Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Telus, subcontrata de Meta, 2.059 despidos.
ERE en la división de moderadores de contenidos de Meta en la Torre Glòries de Barcelona. La reestructuración se saldará con 2.059 despidos, prácticamente la totalidad de la plantilla de trabajadores.
La compañía de origen canadiense pondrá encima de la mesa 15 millones de euros para cubrir los despidos. El motivo del despido colectivo, según ha justificado la empresa, es que Meta ha decidido que Telus ya no moderará más sus contenidos. Los ERE han sido firmados por los sindicatos de forma exprés. La extinción de los contratos será a fecha de 22 de mayo.
-H&M cierra sus tiendas, con 521 despidos.
Desde inicios de año y ya sin parar, cierra 28 tiendas en España y despide a 521 trabajadores, mayoritariamente mujeres.
Ya han cerrado las tiendas en los centros comerciales L’Aljub (Elche), Ociopía (Orihuela) y Habaneras (Torrevieja), con más de 50 despidos en la provincia de Alicante. También se han cerrado tiendas en Viladecans, Badalona y Girona, impactando a unas 60 trabajadoras. Otras ciudades afectadas por los cierres son León, Ponferrada, Vigo, Salamanca, Almería y Madrid, donde se han clausurado tiendas en centros comerciales como Espacio León, El Rosal, Gran Vía y Torrelodones. Las pocas que quedan, en este mayo.
La multinacional ha señalado que España concentra el 17% de los cierres de la marca a nivel mundial.
-Transdonat, 37 despedidos.
La empresa de transporte frigorífico Transdonat S.A., con sede en Ontinyent, Valencia, ha aprobado la aplicación de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que implicará el despido de un total de 37 trabajadores de su plantilla.
Los trabajadores denuncian la «premeditación» del expediente y avisa de una posible demanda por vulneración del derecho a la libertad sindical.
Despidos improcedentes:
-Declaran improcedentes los despidos de cinco trabajadores de RLESA de Puertollano por presunto acoso laboral.
La empresa de Repsol despidió a los trabajadores en 2024 y tras la sentencia ha decidido indemnizarlos en lugar de readmitirlos tras el despido improcedente.
El Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha ha declarado improcedentes los despidos de cinco trabajadores de la empresa Repsol Asfaltos, Lubricantes y Especialidades de Puertollano despedidos por un presunto caso de acoso laboral.
La sentencia declara que los despidos son improcedentes porque, según recoge, “ni había base para despedirlos, ni los testimonios de los testigos presentados durante el juicio pueden demostrar que estos cinco trabajadores hostigaron y acosaron laboralmente a una empleada de la planta de la empresa RLESA en el complejo petroquímico”.
Esclavismo laboral:
-Obligadas a doblar su jornada laboral en una escuela infantil bajo amenaza de despido: «Podemos echaros cuando queramos».
Un matrimonio que estuvo al frente de un centro concertado de Boiro (La Coruña) se enfrenta a penas de prisión por trato vejatorio y un delito contra los derechos de los trabajadores.
Ella exdirectora del colegio-guardería, regida por una entidad religiosa, y él, directivo del centro y esposo de la anterior.
“A Dios rogando y con el mazo dando”.
En el verano del 2014, se puso al frente de la dirección de una escuela infantil concertada de Boiro -hoy sin actividad- a un matrimonio que se ha sentado el 7 de mayo en el banquillo de la sección sexta de la Audiencia Provincial bajo graves acusaciones de trato vejatorio a las trabajadoras que en aquella época tenían bajo su cargo. La Fiscalía solicita para ellos una pena de un máximo de 11 años de cárcel por los delitos de trato degradante y contra los derechos de los trabajadores.
El matrimonio obligaba a las trabajadoras a alargar su jornada laboral y realizar tareas que no les correspondían bajo constantes amenazas de despido: «Podemos echaros cuando queramos», recoge textualmente. Añade, además, que los procesados se inmiscuían en la vida privada del personal «con la finalidad de adoctrinarles respecto a las ideas religiosas que los acusados encarnaban y sugiriéndoles la posibilidad de expulsarlos del centro de no pasar por el aro». Esto provocó en las víctimas «incomodidad y actitud de encogimiento, tensión y bloqueo y ansiedad».
La denuncia que ha llevado al matrimonio al banquillo de la Audiencia Provincial parte de tres trabajadoras del centro que relatan, según el escrito de la Fiscalía, una situación de miedo constante. Una de ellas, limpiadora en la escuela, informó en su momento a sus superiores de que padecía dos hernias discales y que por esa razón no podía cargar con pesos. Pese a ello, los acusados, después de decirle que «vivía como una señorita» la obligaron a descargar grande cajas de frutas del camión que cada quince días servía al centro, a limpiar la vivienda privada de la pareja, a trasladar enseres privados o cambiar los bancos de la capilla con la amenaza de que «tenía que arrimar el hombro, de lo contrario se iría a calle».
Otra de las denunciantes ejercía como ayudante de cocina, pero en la práctica le exigían muchas más tareas «bajo un trato intimidatorio y humillante». Además se tener que encargarse por completo de las tareas de la cocina de la escuela, la obligaban a hacer la comida y cena para los acusados y limpiar su vivienda privada, entre otras labores, lo que en la práctica suponía alargar su jornada laboral. Ella se lo hizo saber pidiendo un nuevo contrato -cobraba 500 euros por las siete horas que, de facto, trabajaba al día- les respondieron que «no era su problema, que no iba a tener esa suerte y que no siguiera soñando».
Otra de las trabajadoras, una docente con una trayectoria de 18 años en la escuela de Boiro hasta que llegó el matrimonio, también recibía comentarios por no estar casada, diciéndole que «vivía en pecado, que no iba a ir al cielo y que sus hijos vivían en un limbo». Asegura la Fiscalía que la maestra se sintió «acosada» y que callaba por temor a perder un trabajo en el que hacía entre 46 y 51 horas semanales, a pesar de que formalmente tenía asignadas 25 más dos complementarias. La situación llevó a la trabajadora a un colapso físico y psíquico, con una situación de «constante ansiedad y presión fruto de las conductas de los acusados» que derivó en bajas laborales.
El Ministerio Fiscal considera que todos estos hechos son constitutivos de tres delitos de trato degradante, por los que pide una pena de tres años de cárcel por cada uno de ellos (nueve en total); o, alternativamente, que sean condenados por tres delitos continuados de coacciones a dos años por cada uno (seis en total).
Asimismo, considera al matrimonio responsable de un delito contra los derechos de los trabajadores, con una pena de dos años de prisión, así como el abono de una multa. También se exige el pago de 12.000 euros, más los intereses, en concepto de indemnización a las tres trabajadoras.
La Voz de Galicia.