Movimiento obrero. Su brutal situación:
CGT denuncia a Zara por altas temperaturas
La Confederación General del Trabajo (CGT) de València ha denunciado a Zara ante Inspección de Trabajo al estar alcanzándose temperaturas por encima de los 30 grados desde hace más de tres semanas en sus tiendas de los centros comerciales Arena, Aqua, Bonaire y Nuevo Centro.
CGT Valencia ha presentado una denuncia a la Inspección de Trabajo por las condiciones ambientales de las tiendas de Zara en los centros comerciales de Arena, Aqua, Bonaire y Nuevo Centro, según el sindicato “desde hace más de tres semanas se están alcanzando unas temperaturas por encima de los 30 grados”. Denuncian que los equipos de aire acondicionado no funcionan correctamente y la temperatura supera en cinco grados el máximo fijado por la ley para trabajos en interior de locales, que debería estar entre 17 y 25 grados.
La organización anarcosindicalista explica que “el calor excesivo ya ha ocasionado daños a la salud de una trabajadora al sufrir malestar, agotamiento y mareos”. Además apuntan que las altas temperaturas aumentan la probabilidad de que se produzcan accidentes de trabajo.
El sindicato ha exigido a Zara una solución definitiva al problema y ha solicitado que “de manera inmediata se aplique el protocolo por altas temperaturas que incluye acceso libre y directo a agua potable para toda la plantilla, provisión de ropa ligera y adecuada para mitigar el calor, rotación frecuente del personal entre zonas para evitar la exposición prolongada al calor y el apagado de pantallas no imprescindibles para no aumentar la temperatura ambiental”. Por el momento algunas tiendas han instalado unos aparatos de ventilación de manera provisional que solo mueven el aire sin llegar a refrigerarlo. CGT considera estas medidas totalmente insuficientes y exigen la recuperación inmediata de las condiciones adecuadas de trabajo y la puesta en marcha de una climatización que cumpla con la normativa.
Desprotección de las cuidadoras a domicilio
El pasado 29 de julio, Teresa de Jesús fue asesinada durante su jornada laboral mientras ejercía sus funciones de cuidadora de una mujer anciana en el municipio gallego de O Porriño. Teresa trabajaba para Aralia Servicios Sociosanitarios y había renunciado esa misma mañana por acoso laboral y sexual.
Sus compañeras, las trabajadoras del Servicio de Atención a Domicilio (SAD) lamentan su pérdida pero también que no sea un caso excepcional. Estas trabajadoras llevan años denunciando la falta de protección a la que se enfrentan durante su trabajo, que transcurre en el domicilio del usuario. Denuncian que no hay estadísticas, registros, “ni nada” porque son casas particulares y muchas veces ni siquiera conocen el entorno en el que vive la persona que van a cuidar ya que la empresa apenas les facilita información básica. “Lo único que nos dan es el Plan Individual de Atención (PIA), con una lista de tareas, pero nada sobre la situación del hogar, los antecedentes familiares o posibles riesgos”.
Una trabajadora añade que “estamos acostumbradas a que nos agredan”, “a todas nos ha pasado alguna vez” y que “La mayoría hemos sufrido insinuaciones sexuales, tocamientos no deseados o agresiones verbales”. Denuncian que cuando esto ocurre, la empresa en lugar de retirar del servicio a la persona agresora cambian a la empleada, pasando el problema de unas a otras con la peregrina esperanza de que alguna no sufra el acoso. Esta trabajadora llama a que el asesinato de Teresa sea un punto de inflexión que haga abrir los ojos a la sociedad y que se entienda en las condiciones en las que trabajan
Otra trabajadora del servicio, que sufrió acoso y amenazas por motivos raciales por parte de la hija de la usuaria pero la empresa la mantuvo en el servicio hasta que la usuaria fue trasladada a una residencia, denuncia que cuando alertan a la empresa esta le resta importancia al problema y que siempre las ponen en duda frente al relato de los usuarios o las familias.
Para evitar que tragedias como la de Teresa se repitan las trabajadoras del SAD reclaman evaluaciones “reales” de riesgos en los domicilios. También reclaman el reconocimiento de las enfermedades profesionales del sector y que la Ley de Dependencia quede blindada en la Constitución.
A la vez denuncian la precariedad de su situación laboral y se quejan de tener que sobrevivir con sueldos que muchas veces no llegan ni al salario mínimo interprofesional, sin vacaciones y una situación de desprotección que les lleva a trabajar en un ambiente de miedo perpetuo.
Despido colectivo en el transporte de agua al Valle de Abdalajis
Ocho trabajadores han sido despedidos del servicio de transporte de agua potable al Valle de Abdalajis desde Antequera cuando la nueva compañía que se hace cargo del servicio se ha negado a la subrogación.
Esta negativa va en contra del convenio colectivo de Transporte de Mercancías de la provincia de Málaga. CGT ha denunciado que la empresa ya ha contratado a otros conductores de camión en peores condiciones que los despedidos: “sin respetar el convenio colectivo ni los límites en materia de horas de trabajo y descanso e imponiendo condiciones de trabajo ilegales”.
La CGT exige a TRAGSA, la empresa pública responsable de la concesión, que haga cumplir a RESVI con la legalidad. A su vez ha advertido a la compañía que si no accede a reunirse con el sindicato y los despedidos de inmediato, estos trasladarán las protestas, que ahora mismo están teniendo lugar en el polígono industrial donde se aprovisionan los camiones, a la sede de la empresa en Málaga “ante la permisividad en el relevo de la empresa concesionaria RESVI y la falta de garantías de cumplimiento de la legalidad por parte de la licitadora”.
Por último CGT ha instado a la Inspección de Trabajo a actuar en este conflicto en el que según el sindicato “la desregulación es la tónica general, alejándose de los mínimos establecidos en el Estatuto de los Trabajadores y el Convenio Colectivo de Transporte de Mercancías de la provincia de Málaga e imponiendo condiciones propias del lejano oeste, donde tanto los salarios, como la jornada laboral ha salido a subasta para aprovechar la necesidad de trabajar y precariedad de personas en desempleo, mientras se envía al paro a quienes llevan años haciendo su trabajo como parte de la plantilla”.