Muro de solidaridad y denuncias:
Otras voces: ¿Justicia?:
-Judicatura y lucha de clases en la España reciente. (Segundo de 3 artículos)
*La reforma del sistema judicial
De nuevo, por qué jueces y fiscales inician una campaña de protesta contra el gobierno. En lo inmediato, reaccionan ante la reforma del sistema judicial que el gobierno ha presentado al parlamento para su tramitación por vía urgente.
Entre las medidas que han hecho saltar las togas por los aires, las asociaciones convocantes apuntan las siguientes.
- Pruebas anónimas para acceder a la carrera judicial (¡herejía meritocrática!).
- Que los fiscales instruyan causas (como en otras democracias, pero aquí somos…).
- Hacer que el fiscal general no se marche con el Gobierno que lo nombró (la independencia que no se controla, molesta).
- Rebajar de 15 a 5 años la experiencia para el acceso por el “cuarto turno”.
- Regularizar jueces y fiscales interinos (954 jueces y 331 fiscales en precario… ¿cómo se atreve el Gobierno a querer formalizarlos?).
- Y lo imperdonable: crear un centro público de preparación para opositores, restando negocio a los jueces preparadores.
Estas medidas son vistas por las agrupaciones de jueces convocantes como amenazas al estado de derecho, la independencia judicial y la profesionalidad de los jueces, mientras el gobierno y sus defensores insisten en la democratización y la modernización de la justicia.
*La judicialización de la política
Visto el origen del reciente enfado judicial, hemos de preguntarnos por qué el gobierno se mete en este berenjenal de la reforma judicial. En un contexto en el que persisten problemas que sacuden a la clase obrera: tanto nacionales (vivienda, servicios públicos, rearme, salarios, inflación) como internacionales (amenaza nuclear, cambio climático, guerra, genocidio palestino, …), este enfrentamiento con el poder judicial podría parecer caprichoso. Pero, no. El Gobierno ha dejado de mostrar respeto ante las decisiones judiciales que le han resultado adversas, pasando a acusar a determinados jueces de actuar deliberadamente para debilitarlo e incluso manifiesta sospechas de que el PP recibe información judicial privilegiada. La reforma judicial del gobierno forma parte de esta respuesta al acoso judicial más reciente: caso hermano del Presidente, caso esposa del Presidente, caso Fiscal General, casos Leyre (cargo del PSOE), Koldo (ex-asesor gubernamental), Ábalos (ex-ministro y ex-Organizacion del PSOE), Cerdán (ex-Organizacion del PSOE).
Ahora bien, para que esta instrumentalización de la justicia con fines políticos (lawfare o guerra judicial) adquiera pleno sentido ha de acompañarse del acoso mediático (mediafare o guerra mediática) y de la polarización partidaria. De esta forma, a la vez que se desgasta al ejecutivo se va creando la alternativa de gobierno. No es necesaria una minuciosa coordinación, que si la hay es más efectiva, basta con que cada uno haga su parte y, sobre todo, que “el que pueda hacer que haga”. Veamos cómo opera este tridente judicial-mediatico-partidario.
*El modus operandi de la estrategia judicial-mediática-partidaria
A grandes rasgos el guión de esta estrategia, en el caso del ataque al gobierno de izquierdas (puede ser también de la derecha), deteniéndonos en el papel de los jueces.
- Se presenta una denuncia, a veces basada en un pantallazo o recorte de prensa de dudosa credibilidad.
- Suele venir de asociaciones de derecha como Abogados Cristianos (valores religiosos), Hazte Oír (antifeminismo), Manos Limpias (antinacionalistas), Concordia Real Española (antirrepublicana), expertas en querellas “creativas” haciendo uso de la acusación popular. El propio Vox ha hecho un uso intensivo (procés, alsasua, gestion Covid, antimemoria historica, antiLGTB, antigobierno, entre otras).
- Un juez «receptivo» admite a y abre instrucción.
- El juez pide informes (AIREF, UCO, UDEF, …) se interroga, se filtra. Cada paso es una portada.
- Los medios amplifican (portadas, titulares, noticiarios, tertulias), los políticos se lanzan al cuello en el parlamento, y vuelta al informativo de las 15 o las 21h.
- El caso puede cerrarse por falta de pruebas, prescripción o “se me pasó el plazo, ups” (como recientemente le ocurrió al juez Peinado con una causa con implicación del alcalde Almeida y del director de OK diario).
- Aun así, el daño político ya está hecho. Nadie rectifica, pide disculpas públicas ni responde de errores.
La actuación judicial, en el marco de la estrategia judicial-mediático-partidaria, igual que va en el sentido del desgaste del gobierno puede ir en el sentido de aliviar o salvar al partido de la oposición. Un ejemplo reciente: “El juez Peinado deja morir la instrucción de un caso de presunta prevaricación que salpica al alcalde Almeida y a Eduardo Inda” al pasársele uno de los plazos. Es un ejemplo de vinculación directa: juez-PP-OK diario.
