Muro de solidaridad y denuncias:
Resistimos la Represión: Comunicado sobre las 6 de la Suiza
El caso de las 6 de la Suiza ha supuesto un preocupante precedente para la represión a la lucha obrera y ha despertado tanta indignación como debate en las formas de resistencia y cómo enfrentar la represión. Los colectivos impulsores de Resistimos la Represión han lanzado un comunicado para “manifestar nuestra posición ante el reciente paso por prisión de las últimas represaliadas del Estado y reafirmar nuestra apuesta por la lucha colectiva y la amnistía total”.
El pasado 10 de julio, seis compañeras entraron en prisión por haber defendido sus derechos laborales. Son parte de una larga lista de represaliadas por luchar. Su encarcelamiento no es un error ni una excepción: es una muestra más del papel represivo del Estado contra quienes se organizan desde abajo. El 18 de julio les fue otorgado el tercer grado.
Desde los colectivos de Resistimos a la Represión queremos dejar claro que respetamos profundamente la decisión personal de las compañeras de pedir el indulto y aceptar el tercer grado. Sabemos que cada situación es distinta, y que ninguna debe cargar sola con el peso de la represión.
Pero también recordamos que estas salidas individuales pueden reforzar la maquinaria represiva que tantas compañeras han sufrido y seguirán sufriendo. Al perder de vista el carácter colectivo de la represión política, estas decisiones acaban asentando precedentes legales que el Estado usará contra futuras luchas.
Además, estas vías incluyen exigencias como el “buen comportamiento” y la aceptación de culpa. Aunque sabemos que las compañeras no legitiman la pena, el marco del indulto reproduce cultural y jurídicamente esa legitimación.
Así se desactiva la posibilidad de articular una respuesta colectiva, y se diluye el potencial político de la lucha, a cambio de la docilidad que nos exige el Estado. Todo ello, acompañado de un arrepentimiento forzado que consideramos indigno. ¿Debían pedir perdón las compañeras de Gijón por denunciar abusos empresariales? ¿Debían indemnizar con más de 100.000 euros a quien las explotó? ¿No debería ser al revés?
Por eso afirmamos con firmeza que la amnistía total es la única salida colectiva y digna. La amnistía extingue la pena, pero también el relato que la justifica. No se trata de perdón ni de olvido: se trata de decir basta al castigo por luchar. De anular los juicios, condenas y expedientes abiertos contra quienes pelean por un mundo más justo. La amnistía no es solo una consigna: es una herramienta política para señalar al verdadero problema. La represión no es una anomalía: es parte del sistema. Buscar únicamente salidas individuales es asumir la lógica del castigo. Exigir amnistía es romperla desde la raíz.
El indulto perdona; la amnistía libera. Porque no se trata de pedir clemencia, sino de romper con la lógica del castigo.
Mientras el indulto mantiene el delito y exige sumisión, la amnistía borra la culpa y reconoce que luchar nunca debió ser delito.
Luchamos y nos organizamos para construir un mundo mejor.
Luchar y organizarse no es delito.
Amnistía total ya. Libertad a todas las presas políticas.
Acoso a los inquilinos como herramienta de los especuladores
“No vamos a parar hasta revertir esta injusticia”, declara una de las vecinas de General Lacy 22 a las puertas del Congreso. Los inquilinos de este edificio han asistido a una reunión con el Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030 para denunciar la situación de acoso que están sufriendo desde hace más de un año por parte de sus caseros a pesar de que sus contratos de arrendamiento siguen en vigor y se sigue pagando la renta con regularidad. Los vecinos denuncian que el motivo de este acoso es púramente la especulación inmobiliaria.
Estos “caseros”, que son la familia Campos Cebrián-González Ruano están aplicando las mismas presiones sobre más de 100 familias en varios bloques en el centro de Madrid a los que pretenden expulsar de golpe. Y puede que en un futuro cercano sean más ya que la familia de grandes tenedores posee por lo menos otros cinco inmuebles en la capital.
Las familias denuncian que tras su negativa a abandonar sus hogares la propiedad puso en marcha una estrategia de presiones y chantajes a través de varias gestoras. Los vecinos se quejan de haber recibido presiones que van desde ofertas económicas para dejar el inmueble, el completo abandono del mantenimiento del edificio, cambios en la titularidad de los suministros, hasta intentos de coacción por matones relacionados con empresas de desokupación.
Las presiones no están consiguiendo amedrentar a estas familias que resisten organizadas en torno al Sindicato de Inquilinas “para permanecer en nuestras casas y frenar el vaciado de Madrid”.
Los vecinos coinciden en que el acoso a los inquilinos no son casos aislados si no una estrategia sistemática de los rentistas. Los fondos y grandes propietarios han cambiado su forma de actuar para hacerlo al margen del terreno judicial. Subidas de precio, cláusulas abusivas, intimidación, acoso a través de obras… Son las herramientas que usan para forzar la expulsión de los habitantes de las casas con el objetivo, además de recuperar el inmueble, de que la expulsión no figure en las cifras oficiales de desahucios. También usan estas medidas de presión para evitar los costes y plazos jurídicos, evitando así la mínima protección que ofrece el Estado a los inquilinos.
El ayuntamiento de Pozuelo solo quiere refugiados blancos
Apenas un mes después del estallido de la guerra de Ucrania el ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón, en Madrid, hizo un llamamiento a la solidaridad para acoger a los ucranianos en sus casas, darles clases de castellano y apoyo escolar a los más jóvenes. En esa localidad también se abrió el primer centro de acogida estatal que recibiría miles de ucranianos.
En julio de 2025 están mostrando que la solidaridad de 2022 estaba condicionada por el color de piel de los refugiados. Después de que el Tribunal Supremo diese la orden al Gobierno Central de hacerse cargo de un millar de solicitantes de asilo llegados a Canarias, el Ministerio de Migraciones busca espacios para llevar a cabo la acogida. El centro de Pozuelo es un candidato para alojar parte de estos migrantes pero la alcaldesa del municipio ya ha declarado que “Me niego en rotundo a que traigan a un solo menor inmigrante a Pozuelo de Alarcón. Vamos a hacer todo lo que esté en nuestra mano. No lo vamos a aceptar de ninguna manera”. Dos semanas después el ayuntamiento ordenó el cierre del centro por motivos urbanísticos, aunque aún no se ha hecho efectivo.
Los propios trabajadores del ayuntamiento han confirmado que la inspección urbanística ha sido motivada por la posible llegada de los menores migrantes. Por su lado el Ministerio dice que el centro no tiene ningún problema y que hasta ahora han pasado por él más de 100.000 personas y hasta ahora “nunca ha habido ningún problema con el Ayuntamiento”. Añaden que ahora mismo el centro acoge a casi 500 personas y funciona con total normalidad.
Esta situación, aunque se ha agravado con la propuesta de llegada de menores migrantes de Canarias, no es nueva. El centro ya había empezado a acoger solicitantes de asilo de América Latina cuando el flujo de ucranianos se ralentizó, lo que resultó en quejas por parte de la edil “Los vecinos de urbanizaciones cercanas […] se han puesto en contacto con su Ayuntamiento y su Policía Municipal alarmados al observar que en las últimas semanas se puede ver a estas personas deambular frecuentemente por las calles de nuestra ciudad”. Además el ayuntamiento solicitó un “refuerzo de la seguridad de la zona” a pesar de que no se ha registrado ningún incidente relacionado con las personas acogidas y los propios vecinos no han puesto ninguna queja.
Parece claro que la solidaridad de las instituciones de Pozuelo depende de tu color de piel.