Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Huelga de recogida de basuras en Jerez desde el 2 de mayo.
Los trabajadores del servicio de recogida de residuos y limpieza viaria de Jerez, Cádiz, en huelga desde el 2 de mayo por la falta de avances principales en la negociación del convenio colectivo.
La empresa Jerez UTE ofrece un 6,6% de subida en 2024 por reconocimiento desde 2021, y un 2% anual hasta 2027, con lo de facto los trabajadores perderían poder adquisitivo año a año. Por su parte, desde el comité admiten que “la empresa ha reconocido parte del dinero que hemos perdido desde 2020 para acá, pero no llega a todo. Han hecho un movimiento, pero todavía falta”. Tienen claro que aunque la negociación es entre las dos partes, trabajadores y patronal, hay “tres patas”, y por ello esperan que el Gobierno local “interceda” y “haga todo lo posible”.
Explotación laboral:
-Piden hasta seis años de cárcel para el dueño de La Gilda del Norte por explotar a trabajadores extranjeros.
La investigación, ya concluida, afirma que la empresa pagaba en negro y por debajo del SMI a los trabajadores, les obligaba a esconderse en caso de inspección y hasta ofreció dinero a una mujer embarazada para que abortara.
El empresario vizcaíno F.J. Gutiérrez Á., titular de la mercantil Agricultura Creativa 2015, S.L. (más conocida como La Gilda del Norte), se expone a penas de cárcel que podrían superar los seis años y a elevadas sanciones económicas por contratar de modo “continuado” a trabajadores extranjeros de modo irregular. Según las conclusiones de la investigación judicial iniciada tras las visitas de la Policía Nacional y de la Inspección de Trabajo a los locales de la empresa en Basauri y a los invernaderos de Lezama y como adelantó este periódico, al menos desde 2018 un grupo indeterminado pero elevado de empleados no tenían contrato y no estaban dados de alta en la Seguridad Social. Se les pagaba con dinero negro por debajo de los umbrales del salario mínimo interprofesional (SMI) y eran obligados a esconderse cuando había inspecciones, también en cámaras frigoríficas. En un caso, una trabajadora quedó embarazada y declaró que el empresario le invitó a que abortara y que le había ofrecido dinero para ayudarle a costear la interrupción de la gestación.
Se ha dictado el auto de apertura de juicio contra Gutiérrez y contra su hija P. Gutiérrez, que ejerce labores de responsabilidad en La Gilda del Norte. A la luz de las actuaciones, sustentadas en un durísimo informe de la Policía Nacional, que es el cuerpo que en Euskadi tiene competencias en materia de extranjería, se considera a Gutiérrez como responsable indiciariamente de tres delitos contra los trabajadores. En concreto, sería responsable de “imponer condiciones ilegales a sus trabajadores mediante su contratación bajo fórmulas ajenas al contrato de trabajo”. También de haber empleado “de forma retirada” a extranjeros sin permiso de trabajo e incluso a menores de edad en esas mismas circunstancias. Y, finalmente, de poner en “peligro grave” la vida de los trabajadores al no haber observado las normas de seguridad y prevención de riesgos laborales, particularmente porque forzó a personas con COVID–19 a trabajar durante la pandemia con el ánimo de buscar “inmunidad de rebaño” y reducir las bajas…
Desahucios:
-Vivir y resistir en Andalucía, la comunidad con más desahucios del Estado español.
En Andalucía, la comunidad con mayor número de desahucios, se producen 11 al día.
Las andaluzas no pueden vivir en Andalucía, o eso es lo que arrojan los últimos datos en cuanto al precio de la vivienda y una de sus consecuencias directas, el número de desahucios que se realizan en el territorio. A finales de abril se daban a conocer las cifras del Consejo General del Poder Judicial al respecto de los desahucios realizados dentro del Estado durante el año 2023, en el que Andalucía vuelve a ser la comunidad con mayor número. En el territorio se realizaron 4.451 durante el año pasado, lo que supone 11 al día, de los que el 72% son de viviendas en alquiler.
En 2014 alquilar un piso costaba de media en cualquier capital andaluza en torno a 472 euros, actualmente rondan los 880 euros de media.
“Esto no es una crisis habitacional, es una crisis humanitaria”, sostienen desde el colectivo malagueño Un techo por derecho.
Defender la Sanidad Pública:
-El negocio de la salud mental: el 70% de los hospitales especializados en asistencia psicológica está en manos privadas.
También hay 764 centros proveedores de asistencia sanitaria sin internamiento, de los que aproximadamente la mitad son privados. En lo que a camas se refiere, este sector cuenta con el 63% de las disponibles.
La atención a la salud mental en España depende del sector privado. Es un hecho que confirma el último informe del Observatorio de la Sanidad Privada 2024 de la Fundación IDIS, donde se refleja que el 70% de los hospitales especializados en asistencia psicológica y tratamiento de toxicomanías está en manos de la sanidad privada.
En el Catálogo Nacional de Hospitales, a cargo del Ministerio de Sanidad, aparecen hasta 92 hospitales categorizados como «salud mental y tratamiento de toxicomanías», de los que 64 son privados, tal y como recoge el estudio.
Todo esto implica que la inmensa mayoría del servicio depende de la voluntad de empresas que hacen negocio con la salud.
Racismo y mentiras:
-La fiscalía pide tres años de cárcel para el excomisario que vinculó migración y delincuencia.
Ricardo Ferris, en un acto organizado por Vox en el Ateneo de València en 2022, incitó a los “españoles a dejar de ser pacíficos» después de haber equiparado la inmigración con la delincuencia.
La Fiscalía de València solicita tres años de cárcel por diversos delitos de odio para Ricardo Ferris, comisario de policía que fue destituido de su cargo de inspector jefe de una comisaría de València por la Dirección General de la Policía tras haber mentido y realizado afirmaciones racistas en unas jornadas sobre “inmigración y seguridad ciudadana” organizadas por el partido de extrema derecha Vox y la Fundación para la defensa de la Nación Española (DENAES). El acto, tuvo lugar en el Ateneo de València el 14 de octubre de 2022.
Ricardo Ferris se dirigió al público “lanzando un discurso en el que se atribuía al colectivo inmigrante la práctica totalidad de la comisión de delitos, mensajes encaminados a propagar el rechazo, el desprecio, la hostilidad y la animadversión”.
El escrito de la Fiscalía considera que el acusado realizó estas afirmaciones a sabiendas de que los datos a que aludía eran falsos ya que, según la información suministrada por el TSJCV, el número de infracciones penales cometidas en la Comunitat Valenciana durante el año 2022 por personas de nacionalidad española fue de 38.872, y las perpetradas por personas de otras nacionalidades, de 19.766. Y en cuanto a los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, constan 86 cometidos por nacionales y 40 por personas extranjeras.