Internacional:
Paraguay
-Carmen Villalba: aislamiento, tortura y violación sistemática de derechos humanos en Paraguay
La situación de Carmen Villalba, presa política en Paraguay desde 2004, constituye hoy uno de los casos más graves de vulneración sistemática de derechos humanos en el Cono Sur. Lleva más de 20 años privada de su libertad.
Su historia es la de una mujer perseguida, no solo por el aparato judicial y penitenciario del Estado, sino por una estructura de poder que la castiga por su militancia política, su convicción revolucionaria y su papel activo en la lucha contra las injusticias estructurales que atraviesan a Paraguay.
Su figura ha sido constantemente criminalizada por su pertenencia al Ejército del Pueblo Paraguayo (EPP), pero más allá de los titulares oficiales de los medios de comunicación alineados al poder político de turno, lo que se esconde es una política sistemática de persecución, tortura y aislamiento prolongado, violatoria de todos los tratados internacionales de derechos humanos.
Su permanencia en reclusión, el endurecimiento de su régimen penitenciario y la persecución judicial que no cesa son el reflejo de una política estatal de criminalización a quienes han decidido enfrentar las estructuras del sistema de opresión.
En octubre de 2024, Carmen fue trasladada arbitrariamente del penal del Buen Pastor hacia la penitenciaría militarizada de Minga Guazú. La medida se ejecutó sin orden judicial, sin notificación a su defensa ni aviso a sus familiares, violando directamente el artículo 17 de la Constitución Nacional del Paraguay, que garantiza el debido proceso y el derecho a la defensa. Asimismo, se infringieron las Reglas Mandela (Reglas Mínimas de las Naciones Unidas para el Tratamiento de los Reclusos), particularmente la Regla 58 sobre contacto con el mundo exterior y la Regla 43 que prohíbe el aislamiento prolongado.
Desde su traslado, Carmen se encuentra bajo aislamiento extremo, con restricciones arbitrarias a la comunicación, acceso deficiente al agua potable, atención médica precaria y requisas vejatorias con características de violencia sexual. Estas condiciones configuran tratos crueles, inhumanos y degradantes, prohibidos por el artículo 5 de la Constitución Nacional, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 7), la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 5) y la Convención contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que Paraguay ha ratificado.
La situación ha sido denunciada por el Mecanismo Nacional de Prevención de la Tortura de Paraguay y organizaciones de derechos humanos internacionales. Sin embargo, el Estado paraguayo ha respondido con silencio institucional y la negativa sistemática a revisar las condiciones de detención. Se perpetúa así la vulneración del derecho a la integridad física y psíquica de Carmen.
Además, es urgente señalar que en 2022 Carmen fue condenada a 17 años adicionales por tentativa de homicidio, en un proceso altamente cuestionado, que evidencia el uso del sistema penal como herramienta de persecución política.
Esta estrategia de hostigamiento judicial refuerza su carácter de presa política, en tanto su prisión no responde a delitos comunes sino a la voluntad estatal de reprimir su ideología y su militancia revolucionaria.
El régimen penitenciario al que está sometida contradice incluso el propio Código de Ejecución Penal paraguayo, que establece que las personas privadas de libertad deben ser alojadas en establecimientos cercanos a sus familias y con acceso a asistencia jurídica adecuada. Carmen, en cambio, ha sido aislada a más de 300 km de su círculo afectivo, en una cárcel militarizada, sin posibilidad de contacto fluido con su defensa.
A pesar de los intentos por silenciarla, Carmen Villalba continúa siendo una militante firme y comprometida con las luchas de los pueblos oprimidos. Su palabra resiste los muros, su pensamiento se mantiene lúcido, su dignidad sigue siendo bandera. En ella se expresa una ética política que incomoda al poder: la de quienes no negocian su conciencia ni se rinden.
Su encierro es una advertencia del Estado paraguayo hacia todo proyecto de transformación radical. Pero también es, paradójicamente, un testimonio viviente de la fuerza de una convicción política sostenida en el tiempo.
Exigimos el cese inmediato del aislamiento, el fin del régimen de tortura y la revisión de su condena en el marco del respeto irrestricto a los derechos humanos y a las garantías del debido proceso.
Ecuador
-Denunciamos la persecución y el encarcelamiento de Omar Campoverde: ¡Basta de criminalizar la lucha social en Ecuador!
Omar Campoverde es un activista social ecuatoriano y dirigente del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad (MGTL), organización comprometida con la educación popular, la cultura comunitaria y la resistencia indígena y campesina en Ecuador. Su militancia se ha desarrollado en los territorios, acompañando procesos formativos, culturales y de organización popular.
El 19 de mayo de 2022, Campoverde fue detenido junto a dos integrantes del MGTL y un dirigente campesino, en una operación liderada por la Fiscalía General del Estado. Se lo acusó de trata de personas con fines de reclutamiento para conflicto armado, una figura sin sustento real que fue sostenida en base a testimonios contradictorios y pruebas manipuladas.
