Movimiento obrero. Su brutal situación.
Trabajadores de DIGI denuncian la traición de CCOO y UGT
Los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones DIGI en Cantabria, Euskal Herria y A Coruña llevaron a cabo una huelga de tres jornadas, del martes 23 al jueves 25 de septiembre, en protesta por la firma de un nuevo convenio colectivo que afectará a todas las delegaciones del país y que causará una pérdida de derechos laborales.
Los trabajadores cántabros, que se dividen entre instaladores y personal de tienda, se concentraron de forma unitaria el miércoles frente a las sedes de CCOO y UGT para denunciar el retroceso en derechos que supone este nuevo convenio y cómo se ha llevado a cabo la negociación a espaldas de los trabajadores para, finalmente, acabar con un convenio que “Empeora claramente nuestros derechos”. Según CGT supone “graves recortes en retribuciones, jornada y condiciones laborales”.
La empresa, que anteriormente estaba suscrita al convenio de la siderometalurgia, comenzó una negociación con CCOO y UGT a nivel nacional para acordar un convenio que unificara los distintos convenios que la compañía tenía por comunidades. Al saber esta noticia los delegados territoriales empezaron a mostrar su rechazo ya que el nuevo planteamiento empeoraba sus condiciones laborales. A partir de ese punto los sindicatos dejaron de informar del estado de las negociaciones a nivel nacional, llegando al punto en que, según denuncian los manifestantes de Santander, ni la votación para pronunciarse sobre el convenio ni el correspondiente recuento se ha hecho de la forma habitual y que no hay registros sólidos.
Los trabajadores, además de las movilizaciones, han presentado denuncias ante la Inspección de Trabajo por vulneración de derechos laborales.
Inspección de Trabajo sanciona a Digi por no respetar la voluntariedad
Tras la denuncia presentada por CGT Andalucía, Ceuta y Melilla, la Inspección de Trabajo ha emitido un acta de infracción y sanciones a la empresa de telecomunicaciones Digi. El sindicato llevaba meses denunciando los abusos laborales cometidos por la empresa, que según sus representantes han provocado un grave deterioro de las condiciones básicas de trabajo y un clima laboral insostenible.
Las sanciones impuestas suponen un freno a algunas de las prácticas denunciadas por la plantilla. En concreto, la Inspección de Trabajo obliga a DIGI Spain a:
- Respetar la voluntariedad de sus trabajadores y trabajadoras para desempeñar funciones en domingos y festivos, terminando así con las imposiciones empresariales.
- Registrar de forma rigurosa la jornada laboral, con el objetivo de acabar con la discrecionalidad de la empresa a la hora de abonar el tiempo realmente trabajado.
- Pagar la compensación económica por festivos, abriendo además la posibilidad de reclamar de forma retroactiva los atrasos desde el año anterior a la denuncia, presentada en su día por CGT-A.
A pesar de las sanciones el sindicato sostiene que esto no corrige todas las prácticas abusivas de la compañía, que también afectan a los trabajadores fuera de la comunidad autónoma y comentan que siguen trabajando para impulsar nuevas acciones legales y reivindicar “los mínimos legales y la dignidad profesional de toda la plantilla” contra “retrocesos salariales y laborales avalados por los sindicatos del sistema”.
En Andalucía la dispersión geográfica ha facilitado a la empresa continuar con sus abusos ya que la coordinación de movilizaciones es más complicada, pero el sindicato insiste en su compromiso de articular una respuesta siendo el nexo de unión entre los trabajadores de la multinacional en el Estado español.
Comunicado: Intersindical Canaria sobre la manipulación de las listas de espera
Desde Intersindical Canaria denuncian los tejemanejes que se hacen con las listas de espera del Servicio Canario de Salud y apoyan la Proposición de Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Espera en la Atención Sanitaria Especializada que se presentará en la cámara regional, aunque como siempre con el PSOE habrá que ver cuanto se recorta en su aprobación y en qué queda esa ley cuando haya que llevarla a la práctica.
Ciertamente, los datos de las listas de espera quirúrgicas, para pruebas diagnósticas y especialistas del Servicio Canario de Salud, son cada semestre sometidos a una “Operación de Maquillaje” para disfrazar, de logro político, la nefasta gestión sanitaria del actual gobierno de Canarias.
En Canarias, es sabido que los dependientes mueren esperando una prestación que nunca llega, pero, además, los pacientes también ven reducida sensiblemente su esperanza de vida esperando una intervención quirúrgica, una prueba diagnóstica o la consulta de un especialista. Algo debería decir el actual gobierno y su consejería de sanidad sobre el hecho que, nuevamente, los canarios estemos a la cola en la longevidad del conjunto estado español.
A la lista de espera oficial del Servicio Canario de Salud, que incluye más de doscientos mil pacientes pendientes de recibir y completar los diferentes niveles de asistencia sanitaria que alivien y resuelvan sus dolencias, hay que sumar miles más, pendientes de incluir. La picaresca de la administración no tiene límites para blanquear las tenebrosas esperas, hasta tal punto que, a los pacientes, mediante un fraude administrativo se les simula una citación virtual, denominada en el argot “La nube” para, a posteriori, dejar en suspenso sin fecha precisa su acceso y tiene como único objetivo ofrecer una imagen irreal las listas de espera quirúrgicas, para consultas de especialistas y pruebas diagnósticas.
Esta práctica habitual en el conjunto del País Canario, reiteradamente denunciada por Intersindical Canaria, ha sido objeto también de denuncia por parte de la oposición en el Parlamento de Canarias, cuestión que, no sólo subscribimos sino que, animamos a que se desenmascare la falta de transparencia y la impunidad con la que esta consejería de sanidad, juega con la salud y la vida de cientos de miles de canarios, mintiendo y utilizando la estratagema de no poner a disposición de la ciudadanía todos los recursos disponibles en el servicio público, desmantelando su eficiencia e incrementando las derivaciones a la concertada, empujando así, a su fin vital a los pacientes en la Lista de Espera, víctimas de una atención tardía. De hecho, tenemos que reiterar la práctica deleznable de la administración sanitaria de infrautilizar los recursos públicos disponibles para entregarlos al sector sanitario privado, tal como viene ocurriendo en la medicina diagnóstica.
Desde Intersindical Canaria apoyamos la anunciada Proposición de Ley de Garantías de Tiempos Máximos de Espera en la Atención Sanitaria Especializada que presentará el grupo socialista en la cámara regional, donde, según plantean, exigirán que se publiquen los datos de la lista denominada “no estructural” para que haya una mayor trasparencia, para defender los derechos del paciente, para que se les atienda en tiempo y forma, pero también para fortalecer la fiabilidad estadística y asistencial de la sanidad pública Canaria, hasta ahora sometida al fraude y la contabilidad creativa sobre el número real de integrantes de las listas de espera.
Canarias, 24 de septiembre de 2025.