estándares internacionales en materia de derechos humanos.
–https://sareantifaxista.blogspot.com/2025/09/iridia-lleva-al-tribunal-europeo-de.html