Internacional:
Colombia
-Leonardo Jaimes: «No hay que hablar de la existencia de víctimas en abstracto, sino de las víctimas de crímenes de Estado»
Abogado del Equipo Jurídico Pueblos y defensor de derechos humanos y de los pueblos, quien explica la forma como las leyes de víctimas en Colombia han fomentado la impunidad.
-Colombia Informa: ¿Por qué creen que la Ley de víctimas fomenta la impunidad de los crímenes de Estado en Colombia?
Leonardo Jaimes: Lo primero que hay que decir es que la Ley 1448-2011 no es una ley que aborde la justicia o superación de justicia o de verdad. Es una ley exactamente para indemnizar a víctimas en el marco del conflicto armado.
Lo que nosotros hemos planteado es que fomenta la impunidad, porque en ningún momento se plantean elementos importantes de justicia de las víctimas que produce el Estado colombiano, y menos el proceso genocida que está en marcha hoy en Colombia.
Es simplemente impunidad en la medida en que no le interesa la verdad, ni la justicia y se reduce a un monto de indemnización, a un universo de víctimas que, entre otras, hay un problema de fondo en que las limita o las reduce solamente en el marco del conflicto armado.
-CI: ¿El Estado le cumple a unos e ignora a la mayoría de víctimas?
Leonardo Jaimes: Yo creo que realmente el Estado colombiano no les ha cumplido a las víctimas en general. Pero acá no podemos hablar de categorías o conceptos muy ambiguos. ¿De cuáles víctimas estamos hablando? Y eso también es un problema de caracterización,
Si hablamos de las víctimas de crímenes de Estado, incluso la Corte recientemente aceptó que existen víctimas por proyectos económicos, por desplazamientos que se producen, incluso el cambio climático.
Es muy interesante saber que, en general, la Ley de Víctimas no ha respondido. Ni siquiera en su intención de reparar con unas sumas irrisorias a las víctimas que se han producido en el marco del conflicto. Es un error considerar que todas son víctimas del conflicto cuando realmente la mayoría de las víctimas que se producen son por graves violaciones de los derechos humanos. Otros definimos que en Colombia se vive un proceso genocida.
Le incumplió a la mayoría de las víctimas. Algunos plantean que a este ritmo, para reparar con esa suma irrisoria, se necesitaría más de 300 años para reparar a todas las víctimas.
Y es negligencia de todos los gobiernos desde que se aprobó la ley de víctimas, es decir, Juan Manuel Santos en su primera y segunda versión, luego Duque y en este momento el gobierno de Gustavo Petro.
Realmente el Estado no les ha cumplido a las víctimas y esa ley plantea un concepto de solidaridad y no de responsabilidad, trata a las víctimas de una manera indignante y genera procesos de revictimización.
-CI: ¿Tienen unas cifras sobre la cantidad de víctimas de crímenes a manos del Estado? ¿A cuánto ascienden?
Leonardo Jaimes: Sobre las cifras de víctimas de crímenes a manos del Estado, es muy difícil concretar. Creemos que han existido esfuerzos por documentar. Uno de esos es el proyecto Nunca Más. Allí se hizo un primer ejercicio para saber más o menos la dimensión de esas prácticas genocidas.
Igualmente, tenemos los informes publicados por la Comisión de la Verdad y el Centro Nacional de Memoria Histórica, entre otros, pero solamente para poner un ejemplo sobre las víctimas de la práctica genocida llamada o denominada desaparición forzada.
En eso es imposible ponerse de acuerdo, algunos superan las 90.000, dicho por la misma Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas, es difícil cuantificar y eso tiene que ver con los subregistros que efectivamente existen.
Lo que sí cierto es que las estadísticas o los estudios más conservadores coinciden en que si usted suma las víctimas que produce el paramilitarismo como estrategia de Estado y agentes del Estado, es superior a cualquier otro grupo generador de víctimas en Colombia. Entonces, la cuantificación es bastante difícil de precisar.