En abril de 2023, el Tribunal de Garantías Penales de Pichincha lo condenó a 16 años de prisión, en un juicio plagado de irregularidades, tal como han denunciado organizaciones sociales y de derechos humanos que exigen su inmediata libertad.
Este proceso se da en un contexto regional de creciente criminalización de la protesta social. En Ecuador, a partir de enero de 2024, el gobierno declaró un “conflicto armado interno” mediante el Decreto Ejecutivo 111, habilitando la intervención militar en múltiples ámbitos y aplicando figuras ambiguas como «terrorismo» para perseguir organizaciones sociales y militantes populares. Este marco legal ha sido ampliamente cuestionado por su falta de garantías jurídicas y por facilitar violaciones sistemáticas a los derechos humanos.
Desde el levantamiento popular de junio de 2022, se han multiplicado las denuncias por uso excesivo de la fuerza, detenciones arbitrarias, represión a periodistas, criminalización de dirigentes indígenas y sociales, y un alarmante deterioro del sistema penitenciario. Las cárceles se han convertido en espacios de tortura, desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales, con el control directo de las Fuerzas Armadas desde 2024. En este escenario, las condiciones de detención de Omar Campoverde en la cárcel de máxima seguridad de Cotopaxi son gravísimas. Durante audiencias de habeas corpus, se denunciaron:
Privación de sueño, aislamiento y ausencia de condiciones mínimas de higiene.
Alimentación degradante, obligando a los detenidos a comer en el suelo, sin utensilios, bajo hostigamiento de los custodios.
Torturas físicas y psicológicas constantes, incluyendo golpes, exposición al frío extremo, encapuchamiento y amenazas.
Discriminación por su identidad indígena, como parte de un patrón sistemático de violencia estructural.
Su abogado ha denunciado que Omar no puede dormir, no recibe visitas, no accede a productos de higiene y se encuentra completamente incomunicado. Se trata de una clara situación de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Frente a esta situación, desde Socorro Rojo Nuestra América:
-Denunciamos la persecución judicial y el encarcelamiento político de Omar Campoverde.
-Exigimos su libertad inmediata y el cese de las torturas en los centros penitenciarios ecuatorianos.
-Convocamos a organizaciones, colectivxs, sindicatos, espacios culturales y militantes de toda Nuestra América a desplegar acciones de solidaridad por la vida y la libertad de Omar y de todas las personas presas por luchar.
¡Porque luchar no es delito!
¡Solidaridad internacionalista frente a la criminalización de quienes resisten!
-Gabriela Gallardo Sandoval: exigimos su libertad inmediata y atención médica urgente
Desde Socorro Rojo Nuestra América llamamos a las organizaciones, redes y espacios populares e internacionales que acompañamos las luchas de nuestros pueblos, a denunciar el encarcelamiento de Gabriela Gallardo Sandoval como un acto de persecución política por parte del Estado ecuatoriano, y exigimos su liberación inmediata y el resguardo efectivo de su vida y su salud.
Gabriela Gallardo es una luchadora social, militante del Movimiento Guevarista Tierra y Libertad, feminista y defensora de los derechos de los pueblos oprimidos. Su detención en 2022 y posterior condena en 2024 se inscriben en una política sistemática de criminalización de la disidencia política y de los movimientos populares en Ecuador. Su pensamiento, su activismo y su historia de compromiso con las causas justas han sido utilizados como “pruebas” para encarcelarla.
A esto se suma una situación alarmante: Gabriela padece un tumor cerebral en la hipófisis, detectado hace más de 15 años. Esta enfermedad, considerada catastrófica, requiere atención médica especializada. Durante su encierro, el Estado ecuatoriano ha negado el acceso a controles y tratamientos médicos fundamentales, comprometiendo gravemente su salud e incurriendo en posibles tratos crueles, inhumanos y degradantes.
Frente a este cuadro de injusticia y vulneración de derechos humanos básicos, desde la solidaridad internacionalista y la defensa colectiva de la vida y la dignidad, exigimos al Estado ecuatoriano:
La libertad inmediata de Gabriela Gallardo Sandoval, como medida urgente para proteger su vida.
Atención médica especializada sin dilaciones, garantizando el acceso a tratamiento, controles y cuidado integral.
El cese de la persecución política a las y los militantes populares, y la revisión urgente de todos los casos de prisión por razones ideológicas en el país.
Sostenemos que nadie debe ser encarcelada por luchar. Gabriela Gallardo no está sola.
Su voz resuena en nuestras luchas, su causa es nuestra causa, y desde todos los territorios donde florece la rebeldía y la esperanza, exigimos justicia.
¡Basta de criminalizar la organización popular!
¡Gabriela libre ya!
Socorro Rojo Nuestra América.