Muro de solidaridad y denuncias:
Cargas y detenciones en la concentración contra el genocidio
El lunes 28 de julio se había convocado una concentración frente a la embajada egipcia en Madrid. Durante la protesta convocada por distintas organizaciones propalestinas, a la cual ha acudido más de un centenar de personas, se ha coreada proclamas contra el genocidio del pueblo palestino, contra el gobierno israelí y también contra el gobierno egipcio por su connivencia con el estado sionista.
A las doce de la mañana se ha producido la primera detención sin que los manifestantes conozcan el motivo, a la cual seguían otras cinco detenciones entre golpes y empujones a pesar de que los manifestantes han intentado mediar con las fuerzas represivas para no aumentar la tensión. Los manifestantes denuncian que durante el transcurso de la concentración las provocaciones por parte de la policía han sido constantes.
Los manifestantes detenidos han sido trasladados a la brigada provincial de información en Moratalaz para más tarde ser llevados a una comisaría del barrio de Salamanca, zona en la que se ha realizado la concentración.
Esta convocatoria se enmarca en el incremento de la presión a nivel internacional contra el genocidio del pueblo palestino y frente a las noticias que no dejan de llegar de la franja de Gaza donde los sionistas están promoviendo hambrunas para más tarde asesinar a los gazatíes mientras acuden a recoger alimentos. A la vez que las movilizaciones se suceden en múltiples lugares también lo hacen los episodios de represión.
Investigada ONG de protección de menores en Canarias
La ONG Quorum Social 77 es la encargada de atender a casi 2.000 menores migrantes en Canarias y por esta tarea ha recibido más de 150 millones de euros de fondos públicos desde 2023. En los últimos meses esta organización se ha convertido en el centro de una investigación por malos tratos, torturas y otros delitos que revela un sistema de acogida saturado y sin control.
El pasado jueves 24 de julio la policía irrumpió en un macrocentro donde vivían 143 adolescentes. La redada terminó con el centro clausurado y dos directivos de la ONG detenidos. Los adolescentes han sido repartidos en un total de 20 centros en toda la isla. Estos adolescentes aseguran que en el centro “siempre ganaba el más fuerte” y que nunca eran ellos. Narran palizas y una celda de aislamiento en el sótano en la que les hacían pasar varios días como castigo.
El caso de Quorum 77 es fruto de un sistema que en pocos años ha crecido sin control, donde el gobierno ha ido insuflando poder y fondos a las ONG para la gestión de miles de niños que llegaban a las islas. La empresa se había convertido en un pilar de este sistema, no sólo acogía a un tercio de los 5.500 menores de las islas, también recibió más de la mitad del presupuesto de los últimos tres años según los datos oficiales. La situación de crisis permanente ha permitido que los contratos se adjudiquen a dedo, sin personal especializado y reduciendo los estándares para convertir un espacio en centro de acogida al mínimo: se ha llegado a habilitar un antiguo criadero de palomas para albergar a 300 adolescentes.
Este sistema además trabajaba sin control. Las informaciones sobre malos tratos en esta y otras ONG circulan desde hace años tanto entre abogados, periodistas y organizaciones dedicadas a la infancia como en la fiscalía y las autoridades de las islas. Esas mismas autoridades dicen que mientras el juzgado no diga que el maltrato por parte de esta entidad es »estructural», no hay argumentos legales para zanjar los contratos. Parece que las denuncias de jóvenes y extrabajadores no son suficientes para que el gobierno tome medidas.
Comunicado sobre los sucesos de Torre Pacheco
El siguiente comunicado sobre las acciones racistas que han ocurrido en Torre Pacheco ha sido firmado por: SOS Racismo de Navarra, Salhaketa Navarra, Paris 365, Haritu, Centro de Información al Migrante (MIG) , Oxfam Intermon, Elkarri Socorro, Médicos del Mundo en Navarra, Dar Etxea, Expandiendo Fronteras, BDZ Navarra, Gaz Kalo, Itaka Escolapios, AZTA
Nuestros colectivos quieren expresar su alarma, indignación y condena ante la ola de violencia racista e islamófoba contra la población de origen magrebí en la localidad de Torre Pacheco (Murcia).