*Antecedentes del tridente
Esta estrategia lleva tiempo en España. El anterior gobierno de coalición, particularmente el sector de Unidas Podemos (anteriormente sus principales dirigentes), fue objeto de ella como acreditan más de veinte causas judiciales abiertas que tras alargarse años, ocupar portadas, generar titulares y monopolizar tertulias, terminaron siendo archivadas.
También ocurrió con líderes independentistas catalanes. Incluso anteriormente, en el marco de ataque a la izquierda hay que recordar el caso de Rodrigo Torrijos integrante por IU en un gobierno de coalición con el PSOE en la ciudad de Sevilla durante la primera década del nuevo siglo, finalmente absuelto de las cuatro causas abiertas. El ataque sufrido por el nacionalismo vasco en los años noventa también puede inscribirse en este tipo de estrategias. Más aún, la segunda república fue testigo del sabotaje judicial.
Ante estas evidencias no queda más remedio que preguntarse por el activismo judicial contra los gobiernos de izquierda en España.
*La politización de la justicia
Para que se produzca la judicialización de la política se requiere la politización de la justicia. Es decir se necesitan, antes que nada, jueces dispuestos a desempeñar ese papel, que entiendan que su labor profesional pasa por acabar con este gobierno; ¡ojo! no tienen que ser todos los jueces, basta con que haya los suficientes. Ejemplos concretos son los jueces Castellón, Alba, Gadea, Marchena, Escalonilla, Peinado o Hurtado. Las razones por las que una persona, en este caso juez, tiene tendencia a rascarle a la izquierda o acariciar a la derecha son variadas (ideológicas, económicas, partidarias, incluso la próxima jubilación, entre otras) y no nos detendremos.
Porque para que esa voluntad individual adquiera relieve y no quede en lo anecdótico han de darse más elementos: un marco profesional que se lo permita, pues cuentan con la colaboración de más profesionales; también es importante la simpatía de las asociaciones de jueces, prestas a defenderlos en cuanto asoma un atisbo de crítica; así como unos superiores (hasta llegar al principal órgano de gobierno de los jueces, el CGPJ) que no les pidan cuentas cuando gastan ineficazmente los recursos y no les exijan responsabilidades y sancionen ante los errores; la “complicidad” del resto de poderes del estado (ejecutivo y legislativo) que lejos de controlarlos les dejen hacer (eso ha venido ocurriendo hasta hace poco); así como la connivencia de otros poderes de la sociedad como el mediático (el blanqueamiento del talibanismo judicial puede llegar a ser sonrojante), entre otros posibles.
Se podría decir que una exitosa vanguardia judicial contra la izquierda nos lleva, o implica, la politización de la estructura judicial (y la del resto de la sociedad). Lo cual, bajo nuestro punto de vista, tiene que ver con el papel que juega la justicia en la sociedad capitalista, particularmente en la relación social general que la organiza, el capital.
–https://criticonomia.blogspot.com/
Imagen: Kaosenlared
Casos ‘aislados’:
-Absuelto un policía de Vigo que llamó «matado y subnormal» a una persona con discapacidad ‘al no ser insultos degradantes’.
Los hechos ocurrieron en el transcurso de una discusión entre el hombre y el agente, durante la cual el funcionario policial habría llamado «matado» y «subnormal» al recurrente, que llevaba un bastón debido a su discapacidad.
La Audiencia no ha visto un «trato degradante» debido a que existía una discusión entre los dos en el que el ciudadano «parecía provocar» al funcionario con frases como «ya te veré fuera de aquí».
«En el curso de la cual le profirió los insultos antes referidos. Estos hechos no revisten los caracteres de gravedad, ni por los insultos que no pueden ser considerados como degradantes, ni aún contando con las referencias a la privación del ‘bastón’, que no era tal sino un simple palo, habiendo mencionado que era un bastón de apoyo que estaba roto»
La sentencia hace hincapié en que la conducta del agente, aunque pudiera considerarse inapropiada e incluso sancionable en vía administrativa, no alcanza el umbral de gravedad requerido para constituir un delito contra la integridad moral o un delito de odio, como pretendía la acusación en su recurso de apelación.
Al Capones muy españoles:
-Iberdrola pide al Supremo que anule la investigación del Gobierno sobre el apagón.
El 30 de mayo presentó un recurso contencioso-administrativo alegando que la creación del comité para el análisis de la crisis eléctrica no tenía cobertura legal.
La eléctrica llega a acusar al Gobierno de «deslealtad» por «crear una apariencia de coactividad sin sustento legal» con el objetivo de reclamar información a las empresas implicadas en el apagón.
De sus miles de millones de beneficios, Iberdrola ni palabra.
Con Palestina:
-Boicot a acto por presencia de rector israelí.
Concentración convocada por @lleida.Palestina.
Tamir Sheafer, de la Hebrea de Jerusalén, fue boicoteado en una jornada de la universidad de Lleida.
La universitat de Lleida es cómplice del genocidio del pueblo palestino, y hasta el momento, no ha roto relaciones con el Estado criminal de Israel.
Señalamos a los culpables y practicamos la solidaridad con los que luchan.