Muro de solidaridad y denuncias:
Antifascismo:
-Entrevista a Ezkerraldea Antifaxista.
De un tiempo a esta parte ha alcanzado protagonismo en Ezkerraldea, eskualde que en Bizkaia comprende los pueblos de Sestao, Portugalete, Santurtzi y Barakaldo un colectivo realmente activo. Nos referimos a Ezkerraldea Antifaxista.
-Para quien no os conozca, contadnos algo de vuestra historia vital, cuando os organizáis, que trayectoria habéis llevado…
Bueno, pues van a cumplirse 10 años desde que iniciamos nuestra andadura, allá por junio de 2014.
Eran momentos de confusión, momentos complicados en los que veíamos que había que crear un nuevo espacio de lucha para el antifascismo combativo en Euskal Herria. Desde entonces hemos realizado infinidad de campañas, charlas, movilizaciones, algún que otro concierto… Siempre teniendo claro que la base del trabajo tiene que ser la calle, eso es fundamental para nosotras. Humildemente, creemos que al menos en Ezkerraldea hemos conseguido ser un referente de lucha, y aunque todavía nos queda mucho por mejorar y mucho camino por andar, estamos bastante satisfechas de lo que hemos hecho hasta ahora.
-¿Qué entendéis hoy día por antifascismo? Lo pregunto porque quizás para algunas personas el fascismo sean cuatro descerebrados apalizando personas desfavorecidas, para otras sea lo que representa Vox… ¿Pero que lectura hacéis de lo que es el fascismo, hoy día en Euskal Herria?
Tenemos claro que cuatro descerebrados en nuestros barrios levantando el brazo o pintando “Stop Islam” son una expresión del fascismo, igual que lo es un mitin de campaña de VOX. Pero también sabemos que en el Estado español hubo un régimen fascista que se impuso por las armas durante cuarenta años, y que después de ese régimen dictatorial no hubo una verdadera ruptura política ni una depuración de las estructuras fascistas. Como mucho hubo una adaptación formal al contexto europeo de la época lo que, por cierto, facilitó la entrada en alianzas imperialistas como la OTAN o lo que entonces era la CEE y ahora es la UE.
Por eso mantenemos que el Estado español tiene una esencia fascista que se ve favorecida por la corriente reaccionaria internacional, pero que ya estaba presente en todas y cada una de las estructuras del Régimen (Judicatura. Ejército, Guardia Civil, Consejo de Estado, Monarquía…). Esta circunstancia ha definido las políticas del Estado en relación a Euskal Herria durante la fase de confrontación político-militar (tortura sistemática, ilegalizaciones, ejecuciones extrajudiciales…) pero también hacia Catalunya donde han confrontado de otra manera. Resumiendo, en el Estado español el auge del fascismo a nivel internacional no es un fenómeno que aceche al Estado “desde fuera”. Por el contrario, esta agenda reaccionaria encuentra fácil acomodo gracias a unas estructuras de poder que los fascistas siempre han controlado y siguen controlando. Con estas estructuras son con las que hay que acabar para poder hablar de democracia.
-Hacer frente al fascismo requiere mucha organización y sobre todo en la calle… Históricamente la Izquierda Abertzale hacia de tapón en este país y determinados fascistas estaban por decirlo de alguna manera “en el armario”. Tras el paso de la Izquierda Abertzale a la legalidad burguesa española… ¿Pensáis que esos sectores fascistas han “salido” del armario?
En realidad creemos que es un fenómeno más complejo. A nivel de calle, por decirlo de alguna manera, sí que es cierto que la lucha diaria de los sectores más combativos (integrados básicamente en la Izquierda Abertzale) sirvió de “cortafuegos antifascista” durante muchos años en Euskal Herria. Sin embargo, la desactivación de esos sectores combativos, como consecuencia principalmente de la represión y la excepcionalidad jurídica, permitió que el Estado se fuera haciendo poco a poco con el control de las calles. Estamos hablando de los primeros años 2000.
Políticamente, también se produjo en aquella época una “vuelta a los orígenes” del Estado, nos referimos a la época de las ilegalizaciones y del “todo es ETA”. También vino por entonces la Reconquista cultural (los ataques al euskera, al currículum vasco, la exaltación de “La Roja”…). Por no hablar de la persecución extrema hacia cualquier símbolo de solidaridad con los presos políticos o de apoyo a ETA. Todo aquel armazón represivo y ese esquema mental de resignación política que se fue implantando desde entonces no se ha desmantelado jamás, lo que permite a los fascistas marcar la agenda política y campear todavía más sueltos por nuestras calles. Como se suele decir, de aquellos polvos, estos lodos.
