Muro de solidaridad y denuncias:
Otras voces:
-La memoria de la dictadura
Jonathan Martínez. Periodista. En publico.es
Fue en octubre de 2019. Felipe VI había firmado la nueva convocatoria electoral tras la investidura fallida de Sánchez y los candidatos andaban ya calentando el ambiente y rascando el voto. En Los Desayunos de TVE, ante la mirada atónita de Xabier Fortes, Javier Ortega Smith recordaba a las Trece Rosas y las acusaba de «torturar, violar y asesinar vilmente» en las checas de Madrid. «¿Las Trece Rosas violaban?», preguntó Fortes. «Sí, sí, cometieron crímenes brutales». Entre lemas revisionistas e invocaciones contra la memoria histórica, Vox iba a duplicar sus escaños en un plazo de siete meses para convertirse en la tercera fuerza política en España.
Las reacciones no se hicieron esperar. Los familiares de las víctimas pusieron el grito en el cielo y las asociaciones memorialistas pidieron amparo a la Justicia. La Fiscalía detectó un delito de odio en el exabrupto de Ortega Smith, que no había asistido al acto de conciliación y había rehusado retractarse. Finalmente, el Tribunal Supremo se pronunció a favor del dirigente de Vox y encuadró sus declaraciones en el ámbito de la libertad de expresión. Si la legislación española no fuera tan asimétrica, Ortega Smith habría sido procesado por humillación a las víctimas. Pero las víctimas del franquismo son víctimas de tercer orden. Los verdugos de las Trece Rosas se salieron con la suya.
Tras las palabras de Ortega Smith hubo rigurosas verificaciones que repetían lo sabido, es decir, que el dirigente de Vox mintió y que ni siquiera los tribunales de Franco se habían atrevido a elevar semejantes acusaciones. A las Trece Rosas las condenaron por «adhesión a la rebelión» en un juicio sumarísimo sin garantías. En última instancia, las verificaciones no sirvieron para nada porque la mentira ya había echado a rodar y desde entonces no ha dejado de repetirse. Cada 5 de agosto, en el aniversario de los fusilamientos, el recuerdo de las Trece Rosas queda empañado por nuevos exabruptos digitales.
Esa semana, justo cuando evocábamos a las Trece Rosas, Vox la tomó contra las fiestas de La Blanca de Gasteiz. Los de Abascal se quejaban de que la multitud rendía homenaje a terroristas y humillaba a las víctimas. Para corroborarlo, adjuntaba la imagen de unos rostros apenas distinguibles en una pancarta. Otras fotografías más diáfanas permiten resolver el misterio: son Txiki y Otaegi, los dos últimos prisioneros vascos fusilados durante la dictadura. En aquella efusión tardía de sangre fusilaron también a José Humberto Baena, José Luis Sánchez Bravo y Ramón García Sanz. Quien haya escuchado alguna vez la canción Al alba de Eduardo Aute sabrá a qué nos referimos.
Después de Vox, Covite añadía su granito de arena a la criminalización. «Txiki fue responsable del asesinato de Ovidio Díaz. Otaegi fue condenado por el asesinato de Gregorio Posada. Hoy se exhiben sus rostros como si fueran referentes». Tal vez el Gobierno vasco debería revisar su política de subvenciones antes de transferir miles de euros cada año a una asociación que da credibilidad a la justicia militar franquista como fuente historiográfica. De hecho, el propio Gobierno vasco reconoce a Txiki y Otaegi como víctimas y establece que «se vulneró su derecho a un juicio justo».
A Otaegi lo condenaron los militares en Burgos. Las acusaciones se basaron en una autoinculpación forzosa que firmó el militante antifranquista José Antonio Garmendia cuando se encontraba hospitalizado con una bala de la Guardia Civil en la cabeza. En el juicio, los testigos ni siquiera reconocieron a los acusados. En cuanto a Txiki, lo condenaron los militares en Barcelona. Decían que había matado a un policía durante un atraco al Banco Santander de la calle Caspe. Como recuerda el abogado Jordi Oliveras en el documental Haizea eta Sustraiak, Txiki estaba tan convencido de su inocencia que pidió una prueba pericial para determinar qué arma había causado la muerte. La petición fue denegada.
La infiltración de Mikel Lejarza, el Lobo, en ETA-pm pudo ser determinante en la detención y el fusilamiento de Txiki. Desde luego, los familiares de las víctimas estiman que contribuyó indirectamente a que la Policía Armada abatiera a Josu Mujika, Andoni Campillo, Xosé Ramón Reboiras y Montxo Martínez. El Lobo fue condecorado en 2010 por el Ministerio de Defensa con la Cruz del Mérito Militar con Distintivo Blanco. En 2016, la asociación Dignidad y Justicia le entregó su medalla de oro. Que un colaborador de la dictadura haya sido galardonado por las más altas instancias de la democracia dice poco de la democracia y mucho de la dictadura.
Por mucho que juguemos al escondite con nuestra propia historia, sabemos sin género de duda que los estamentos franquistas mataron a las Trece Rosas. Que años más tarde mataron a Txiki y a Otaegi. Y que mataron después a Jesús García Ripalda cuando se manifestaba contra los últimos fusilamientos del régimen. Y sabemos también que Mikel Lejarza deberá responder ante los tribunales tras una querella de Giza Eskubideen Behatokia por supuestos delitos de lesa humanidad. Crecidos por la impunidad, algunas fuerzas vivas siguen abrillantando la memoria de la dictadura con parabienes públicos. Nuestra paciencia, como el franquismo, debería tener por fin un límite.