-CI: Dentro de esas víctimas de crímenes de Estado aparecen miles de personas de movimientos sociales, organizaciones campesinas, indígenas, afros, LGBTI, entre otras. Pero, ¿también existen denuncias por insurgentes o paramilitares rasos asesinados por militares y presentados como bajas en combate? ¿Qué saben ustedes de estos casos? ¿Tienen cifras?
Leonardo Jaimes: Esto se ha denominado mediáticamente como “falsos positivos”, otros las denominamos como ejecuciones extrajudiciales y otros lo llamamos la práctica del body count (contar cuerpos).
Es muy propio del ejército de los Estados Unidos y Francia en su etapa colonialista en el Norte de África, luego que fue trasladado a Vietnam se practicó en América Latina y en todo el continente. Colombia, por supuesto que también lo hace.
La cifra publicada por la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) es 6.402 adjudicadas al Gobierno de Álvaro Uribe.
Hay que decir de esa cifra que solamente están los casos documentados durante ocho años o durante el primer y segundo periodo de Álvaro Uribe entre 2002 al 2010. Pero esa cifra es muy inferior a la de víctimas de ejecuciones extrajudiciales.
Cuando usted pregunta sobre paramilitares o guerrilleros rasos que fueron asesinados, bien sea por estructuras paramilitares o militares y luego presentados como muertos en combate, se denominan crímenes de guerra. Sí, se cometieron crímenes de guerra por parte de agentes del Estado que no han sido investigados y ni siquiera han sido calificados de esa manera.
Muy difícil contar desde esa perspectiva, pero las cifras superan las 10.000 víctimas de ejecuciones extrajudiciales. Se debe aclarar que no fue una práctica exclusiva del Gobierno de Álvaro Uribe.
En el Equipo Jurídico Pueblos llevamos casos de antes del 2002. Entonces, ustedes ya se podrán imaginar, en los años 90, en la región de San Vicente de Chucurí, o en Arauca, que en operaciones militares se presentaba esta práctica por parte del ejército.
Asesinar a campesinos, vestirlos con uniformes militares y luego presentarlos como guerrilleros muertos en combate o captura de rebeldes fuera de combate, asesinarlos, ejecutarlos y luego presentarlos como víctimas en combate, todo para subir las cifras y, en el caso de Uribe, para mostrar el éxito de la Seguridad Democrática.
-CI: ¿Qué alternativas existen frente a la impunidad de parte del Estado y cómo se debería enfrentar?
Leonardo Jaimes: Es una pregunta interesante que llevamos muchas décadas respondiéndola. La impunidad es una práctica generalizada en el Estado colombiano. No es solamente una cuestión de voluntad del Gobierno de turno.
Desde la Fiscalía y las diferentes ramas del poder público en Colombia se genera la impunidad. Es parte de este sistema genocida, el negacionismo y la imposibilidad de investigar.
Las alternativas indiscutiblemente son la denuncia, la documentación, la preservación de las pruebas, intentar acudir a escenarios de justicia internacional como el sistema de la Corte Penal Internacional, aunque sean espacios controlados por los Estados y realmente cada vez se reducen más.
Estamos en un momento de crisis en el tema de derechos humanos y de búsqueda de justicia. También quedan espacios como el Tribunal Permanente de los Pueblos, los Tribunales Populares, o los Tribunales Internacionales de Opinión, que son escenarios, pero la alternativa es la organización de las víctimas de crímenes de Estado. No hay de otra.
Y exigir y plantear que desde las organizaciones la categoría analítica que permite la mayor comprensión del modelo represivo en Colombia es desde el proceso genocida, más que crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
-CI: ¿Tienen idea de cuánto le cuesta al Estado cumplir con las víctimas?
Leonardo Jaimes: No tenemos idea de cuánto le cuesta al Estado cumplir con las víctimas. Insisto, “víctimas en general” es muy complejo. Yo creo que hay que empezar a precisar categorías.