Evidentemente, el hecho de que la Izquierda Abertzale oficial haya aceptado la legalidad fascista no contribuye a solucionar esto, en la medida en que otorga legitimidad a todo este sistema de dominación política y social. De todas formas, nos gustaría también poner en valor la enorme conciencia antifascista que existe en Euskal Herria. Esperemos que el interés electoralista, el oportunismo y la falta de pedagogía política no terminen por dilapidar este magnífico potencial, necesario sin duda para poder confrontar con las expresiones más evidentes del fascismo, pero también con el fascismo institucionalizado y sus tentáculos…
Entrevista completa:
Torturas:
-Amnesia histórica
Iñaki Egaña. Historiador.
A partir de 1997, Naciones Unidas proclamó el 26 de junio el día internacional de Apoyo de las Victimas de la Tortura con vistas a la erradicación de la tortura y a la aplicación efectiva de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes, que entró en vigor, precisamente, el mismo día de 1987. La Convención había expuesto que la tortura era un crimen de lesa humanidad. António Guterres, secretario general, ha declarado, durante su mandato, que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que los crímenes de los torturadores queden impunes y se deben desmantelar y transformar los sistemas que permiten la tortura”.
En la singularidad vasca, conmemoramos también el dia contra la tortura en el mes de febrero, recordando la muerte de Joxe Arregi en 1981 en el hospital penitenciario de Carabanchel en Madrid, después de nueve días en la Dirección General de Seguridad: “Oso latza izan da… Karga gehiegi naiz zuentzat… Nik uste diat hiltzekotan nagoela”. La frivolidad en el tratamiento de las torturas y muerte de Arregi, aún hoy, hiela el corazón. Fueron 73 los agentes que “interrogaron” a Arregi y apenas unos pocos imputados levemente, lo que entonces llevó incluso a la dimisión de otros policías que reclamaban impunidad total. Pero no fueron únicamente los policías los encargados de encapuchar la tortura, también médicos, jueces, políticos y periodistas. La noticia oficial la fabricó José Manuel Blanco, director general de la Policía: «en los interrogatorios a los que fue sometido el detenido nunca fue objeto de malos tratos”.
Han pasado muchos años, demasiados, hasta convertir el tema del reconocimiento de la tortura en una asignatura pendiente. Es cierto que el IVAC hizo los deberes en 2017, presentando su informe al Gobierno autonómico de Gasteiz, más de 4.113 casos registrados, y que el mismo Instituto ha realizado otro similar para el Gobierno foral navarro, que eleva desde 1979 hasta nuestros días a 835. Martín Zabalza, director general de Paz y Convivencia del Gobierno foral recordaba recientemente que “estos informes están llamados a superar una situación de negacionismo para con unas víctimas históricamente olvidadas”. Esperemos que tengan recorrido.
No eran novedades, sin embargo, los trabajos del IVAC. En 2004, Theo van Boven, relator de Naciones Unidas, presentó su informe de la tortura en España y llegó a la conclusión que la tortura o los malos tratos eran «más que esporádicos e incidentales». En 2008, se produjo la visita del nuevo relator, Martin Scheinin, que vino a decir algo parecido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado hace año y pico a España por undécima vez por no investigar los casos de tortura. Llovía sobre mojado.
Y es que el negacionismo sigue anclado en la cúspide política. Cuando el equipo de Pako Etxeberria presentó su informe a Lakua, los sindicatos de la Policía, Guardia Civil y, especialmente el de la Ertzaintza, anunciaron querellas personales contra sus autores. Ninguno de los citados en el informe (forenses, jueces, políticos, agentes…) salió a la palestra para defender su supuesto respeto a los derechos humanos. Tampoco los compañeros de los históricamente focalizados como torturadores compulsivos para denunciarlos. Porque cuando algún solitario lo había hecho, cayó sobre su cabeza una losa de cemento que cortó su carrera en el mejor de los casos. En el peor, como ocurrió en el juicio contra Lasa y Zabala, no sólo sería amenazado, sino incluso torturado y violado.