-El “Deep State” español
Iñaki Egaña. Historiador. En naiz.eus
Estamos acostumbrados, más en los últimos años, a definir el Estado profundo (Deep State en la nomenclatura anglosajona) como el poder oculto que domina el planeta. Cubículos que se desperdigan por los países más desarrollados y que marcan la tendencia en el devenir económico, militar y político. En los últimos meses, el debate sobre su actividad se ha disparado en EEUU tras el advenimiento de la segunda legislatura de Trump, llegando a excusar al presidente de sus verdaderas intenciones, y disculpándolo del no cumplimiento de sus propósitos: el fin de la guerra en Ucrania, la difusión de los documentos del Caso Epstein, su acercamiento a la Federación rusa para distanciarla de China… Supuestamente, Trump ha sido engullido por el Deep State que finalmente marca objetivos. La deriva ha activado seguidamente otra estrambótica, en los lindes con las teorías conspiranoicas que desde la pandemia de la Covid se han disparado exponencialmente. Los terraplanistas se han alineado con los defensores de la tesis que los aviones fumigadores fueron los causantes de la pandemia, todas las vacunas contienen un chip de espionaje, el gran remplazo o el pornomarxixmo. La verdad es que Trump les ha dado alas con su verborrea, pero estos falsarios no tienen que ver en absoluto con el pensamiento crítico. Sus narrativa acusa a unas determinadas sociedades secretas, algunas de ellas incluso procedentes de exoplanetas, de ser los causantes del desorden mundial. Los QAnon de la política, expandidos como escarabajos por los cinco continentes.
El Deep State es, por el contrario, una estructura bien real. No únicamente en EEUU, sino también, entre otros, en el Estado español. Y si en Occidente sus objetivos tienen que ver habitualmente con mantener la supremacía militar y sobre todo económica, en el Estado español se añade una tercera característica, la emotiva. Podría parecer una anomalía que ya avanzado el siglo XXI -con la robótica, la IA y la manipulación del ADN en puertas-, lo sentimental tenga valor político. Pero así es. Lo dijo hace una centuria el fundador de Falange: “España es una unidad de destino en lo universal”. Y bajo este argumento, con el que fue creado el escenario para identificar a los enemigos modernos, las élites oscuras, las del Estado profundo, marcaron los adversarios, a los que añadieron un plus de hostilidad. Que somos nosotros, registrados ya al nacer como “rojos” y “separatistas”.
El Estado profundo español ya fue definido durante los últimos años del franquismo con una expresión que a los de nuestra generación nos resulta habitual, aunque a las siguientes les pueda parecer anacrónico: “poderes fácticos”. Entonces se identificaban como los militares, la banca, la iglesia y las grandes corporaciones económicas. Los aduladores de la Transición apuntaban que, con la llegada de la democracia borbónica, esos poderes fácticos desaparecieron. No lo creo. Sucede que los hemos identificado con otros apelativos: Policía Patriótica, UCO, CNI (bajo batuta militar los tres), el Ibex 35, medios de comunicación (rescatados por la Banca todos ellos), la Judicatura… En una expresión acertada, Fonsi Loaiza identificaba a estos hombres (el género es unanimidad) como los habituales del palco del equipo de fútbol español por excelencia: “El Palco del Real Madrid funciona igual que el de las cacerías de Franco, la máxima expresión del poder simbólico”.
Charles Pasqua, aquel empresario metido a ministro del Interior francés de nefasto recuerdo para la comunidad de Ipar Euskal Herria, que inauguró la “entrega en caliente” de Policía a Policía de centenares de refugiados que luego eran torturados en Madrid, definió su actividad justificándola con la Razón de Estado. La IA describe esta razón de Estado como una “preocupación superior” (a saber a qué se refiere con “superior”), que “puede necesitar derogar ciertas reglas jurídicas y morales, especialmente en circunstancias excepcionales”. Esta vez la IA lo ha pillado a la perfección. Cristóbal Montoro podría justificar su defensa precisamente con este argumento. Ya lo hicieron diversos gobiernos hispanos en las últimas décadas al sur de la muga, aludiendo a la excepcionalidad. También se justificaron, con éxito, los estafadores que defraudaron a la Hacienda que dirigió Cristóbal Montoro. Llevaron sus fortunas a paraísos fiscales para evitar el pago del llamado “impuesto revolucionario” que exigía ETA. La inviolabilidad del Borbón, sellada por la Constitución española que integraba los pilares de la España decimonónica, fue revocada cuando su abdicación. Entonces, apareció de una chistera una ley orgánica ad hoc, que contó con el apoyo del PP y del PSOE, y que concedía aforamiento al monarca saliente. Exiliado desde 2020 en Abu Dabi, ese aforamiento es suficiente para que ningún togado se atreva a meterle mano cuando retorna a la Península Ibérica para participar en algún sarao explícitamente preparado por sus acólitos.
Ese Estado profundo que trata de preservar los valores económicos ha saltado a la palestra con la Hacienda Patriótica creada o mantenida por el citado ex ministro Cristóbal Montoro, tal como sucedió con el caso de José Manuel Villarejo y la trama de la Policía Patriótica. La Iglesia vaticana que recibió la ayuda de 35.000 inmatriculaciones (1.500 en Hego Euskal Herria) o la validez de la jurídica Doctrina Botín, excepto para juzgar a los imputados de Euskaldunon Egunkaria son también ejemplos recientes. En el Procés catalá, la actividad del Estado profundo se mostró también con claridad, desde la actuación primera del monarca sustituto, con un discurso levantisco hasta el apaleamiento de votantes y quema de urnas por agentes de la autoridad.
La práctica nos demuestra que, en los temas de comer, quien ordenan líneas políticas son aquellos que Dionisio Ridruejo definió como “la verdadera comunidad nacional”. Me atrevo a citarlos: togas, tricornios, alcantarillas, gabardinas y parqués bursátiles.