No hablar de “violencia en general”, sino de violencia genocida. No hay que hablar de la existencia de víctimas en abstracto, sino de las víctimas de crímenes de Estado. Y hablar también de quienes se benefician. Esta es la complejidad de este proceso genocida.
Lo que planteamos es que la clase capitalista en su afán de acumular acuden a prácticas genocidas como una forma de contener procesos de autonomía contrahegemónicos y por eso obedece a este gran número de víctimas que se producen, no son porque quieren victimizarlas.
¿Cuánto le cuesta al Estado? Cualquier cifra se queda totalmente corta. Insisto, la ley de víctimas es algo indignante, es un tema de indemnización y eso realmente jamás se podrá plantear. Hablamos de la destrucción de tejidos sociales, de destrucción de procesos, hablamos de destrucción de vidas que muchos años aportaron su experiencia a procesos comunitarios, a procesos campesinos.
Cuantificar es impresionante. No es una cuestión solamente de cifras, aunque es fundamental, sino también cómo cuantificamos la destrucción de un tejido social, cómo cuantificamos la desaparición del presidente de un sindicato, por ejemplo. ¿Eso cómo se cuantifica?
Más que eso, lo que debe existir es la voluntad política de la clase que detenta el poder para detener, como en este momento, el paramilitarismo, un mecanismo con el que han tenido mayor éxito en generar prácticas de terror.
La cuantificación es un debate que queda abierto de cómo se repara a las víctimas de un genocidio, a los grupos que han sido hostigados y presionados para desaparecerlos como grupo.
Grecia
-Por solidaridad con Palestina y dignidad, en huelga de hambre.
Escrito de dos solidarias en el Estado griego que inician una huelga de hambre contra las duras condiciones a las que están sometidas.
Comunicados de las dos personas en huelga de hambre por los derechos de las personas encarceladas en centros de detención, por la libertad de las activistas detenidas esperando deportación y en solidaridad con el pueblo palestino.
En respuesta a estas injusticias, empiezo el 24/5/2024 una huelga de hambre que durará hasta que se cumplan nuestras demandas, y tanto como esté detenida en este campo.
Mis demandas son:
1. Que se investiguen los residuos azules que encontramos en nuestra comida y el fin de las prácticas para debilitar a los presos mediante la dieta
2. Permitir a los detenidos recibir comida y agua de los visitantes.
3. Asegurar la presencia de doctores en el campo.
4. Garantizar que los detenidos sujetos a tratamiento médico reciban las medicaciones necesarias.
5. Proveer con citas médicas a todos los detenidos.
6. Respetar los derechos a visitas acorde a los estandares internacionales.
7. Asegurar la presencia diaria de traductores en francés, inglés, árabe y farsi.
8. Que se acabe nuestro encierro ilegal y que se anule la orden de deportación expedida antes de juicio.
Recuerdo el por qué estamos encerradas: Palestina ha estado bajo ocupación militar sionista desde 1948, sometida a segregación racial (apartheid) y genocidio. Nuestra detención es una decisión política para silenciar la solidaridad con Palestina. Esto no va a ocurrir.
La interseccionalidad nos enseña que las luchas por justicia están conectadas. Reflejando mi herencia Africana, la resiliencia y corage de mis ancestros contra la norma colonial, me inspira para continuar luchando contra todas las formas de opresión. Los paralelismos entre las luchas de liberación africanas y la lucha palestina por libertad son claras, remarcan la lucha universal por dignidad, justicia y derechos humanos.
Me uno a la larga tradición de prisioneros políticos y detenidos administrativos usando sus cuerpos en forma de protesta. Mi huelga de hambre es un posicionamiento en contra de los estados fascistas. Lo que me ocurra durante esta huelga es únicamente responsabilidad del estado griego.
En mi huelga de hambre indefinida, solo consumiré agua, azúcar, sal, te y vitamina B1.
Nuestras convicciones son más fuertes que vuestra represión.
¡Palestina libre! ¡Libertad a todos los presos políticos! ¡Fin a todas las detenciones administrativas!