Internacional
Palestina
Tortura sistemática en las cárceles sionistas
El Club de Prisioneros Palestinos ha documentado testimonios desde el interior de las cárceles israelíes que confirman los crímenes sistemáticos en curso contra los prisioneros palestinos, incluidos disparos a las extremidades, fracturas de costillas y electrocuciones, además de inanición y negligencia médica.
Así lo afirma un informe distribuido por el club a los periodistas el lunes sobre "la situación de los presos durante la primera quincena de julio", basado en visitas realizadas por sus abogados a varias cárceles.
El club afirmó que "el sistema penitenciario de la ocupación israelí continúa cometiendo crímenes sistemáticos contra prisioneros y detenidos, y que el destino de más de 10.800 prisioneros y detenidos, incluidos mujeres y niños, está cada vez más en peligro".
Señaló que los testimonios de los presos, basados en decenas de visitas durante la primera quincena de julio, revelaron torturas sistemáticas, incluyendo fracturas de costillas, apagado de cigarrillos en sus cuerpos, descargas eléctricas y disparos de balas de goma en sus extremidades, además de inanición deliberada, propagación de sarna y negación de tratamiento médico.
El Club de Prisioneros renovó su llamado a la comunidad internacional de derechos humanos para que “adopte medidas efectivas para exigir cuentas a los líderes de la ocupación por los crímenes que están cometiendo contra el pueblo palestino, en particular contra los prisioneros y detenidos”.
También pidió "la imposición de sanciones que saquen a la ocupación del círculo de inmunidad internacional, restablezcan el sistema de derechos humanos a su verdadero papel y pongan fin al estado de parálisis que lo ha paralizado desde el estallido de la guerra de exterminio".
Desde el 7 de octubre de 2023, Israel, con el apoyo de Estados Unidos, ha estado cometiendo genocidio en la Franja de Gaza, incluyendo asesinatos, hambruna, destrucción y desplazamiento, ignorando los llamados internacionales y las órdenes de la Corte Internacional de Justicia para detenerlo.
El genocidio dejó más de 200.000 palestinos muertos o heridos, la mayoría niños y mujeres, y más de 11.000 desaparecidos. Cientos de miles fueron desplazados, y la hambruna se cobró la vida de muchos, incluidos niños, además de causar una destrucción generalizada.
Alemania
Represión al movimiento propalestino en Alemania
Varias organizaciones propalestina con el apoyo de Defender a quien defiende en el Estado español han publicado un informe de 70 páginas titulado Represión a la solidaridad con Palestina en Alemania. A lo largo de estas páginas los investigadores identifican cinco ámbitos en los cuales se ejerce la represión a este movimiento. Estos son, la represión legal, el establecimiento de un estado de violencia y securitización, la deslegitimación narrativa, la censura en el sector social y cultural y la exclusión en el sistema educativo. Uno de los casos que relata el estudio es el siguiente:
Las calles de Neukölln, en Berlín, son el epicentro de la comunidad árabe en la ciudad alemana. El pasado 11 de febrero, varios gendarmes de la policía alemana irrumpieron en una cafetería del famoso barrio y detuvieron a decenas de personas, incluidos refugiados palestinos. Seis de ellos fueron enviados a Grecia pese a que no fueron acusados de cometer ningún acto violento.
La razón del traslado resultó inaudita para muchos defensores de los derechos humanos en Alemania. Los jóvenes palestinos habían participado en varias protestas contra la incesante y mortífera intervención de Israel en Palestina, que varios organismos internacionales ya han definido como genocidio. Este delito, la Corte Penal Internacional emitió órdenes de arrestro internacionales contra el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, y su anterior ministro de defensa, Yoav Gallant.
En cambio, fueron los seis refugiados quienes terminaron en el calabozo y posteriormente trasladados a Atenas. Ello, pese a que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos afirmara en enero que Grecia había llevado a cabo deportaciones ilegales a terceros países.
Alemania es un Estado perseguido por la culpa de su pasado genocida y antisemita que para redimirse ha optado por una defensa política del Estado sionista. Ese es el motivo que ha puesto en el punto de mira a los movimientos propalestina. En una serie de resoluciones por parte del gobierno alemán se justifica el registro de domicilios y espionaje a los activistas, la restricción del derecho de protesta y la negación de entrada al país de simpatizantes con la causa palestina.
Salah Said, un activista propalestino, critica que las autoridades alemanas confunden “el antisemitismo con la crítica al Estado de Israel”. Estas mismas críticas son las que han llevado al registro de su domicilio varias veces y la incautación de sus aparatos electrónicos. Las explicaciones de la policía en este caso fueron que su actividad suponía “una amenaza para la seguridad pública”, a pesar de ello el activista nunca ha sido acusado formalmente por lo que denuncia que se trata de un ejercicio de intimidación para silenciar su opinión en apoyo de Palestina.
Chile
Ciberataque causa una crisis en el Instituto de Salud Pública de Chile
El 27 de junio el Instituto de Salud Pública de Chile (ISP) sufrió un ciberataque que tumbó el sistema informático y las funciones de red de la entidad durante cerca de una semana, un mes después los efectos siguen notándose. La falta de servicio que ha causado el ataque es especialmente dañina ya que, según la misma página web del instituto “es el organismo de referencia del Estado, que promueve y protege la salud de la población, fortaleciendo el control sanitario a través de la vigilancia, autorización, fiscalización, investigación y transferencia tecnológica”. Esta ha sido la gota que colma el vaso de unos trabajadores que sienten una carencia de información, comunicación y compromiso por parte de la institución con los distintos equipos que componen el ISP.
En respuesta a este incidente las tres agrupaciones de trabajadores que operan en el ISP decidieron movilizarse de forma unitaria el 23 de julio, tras lo cual entregaron a la directora del servicio un texto con las demandas que los trabajadores llevaban tiempo acumulando. La presidenta de una de las agrupaciones, Aprus, indicó que los empleados se encuentran movilizados porque, frente al ciberataque, «la dirección no ha tomado las medidas suficientes. Aquí el hackeo secuestró los tres servidores del instituto, lo que impide acceder a la base de datos, a los exámenes y a las prestaciones que se realizan habitualmente».
El ataque ha encontrado un terreno propicio para causar estragos, especialmente porque al igual que en muchos otros países, esto nos recuerda mucho a la situación española, los recortes han hecho que no sustituyesen al personal que dejaba la entidad y ahora trabajan con una plantilla bajo mínimos.