Memoria histórica imprescindible:
Fosas y más fosas:
-Impulso al proceso de identificar a las víctimas asesinadas de la fosa común de El Rellán, en Grado, Asturies.
Contrato del Principado para adjudicar a una empresa la identificación genética, «a través de metodología específica acreditada, de 61 víctimas exhumadas» y su relación con las muestras de ADN de posibles familiares.
Las personas asesinadas que fueron arrojadas a la fosa de El Rellán, fueron localizadas desde 2022, y algunas de las cuales recibieron allí mismo el tiro de gracia. Otras fueron fusiladas a la entrada de la finca donde aparecieron los restos humanos, tal y como demostró una hilera de casquillos de fusiles Mauser que pertenecieron a un pelotón de fusilamiento de las tropas franquista y que fueron encontrados en 2022 por los voluntarios. En las trincheras donde se amontonaban los restos humanos de 61 personas únicamente aparecieron varios casquillos de pistolas de nueve milímetros.
-Identifican los restos de otras seis víctimas asesinadas por el franquismo exhumadas en el cementerio de Orduña en Bizkaia.
Los últimos identificados en Orduña son José Gómez Narváez, Aquilino Flores Bautista, Manuel Vivas Fernández, José Pozo García (todos naturales de la provincia de Badajoz), Zollo Villar Toledo (de Ciudad Real) y Antonio Bootello Negrete (de Málaga).
Los cuerpos fueron recuperados del cementerio de la localidad en 2022 y 2024. Los trabajos de exhumación fueron llevados a cabo por la Sociedad de Ciencias Aranzadi y la identificación por ADN correspondió a la Universidad del País Vasco.
En el colegio de los Padres Jesuitas de Orduña funcionó entre 1937 y 1939 un campo de concentración para prisioneros republicanos. Allí los represaliados sufrieron condiciones infrahumanas y se les utilizaba como trabajadores forzosos. Posteriormente, el campo de convirtió en prisión franquista, hasta que cerró en 1941.
Hasta la localidad vizcaína fueron llevados presos de toda España: de los 225 prisioneros fallecidos, 127 eran eran de origen extremeño (125 de Badajoz y 2 de Cáceres), la mayor parte trasladados desde el campo de concentración de Castuera; 41 procedían de Castilla-La Mancha (34 de Ciudad Real, 4 de Toledo y 3 de Albacete); 28 de Andalucía (principalmente trasladados desde la prisión de Málaga, pero también de Jaén, Huelva, Sevilla, Granada y Córdoba); 18 de Cataluña (10 de Tarragona, 4 de Barcelona, 3 de Girona y 1 de Lleida); 4 de la Comunidad Valenciana (3 de Valencia y 1 de Castellón); 3 de Murcia, 2 de Cantabria, 1 de Asturias, 1 de Zaragoza, y 1 de Segovia.
Los fallecidos en la prisión eran enterrados en el cementerio local. Hasta ahora se han exhumado 93 cuerpos, de los que se han identificado 17, y 15 se habrán devuelto a sus familiares con las últimas entregas.
-Trece personas exhumadas de las fosas de la dictadura por la ARMH en la montaña de León son enterradas en Villamanín y Casares.
Familiares de víctimas del franquismo: «De Casares de Arbas hay muertos por todas partes».
Los restos de siete hombres asesinados hallados en el paraje Vainilla de Busdongo, detrás del cuartel de la Guardia Civil, descansan en el cementerio de Villamanín. Buscaban a Florentino Martínez Cañón, de 64 años y Manuel Rodríguez Cañón, de 48 años, ambos de Casares de Arbas y Elías Rodríguez Tascón, de 19 años y Pedro Suárez Arias, de 26 años, de Busdongo, y encontraron también a un miliciano desconocido, un ferroviario desconocido y un desconocido.
Fueron asesinados en octubre de 1937, tras romper las tropas franquistas la línea del frente norte defendido desde 1936 por las milicias republicanas entre León y Asturias.
