Muro de solidaridad y denuncias:
Policía desahucia:
-Policía municipal y Ertzaintza desahucian a dos niñas de 2 y 3 años en Zurbaranbarri, Bilbao.
Aurora, víctima de violencia machista: dos hijas sin hogar tras una orden judicial ciega y un Ayuntamiento que no ofreció ninguna alternativa digna.
Otra familia obrera ha sido arrancada de su techo. La historia de Aurora -una madre, víctima de violencia de género- y sus dos hijas de apenas 2 y 3 años fue tachada con un sello frío y burocrático: desahuciadas sin más, sin comitiva judicial, sin alternativa digna, sin empatía.
Aurora había llegado aquí empujada por la urgencia: seis meses o dos vidas en la calle. La ocupación de un piso vacío fue la única opción ante un sistema habitacional que le cerró todas las puertas. Vivir con RGI le cerraba las puertas al mercado de alquiler, los recursos públicos eran solo palabras y las inmobiliarias escapaban como si se tratase de una sombra molesta. Ella lo intentó todo: negociar con la propiedad, buscar un contrato, presentar documentos… pero solo encontró falsas promesas. Hasta que, en menos de una semana tras el juicio del 5 de mayo, llegó la sentencia que marca el fin: “Desalojen en los próximos días”, decía el papel. Y al final, llegó el desalojo -sin comitiva judicial, sin espera- mientras las niñas jugaban, sin saber que su hogar les fue arrebatado.
“Nadie nos dio una alternativa… ni Servicios Sociales, ni Viviendas Municipales, ni Acción Social”, relató Aurora -con voz temblorosa, pero firme-. Presentó un informe que la reconocía como víctima de violencia machista… y nada cambió. El silencio fue tan cómplice como la inacción del Ayuntamiento.
La escena deja tras de sí más que un piso vacío: deja el efecto devastador de un sistema que no prioriza y castiga el derecho a la vivienda. El Juzgado de Instrucción nº 5 cargó sobre los hombros de una madre y dos niñas el peso de una sentencia impersonal, mientras los funcionarios se lavaban las manos y la “cumplían”.
*Volvemos a insistir. Estos brutales ataques contra familias obreras son ante todo la demostración primaria de la defensa a palos -y a tiros si hiera falta- de la propiedad privada, cueste lo que cueste. Lo decimos, porque muchos de los dispositivos represivos de la policía para estos desahucios y desalojos -“son órdenes”-, cuestan una ingente cantidad de dinero público mucho mayor que la propiedad privada a defender. Para desahuciar a una mujer víctima de violencia machista con dos niñas de 2 y 3 años y sin ninguna otra alternativa, miren en el enlace el despliegue represivo que montaron. No tienen vergüenza, y mucho menos empatía por el sufrimiento ajeno.
Militarismo represor desbocado:
-Miembros del Ejército español preparan a militares tunecinos para reprimir manifestaciones.
Tres integrantes de la Brigada de Paracaidistas ofrecieron un curso en técnicas represivas a efectivos de Túnez. Mientras organismos de derechos humanos acusan al Gobierno de ese país de encarcelar a disidentes.
Los agentes antidisturbios de Túnez tienen capacitación española. En febrero, tres miembros de la Brigada de Paracaidistas (BRIPAC) del Ejército acudieron a ese país del norte de África, cuyas autoridades han sido señaladas en reiteradas ocasiones por vulnerar los derechos humanos, para adiestrar a las tropas locales en técnicas de represión contra multitudes.
«La misión consistió en instruir a una selección de cuadros de mando de diferentes unidades tunecinas en tácticas, técnicas y procedimientos de control de masas», señala el brigada Ignacio González Frutos, integrante de este cuerpo militar, en un informe publicado en el último número de Boina Negra, la revista oficial de la unidad de paracaidistas del Ejército que se edita bajo la responsabilidad del Ministerio de Defensa.
«A lo largo de dos semanas, el equipo de instructores formado por tres miembros de la Sección de Policía Militar de la BRIPAC, fue desarrollando un plan de instrucción sobre la materia combinando sesiones teóricas con ejercicios prácticos, de forma que abarcara los aspectos más relevantes de este tipo de actividad».
El adiestramiento incluyó «desde nociones de psicología de masas, hasta el despliegue y maniobra en diferentes formaciones, pasando por las técnicas de lanzamiento de medios antidisturbios». De esta manera, «los alumnos fueron aprendiendo y practicando los procedimientos básicos propios de este campo de actuación».
Este curso coincidió con otra formación ofrecida en esas mismas fechas por militares españoles a efectivos tunecinos.
Durante la primera semana de febrero de este año, miembros de la Compañía de Reconocimiento Avanzado (CRAV) del Regimiento de Infantería de Nápoles número 4, con sede en Paracuellos de Jarama (Madrid), instruyeron a tiradores de precisión en la Arms Basic Training School de la localidad de Al-Hamma.
Según otra reseña publicada por la revista oficial de la BRIPAC, participaron 14 oficiales y suboficiales tunecinos. En este curso, señalan los militares españoles, hubo «diversos ejercicios de fuego real».
Preparar la represión en un país ajeno, pese a las denuncias de vulneraciones a los derechos humanos que se registran en ese país.
Doble moral, siempre con el sionismo:
-España mantiene plena colaboración científica y académica con Israel tres años después de suspenderla con Rusia.
Científicos e investigadores impulsan una campaña de recogida de firmas en apoyo de un manifiesto que acusa al Ministerio de Ciencia y al CSIC de aplicar una «doble moral» en la política de sanciones por vulneración grave de derechos humanos.
60.000 asesinados y 20 meses después de bombardeos sistemáticos que han reducido Gaza a cenizas, el Ministerio de Ciencia e Innovación mantiene plena vigencia de sus acuerdos de cooperación académica e institucional con el Gobierno criminal de Benjamín Netanyahu. Su principal instrumento público, el Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC), que agrupa a 121 institutos por toda España y cuenta con más de 15.000 trabajadores, conserva inalterada su agenda de colaboración con Israel y sus instituciones pese al creciente malestar interno por su pasividad ante una operación militar escrutada por la Corte Internacional de Justicia como genocidio.
El mutismo del Ministerio de Ciencia contrasta drásticamente con la inmediata reacción mostrada hace tres años tras la entrada de Rusia en Ucrania el 24 de febrero de 2022. En aquella ocasión, el departamento que dirige Diana Morant tardó exactamente 14 días en suspender indefinidamente todo tipo de relaciones académicas y científicas con Rusia. En un firme y contundente comunicado, el Ministerio subrayó que la cooperación científica solo es posible si existen unos «valores comunes mínimos» y calificó de «inaceptable» la «agresión» ordenada por Moscú.
Ante esta doble vara de medir, un creciente número de científicos e investigadores españoles exige al Gobierno la adopción de medidas efectivas contra el Ejecutivo israelí, objeto de una orden de arresto internacional por cometer crímenes de guerra y lesa humanidad. Una campaña impulsada por CSIC x Palestina exige el fin de la colaboración científica con Israel.
No es la primera iniciativa protagonizada por la comunidad científica. En junio de 2024, una declaración firmada por decenas de investigadores y técnicos del CSIC exigía el fin de las operaciones militares, deploraba la destrucción de los centros de investigación palestinos y solicitaba la «revisión» y, en su caso, «suspensión» de los acuerdos de colaboración del CSIC con universidades y entidades israelíes que «no hayan expresado un firme compromiso con el cumplimiento del derecho internacional humanitario».
En: Público.