Aquella estrategia se fue difuminando y hoy ha transmutado por la de “dejarlo correr”. Dicen que el tiempo todo lo cicatriza y que el olvido es más efectivo que el reconocimiento del error. Quedan, eso sí, los referentes de Esteban Muruetagoiena, Joxe Arregi, Mikel Zabalza, Unai Romano o Martxelo Otamendi, como flashes que parecen indicar una práctica anecdótica. Pero la realidad fue bien distinta: cerca de seis mil torturados, según fuentes oficiales. Nada anecdótico, sino más bien sistémico. Y para que eso fuera efectivo, hubo un aparato bien engrasado, esa “red” que utilizaban como clave para gestionar un tema que cubría el Estado desde su cúpula hasta su base.
El caso de Otamendi fue paradigmático. Sus declaraciones, recogidas en directo parecieron tener más justificación que las miles anteriores. El director de Egunkaria señaló que la tortura era habitual y que él mismo era uno más en una larga cadena. Pronto serían matizadas por miembros destacados del PNV. Juan María Atutxa, ex consejero del Interior, declaró que “las denuncias de torturas de Otamendi, vista su trayectoria y edad, tienen credibilidad. En cambio, los miembros de los comandos de ETA reciben instrucciones para denunciar torturas”. Y Xabier Arzalluz, presidente del PNV: “Es cierto que esos otros denuncian torturas sistemáticamente sin haber sido torturados”.
Medios y prensa española frivolizaron con las denuncias, con cientos de comentarios que manifestaban que la tortura era apoyada también desde su espacio. Con el tiempo, las declaraciones de José María Calleja fueron el paradigma de las mismas: “El señor Martxelo Otamendi, es un etarra en comisión de servicios, que ha hecho una denuncia de presuntas torturas siguiendo el manual de los etarras y que, el relato que ha hecho es el de un cobarde! Con el Dodotis todo el día puesto”. Martxelo Otamendi fue denunciado por la Guardia Civil por injurias y Arnaldo Otegi que había afirmado que “el rey español es el jefe de los que han torturado a Otamendi, Torrealdai y a todos los detenidos”, fue acosado por la fiscalía general del Estado que presentó una querella por calumnias.
Hoy, un tupido manto cubre la trayectoria de los “autores intelectuales” para que la red se mantenga intacta. Sentados en sus sillones, hablan sobre reconocimiento del daño causado, de derechos humanos, mientras para ellos ya han aplicado un término genuinamente español, el de la amnesia histórica.
–https://www.naiz.eus/eu/iritzia/articulos/amnesia-historica
Politi-corrupción:
-‘Caso Koldo’, los implicados: un cargo socialista, un guardia civil, un vendedor de armas y un empresario del fútbol.
Koldo García Izaguirre, exasesor de Ábalos, considerado por los investigadores como ‘el conseguidor’, debido a que tenía vía directa con los funcionarios que gestionaron los contratos. Juan Carlos Cueto, al que se considera verdadero cerebro de la trama; Víctor Gonzalo de Aldama, presidente del Zamora CF; el empresario Íñigo Rotaeche; Patricia Uriz, esposa de Koldo; Joseba García Izaguirre, hermano de Koldo; y José Luis Rodríguez García, subteniente de la Guardia Civil en situación de retiro, habiendo estado destinado a la Sección de Seguridad de Nuevos Ministerios, en Madrid, donde se ubica el Departamento de Transportes, que ocupó Ábalos entre 2020 y 2021.
¿Y cuando contamina la policía?:
-La academia de la Ertzaintza vertió 8.000 litros de gasóleo a aguas cercanas al anillo verde protegido de Vitoria.
La Diputación de Álava, que admite que el vertido policial al arroyo Errekabarri obedeció a “una falta de medidas preventivas”, cifra en “más de 230.000” los litros de agua pluvial mezclada con hidrocarburos que se hubieron de retirar con camiones succionadores.
La academia policial que la Ertzaintza tiene en el concejo de Arkaute, en las inmediaciones de Vitoria, contaminó con hasta 8.000 litros de gasóleo las aguas del arroyo Errekabarri, que bañan las inmediaciones del anillo verde de la ciudad, en el que se incluyen los humedales de Salburua, y siguen luego su curso para acabar desembocando en el Zadorra. “Las razones de este vertido obedecen a una falta de medidas preventivas, como un sistema de alarma, y muretes y cubetos de contención”, ha admitido en una comparecencia ante las Juntas Generales de Álava Amaia Barredo, diputada de Sostenibilidad, Agricultura y Medio Natural. Se requirió la contratación de hasta quince camiones succionadores para retirar “230.000 litros de agua pluvial mezclada con hidrocarburos”.