Este aumento del odio, las amenazas y los ataques no es casualidad ni un incidente aislado. Es consecuencia directa de años de discursos de odio y deshumanización generalizados, difundidos a través de rumores, noticias falsas, criminalización mediática e inacción institucional. Las personas migrantes sufren acoso, persecución y hostigamiento. Muchas se han visto obligadas a permanecer confinadas en sus casas o comercios por temor a ser atacadas. Se han difundido públicamente mensajes y llamamientos a unirse a la «cacería de inmigrantes», lo cual constituye un delito de odio. Algunos medios de comunicación y figuras políticas han contribuido a propagar el estigma y los prejuicios, alimentando el miedo y la polarización.
Es importante recordar que hace 25 años El Ejido (Almería) se convirtió en el epicentro de la persecución migratoria. Al igual que en Torre Pacheco, cientos de personas resultaron heridas, comercios regentados por migrantes fueron destruidos y la población migrante y racializada se vio obligada a irse por miedo. Volvió a ocurrir recientemente en Marcilla, con agresiones a menores migrantes, y unos días después en San Adrián; también lo hemos visto en Hernández, y sucede a diario en nuestras calles cuando se pretende normalizar la presencia constante de la policía y cuando los medios de comunicación publican noticias que vinculan el origen nacional con la delincuencia. Las instituciones a menudo obstaculizan el acceso al censo o al sistema de protección social, utilizando el «efecto llamada» como excusa. Llevamos años denunciándolo: el racismo institucional sigue alimentando el odio y se arraiga en nuestros barrios y pueblos con violencia.
El uso de la «seguridad cívica» como argumento es inaceptable, y menos aún para justificar la violencia racista o alimentar el imaginario colectivo que asocia la migración con la delincuencia. Las personas racializadas, especialmente las negras, árabes o musulmanas, han sido históricamente representadas como una amenaza, a pesar de ser quienes más sufren la exclusión, la precariedad y la violencia estructural. No aceptaremos que se vuelva a usar la «seguridad» como excusa para deshumanizar repetidamente a estas personas y afirmar que son peligrosas, sospechosas o excluibles.
Durante años hemos denunciado cómo se ha mantenido esta narrativa de odio, tanto mediante la acción, por parte de quienes buscan reconstruir y establecer estructuras autoritarias, como mediante el silencio, por parte de quienes no están dispuestos a defender la igualdad de derechos ni a reconocer plenamente el racismo institucional. Todos estos factores han reforzado las políticas del miedo y la criminalización preventiva, presentando a grupos enteros como peligrosos y reprensibles, a pesar de ser personas previamente marginadas por el sistema. Estas personas no son consideradas sujetos de derechos, porque no cumplen con los requisitos del sistema. Así, aumenta la presencia policial y se reducen las libertades. En nombre de la seguridad, las personas migrantes y racializadas se convierten en víctimas, encubriendo las causas de las desigualdades reales y la violencia estructural.
La bestia del fascismo siempre ha existido; la cuestión es cómo se ha alimentado. El debate no gira en torno a qué hacer ante la inseguridad, ya que la respuesta del sistema siempre será rápida y severa: control y castigo. El verdadero debate es cómo construir una sociedad basada en la igualdad total y cómo desmantelar las estructuras de poder y el orden establecido sobre la base de privilegios eternos.
Por todo ello solicitamos lo siguiente:
Fortalecer y ampliar las redes de cuidado y protección mutua para proteger a las personas migrantes y racializadas de múltiples violencias y ataques estructurales.
Denunciar colectivamente el racismo estructural y la violencia que lo provoca sistemáticamente, en lugar de dejar nuestra seguridad en manos de las instituciones y las fuerzas policiales.
Organizar acciones autónomas y seguras para fortalecer la defensa comunitaria y la solidaridad entre barrios, por encima de enfoques punitivos.
Construir y expandir acciones antirracistas desde abajo, a través de la educación crítica, la memoria y la acción directa, para desmantelar el discurso de odio y las jerarquías establecidas.
Pamplona, 19 de julio de 2025
Trenquem l’aïllament dels presos polítics
El 9 d’agost Pablo Hasel compleix 37 anys. Felicitem-lo