«Fueron asesinados por no renunciar a un mundo mejor, más libertario y más repartido», como señaló Marco González, vicepresidente de la ARMH, a los pies del nicho abierto en Casares de Arbas para recibir a Manuel Febrero Rodríguez, de 14 años, a Lisardo Febrero Rodríguez, de 18 años, a Tomás Rodríguez Martínez, de 25 años, Sergio Alonso, de 22 años, Laurentino Cañón, de 25 años, y Lorenzo Rodríguez, de 38 años.
Durante 87 años habían permanecido en una fosa en un paraje de Aralla de Luna, a 1.500 metros de altitud. Eran anarquistas, obreros y jornaleros, el más pequeño, Manuel Febrero, de 14 años, cometió el delito de darse la vuelta cuando oyó los tiros. «A mi hermano, a mi hermano, ¡no!, gritaba. Les mataron a los dos.
«De Casares hay muertos por todas partes» porque este pueblo fue el que «sufrió más represión», dijo un vecino. De un censo de 200 habitantes, más de 80 fueron detenidos y muchos fusilados. Otros se echaron al monte. Y las mujeres, especialmente sus compañeras, sufrieron la represión con cárcel, vejaciones y miseria.
Nieves tomó el pecho de su madre presa en San Marcos y la usaron de cebo para que el padre huido bajara al pueblo. «Me ponían en el prado por la noche para que me oyera llorar». «A María Febrero le quisieron obligar a cantar para los falangistas y se negó. Con 14 años y una pistola en la sien dijo: ¡Mátame!»…
Mientras tanto:
-Familias de víctimas del franquismo se pagan pruebas de ADN ante el atasco en el laboratorio oficial de Granada.
Cada prueba cuesta entre 300 y 350 euros.
Familiares de víctimas del franquismo que fueron exhumadas en el cementerio de San Fernando (Cádiz) han pagado de su propio bolsillo pruebas de ADN en un laboratorio privado de Madrid ante el «atasco» que existe en el de Granada.
«Esto corresponde a que realmente no hay un compromiso real en el tema de la memoria. Se van poniendo parches, se van cometiendo errores. La identificación genética, concentrándolo en un solo sitio, no está dando los resultados oportunos», expone a título personal José Luis Gutiérrez, historiador y vocal de identificaciones de la Asociación para la Recuperación y Divulgación de la Memoria Histórica en Cádiz.
Entre las razones de la lentitud y la escasez de las identificaciones en Granada —el único laboratorio que hoy mantiene convenios con la Junta de Andalucía—, además de la propia dificultad inherente a las mismas, debido al tiempo transcurrido, está en que en los últimos tiempos se han exhumado varias fosas, una de ellas, por ejemplo, la de Pico Reja en Sevilla con miles de cadáveres, lo que provoca también retrasos.
La ley de memoria autonómica, aprobada sin votos en contra en el año 2017, establece, en su artículo 13.3 que «la Administración de la Junta de Andalucía realizará pruebas genéticas que permitan la identificación de los restos óseos exhumados».
¡Les parece poco 89 años de espera! Ante su retraso y colapso, tiene que recurrir a pruebas de pago…
En: Público.
Fraga falangista:
-Víctimas del franquismo piden la retirada a Manuel Fraga del título como hijo adoptivo de A Coruña.
‘No queremos a Manuel Fraga como hijo adoptivo’.
Han recordado su etapa como dirigente falangista y ministro de la dictadura, lo que a su juicio le invalida para recibir reconocimiento alguno.
El colectivo de víctimas del franquismo ha insistido en su petición de que el Concello de A Coruña retire a Manuel Fraga la distinción de Hijo Adoptivo de la ciudad. Subrayan que la primera iniciativa tuvo lugar en 2018, cuando se cumplían cincuenta años de este reconocimiento. Hasta el momento no se ha producido esa retirada como sí ha sucedido con otros honores en municipios de la provincia como Ferrol, Cariño o Cedeira. Exigen al Gobierno municipal que cumpla con lo aprobado en Pleno en 2019.
No habría que olvidar también la máxima responsabilidad de Fraga en la masacre de obreros el 3 de marzo de 1976 en Vitoria, con 5 trabajadores asesinados por la policía y más de 100 heridos. Fraga decía “La calle es mía”.