Internacional
Estados Unidos
Despliegues militares y revisionismo histórico en EEUU
En Washington los soldados patrullan la Explanada Nacional mientras los turistas les sacan fotos y los locales continúan con su rutina diaria. El ejército ha sido desplegado por una supuesta emergencia criminal declarada por el presidente Donald Trump, a pesar de que las tasas de crímenes violentos están en el mínimo tras la pandemia. Esta medida se ha llevado a cabo en contra de la voluntad del gobierno de la ciudad, dirigido por el Partido Demócrata.
Esta no es la primera vez que el ejército es desplegado en una ciudad estadounidense en lo que el presidente lleva en el cargo. En junio la Guardia Nacional tomó la ciudad de Los Ángeles, aunque poco después un juez dictaminó que el despliegue era ilegal y anticonstitucional, por lo que el gobierno central tuvo que devolver el control de la Guardia Nacional al gobernador de California.
A la vez que los soldados controlan las calles otra operación menos visible se está llevando a cabo en el Smithsonian, el “Museo Nacional de Historia Americana” como indica el cartel de la entrada. Con la misma autoridad que ha usado para sacar al ejército, el ejecutivo de Trump está revisando todas las exposiciones actuales del museo y también lo harán con las futuras, además de todos los textos, webs y redes sociales de la institución, para asegurar “el tono, el encuadre histórico y la alineación con los ideales estadounidenses». Todo aquel contenido que el gobierno considere problemático tendrá que ser reemplazado en un plazo máximo de 120 días.
Esta manipulación de la historia llega de la mano de una orden ejecutiva titulada “Restaurando la verdad y la cordura en la historia estadounidense” donde se ordena eliminar la “ideología inapropiada, divisoria o antiamericana”. Y ni siquiera es la primera vez que el Smithsonian se ve afectado por el revisionismo histórico ya que en julio desaparecieron del museo todas las referencias a los dos procesos de destitución que afrontó el actual presidente.
Este control sobre la historia y la narrativa de la realidad social también se ve reflejado en el despido de la jefa de Estadísticas Laborales cuando publicó datos que no encajaban con el discurso de prosperidad que mantiene el gobierno. En su lugar han nombrado a un economista del think tank ultrarreaccionario Heritage Foundation, la organización detrás del Proyecto 2025.
Los demócratas esperan que esta oleada de censura y militarización se extienda a otras ciudades con gobierno del Partido Demócrata. Los alcaldes de varias ciudades como Seattle o Minneapolis ya se han pronunciado en contra del discurso de criminalización de Trump con afirmaciones como que “de acuerdo con el relato que el presidente Trump sostiene de manera constante, ciudades como Seattle son infiernos progresistas sumidos en la anarquía. Eso, sencillamente, no es cierto. Aquí tienen su sede grandes comunidades y grandes empresas, así que su visión de nuestra ciudad no se ajusta a la realidad, es solo una distracción para que el pueblo estadounidense no vea sus fracasos como presidente”. Incluso regidores del Partido Republicano han mostrado su desacuerdo con la usurpación del poder local por parte del Gobierno.
Algunos alcaldes del Partido Demócrata han declarado que están dispuestos a defender sus ciudades de la intervención de Trump, ya sea por los cauces legales o de otra forma y ya están poniéndose en coordinación con sus cuerpos represivos para asegurar su lealtad y con los gobernadores ante un posible despliegue del ejército. En el plano legal los abogados municipales ya plantean estrategias de defensa que de nada servirán porque el actual ejecutivo ya ha demostrado su disposición a ignorar la ley para aplicar medidas de corte autoritario.
Estos despliegues militares en las ciudades gobernadas por el Partido Demócrata vienen motivados en gran parte por el discurso de la decadencia causada por las políticas progresistas en las ciudades, generalmente de corte menos reaccionario que las zonas rurales en EEUU y donde los demócratas tienen un mayor apoyo. También están siendo especialmente señaladas ciudades que, a pesar de haber conseguido reducir la delincuencia, tienen alcaldes negros.
Francia
Condenas 11 años después a los sindicalistas de la Poste
El pasado 10 de julio la (in)justicia parisina se pronunció con una sentencia severa a cinco sindicalistas de la Poste (Correos) del departamento Hauts-de-Seine (92), al oeste de París. Fueron imputados por presuntos “actos de violencia” y de “violación del domicilio profesional” por acudir a la sede nacional de su empresa (la Poste) para reclamar negociaciones sobre las reivindicaciones planteadas en una importante huelga de carteros/as que duraba ya más de 170 días, y que databa de 2014. Para Gaël Quirante, Yann Le Merrer, Mohamed, Dalila y Brahim, se pedían cinco años de prisión y 75.000 euros de multa. En el juicio celebrado once años después de los hechos, los cinco militantes del sindicato Sud Poste, como lo han hecho en bastantes ocasiones, siguieron negando los hechos acusatorios, se constató la falta de pruebas incriminatorias durante las más de nueve horas de la larga vista, lo que no ha sido obstáculo para que fueran condenados a multas de entre 500 y 800 euros cada uno de ellos por la rotura de la puerta giratoria del edificio y en el caso de Gaël a una condena adicional de 6 meses de prisión por violencia contra la responsable de seguridad de la sede de La Poste. En concepto de responsabilidad civil se añaden 1 € simbólico por daños materiales, 1000 € cada uno por costas procesales y para Gaël 1800 € como indemnización a la exresponsable de seguridad.
Para los sindicalistas la sentencia es eminentemente política y “una instrumentalización de la justicia y un ataque a la libertad sindical”, en palabras de Gaël Quirante, figura destacada del sindicato, el objetivo de la sentencia es “tenernos bajo la amenaza de una espada de Damocles -una amenaza permanente- para nuestras luchas futuras; lo que quieren, sencillamente, es apartarnos de nuestra actividad“.
Militantes sindicalistas y de diversas organizaciones políticas, consideran que todo se resume “en servirse de la justicia para hacer de este juicio un ejemplo que disuada toda veleidad sindical”. La sentencia ha sido recurrida y, aunque sus togadas señorías están al servicio de los poderosos y responden a los intereses de las clases dominantes, sin que la clase obrera pueda esperar de la justicia burguesa nada positivo para sus intereses, la pelea en los palacios de injusticia se mantiene e incluso llegará a instancias europeas. Y mientras la clasista judicatura resuelve, la solidaridad con los sindicalistas sigue y las luchas obreras se suceden.
Ecuador
El Pueblo se prepara… 11 septiembre, Huelga General.