Movimiento obrero. Su brutal situación:
El ladrillo dispara las muertes por accidentes de trabajo
Durante el primer semestre del año una de cada cuatro muertes por accidente laboral han ocurrido en el sector de la construcción.
La crisis de la vivienda, junto con los fondos europeos, está disparando la obra nueva y dando un empujón a la construcción y renovación de grandes infraestructuras. Cada vez hay menos solares en nuestros barrios que han sido sustituídos por nuevas promociones residenciales a precios disparatados. En la obra civil se ve el mismo fenómeno, los fondos europeos han llamado a que los inversores de la construcción se llenen los bolsillos mientras construyen y renuevan puentes, carreteras, soterramientos…
Pero el aumento de la financiación nunca es suficiente para las empresas que saquean a los trabajadores al máximo y escatiman en cualquier gasto posible, entre ellos la seguridad. La última estadística del Ministerio de Trabajo nos muestra un incremento del 24,3% en los accidentes fatales en el sector de la construcción. De enero a julio de este año han muerto 87 trabajadores en la obra, 17 más que el año anterior en el mismo periodo a los que hay que sumar otros 9 que murieron de camino al trabajo y que el Ministerio de Trabajo cuenta aparte para maquillar las desgarradoras cifras.
Según un informe, el año pasado la media se acercó a dos muertes diarias en el trabajo con un total de 646, lo que suponía un aumento de 65 respecto al año anterior y parece que este año se encamina a continuar engrosando la cifra.
La inmensa mayoría de estos accidentes, podría evitarse con unas condiciones de trabajo dignas y seguras, pero eso afectaría a las cuentas de beneficios por lo que las empresas deciden prescindir de la seguridad y jugar a la ruleta con la vida de los trabajadores. Por ese motivo no podemos hablar de accidentes si no de asesinatos por parte de la patronal y la única forma de hacerles frente es organizándose para conquistar unas condiciones de trabajo dignas y seguras, sólo así se impedirá que pongan los beneficios por delante de la vida de los obreros.
Riesgos laborales de los socorristas del Ayto de Valencia y Cruz Roja
La Inspección de Trabajo ha requerido al Ayuntamiento de València y Cruz Roja a que regularicen la situación laboral de los socorristas que trabajan en las postas sanitarias de las playas valencianas. La petición llega después de una denuncia de la CGT donde se quejan de “la precariedad que resulta de la subcontratación del servicio que debería ofrecer la administración pública, en este caso el Ayuntamiento de València”.
Este requerimiento exige que se pongan en marcha medidas para corregir las irregularidades relacionadas con la prevención de riesgos laborales ya que según el documento no se han llevado a cabo evaluaciones de riesgos laborales en los puestos de trabajo. En el mismo pliego de condiciones que regula la contratación se obliga a poner en funcionamiento y mantener las condiciones de uso de las postas sanitarias.
El plazo máximo que han dado para las evaluaciones y planificación de la prevención de riesgos es de un mes mientras que da 15 días para realizar una evaluación de estrés térmico con el que determinar las pausas que tendrán que realizar los socorristas. También señala que se ha de dotar a todas las postas de una fuente de agua refrigerada para la hidratación del personal en un plazo de cinco días, ya que “todas las postas visitadas carecían de agua refrigerada; son los propios trabajadores/as los que se traen de casa en bolsas térmicas el agua y/o la enfrían en pequeños frigoríficos costeados por ellos”.
Según declaraciones de la CGT al respecto:
La Cruz Roja debe ofrecer unas condiciones de trabajo dignas para sus trabajadores y trabajadoras, es una vergüenza que no tengan ni convenio colectivo propio, después cuando ocurren fatalidades se echan las manos a la cabeza pero mientras tanto nuestra precariedad llena sus bolsillos
La OIT pide a España mejorar las condiciones laborales
La Comisión de Expertos de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) reclama que las horas de trabajo normales no superen las 8 diarias y que los excesos de jornada se paguen mejor. La organización afirma que la jornada máxima diaria en España, de nueve horas, es excesiva. Entre otras medidas reclaman que la jornada de trabajo máxima sea de ocho horas y que los excesos de jornada se paguen como mínimo al 125% del salario de la hora ordinaria.
El pasado junio se celebró la 113ª reunión de la Conferencia Internacional del Trabajo, donde un órgano independiente de juristas “cuya misión es examinar la aplicación de los convenios y recomendaciones de la OIT por los Estados Miembros de esta Organización”. En esta reunión se presentó un informe que acusa al Estado español de no garantizar el cumplimiento de la normativa internacional en materia laboral.
Desde el Ministerio de Trabajo se defienden de las conclusiones de la OIT diciendo que España es el país que más convenios tiene suscritos, también que las conclusiones del organismo son para tener en cuenta a medio y largo plazo y acaban con que esos problemas quedarán solventados cuando salga adelante el proyecto de ley de reducción de jornada laboral. No obstante, el proyecto de ley presentado actualmente no aborda ni los límites diarios de trabajo ni la remuneración de las horas extra así que difícilmente solventará ninguno de los dos problemas señalados.
Respecto a la jornada máxima la OIT pide que se ponga un doble límite, por día y por semana, y que no se use la media anual para el cálculo. Respecto al pago de las horas extra, España ya está lidiando con una denuncia en Europa porque la legislación laboral española solo exige que la remuneración de las horas extra no sea inferior a la de la hora ordinaria, ley que va contra el convenio de la OIT y contra la Carta Social Europea que exigen un incremento en la remuneración.