Movimiento obrero. Su brutal situación:
Despidos:
-Recortes de personal en el control de acceso a edificios municipales de Las Rozas, Madrid.
Trabajadores del servicio de control de accesos y funciones auxiliares en los edificios y dependencias municipales de Las Rozas, se enfrentan a un ERE que podría afectar a 43 puestos de trabajo, ya que el Ayuntamiento ha anunciado cambios en el contrato, por la necesidad de reubicar a personal propio en algunos de estos servicios.
El Ayuntamiento de Las Rozas ha anunciado a la UTE NAVALSERVICE-AUXTEGRA, adjudicataria del contrato, “la reducción drástica y sustancial del contrato que venía prestando para el Ayuntamiento” con efectos al 1 de enero de 2024. El recorte afecta “a más de un 60 por ciento de la plantilla”, lo que se traduce en el inicio de un proceso de despidos colectivo “que afecta a un total de 43 trabajadores y trabajadoras”.
Los trabajadores se encuentran en situación de permiso retribuido mientras dure el proceso negociador del expediente de regulación de empleo de extinción (ERE) que se inició el 5 de enero de 2024, cuya duración no podrá exceder de 30 días, “fecha de ejecución prevista para los despidos”.
-Venca, en concurso de acreedores.
La compañía de moda catalana Venca, especializada en venta por catálogo y posteriormente en ecommerce, ha presentado voluntariamente un concurso de acreedores.
La empresa, fundada en 1976, registra una facturación anual de 20 millones de euros y emplea a unas 150 personas, pero acumula una deuda de 7 millones de euros. Desde Venca aseguran que esperan alcanzar un acuerdo con los acreedores o vender la unidad productiva a otra compañía.
Hace cuatro años, Venca llevó a cabo una reorganización de la compañía con el despido de 68 personas a través de un ERE. Quedaron en 186, y se han rebajado puestos hasta los 150 actuales. En 2011 tenía 473 trabajadores, pero el ERE de ese año despidió a 86.
La plantilla se dedica al desarrollo de la plataforma, a la gestión logística y al diseño de los productos. El 70% del catálogo es de marca propia.
Sanidad pública y muertes:
-Paciente muere en el PAC de Llodio, por no tener médico.
Denuncian la situación de los puntos de atención de Osakidetza por la muerte en Llodio.
El 12 de enero por la tarde, un hombre de 42 años perdió la vida en el Punto de Atención Continuada (PAC) de Laudio (Álava). Sufrió un infarto y acudió al centro de salud, donde sólo había dos enfermeras; no había médicos. Según ha informado Aiaraldea.eus, «la ambulancia que realiza las labores de Unidad de Vigilancia Intensiva (UCI) llegó más tarde al lugar», aunque por la noche se confirmó el fallecimiento del hombre.
Colectivos como el sindicato ESK y la plataforma ciudadana OPA han denunciado la situación de los Puntos de Atención Continuada de Osakidetza. Según Aiaraldea, un sanitario del ambulatorio de Llodio explica que es habitual que «no haya médicos en urgencias y que toda la responsabilidad esté en manos de enfermeras»; aunque en realidad es obligatorio que haya al menos un médico en los Puntos de Atención Continuada.
Derecho a la vivienda:
-El fondo buitre de la familia Aguirre compra cuatro nuevos bloques y amenaza con una ola de desahucios.
El Sindicato de Inquilinos advierte sobre la expansión de Elix Rental Housing, empresa vinculada con los Aguirre y los Polanco, cuyo modelo de negocio es comprar bloques, desahuciar, renovar y poner alquileres por las nubes.
Las puertas giratorias y las redes clientelares y familiares son más que habituales entre los grandes tenedores, fondos de inversión e inmobiliarias. Especialmente entre las vinculadas con el Partido Popular, como es el caso de la familia de José María Aznar: mientras la Ana Botella entregaba 1.806 pisos protegidos a Blackstone, su hijo, José María Aznar Botella, entraba a trabajar para el otro gran fondo buitre con intereses especulativos en España, Cerberus.
Y allí sigue una década después. Otra de las grandes familias del PP clásico, la de los Aguirre, también tienen intereses en el mercado de alquileres y según denuncia el Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Madrid, prepara una oleada de desahucios en cuatro barrios de Madrid que puede afectar a unas 200 personas.
El fondo se llama Elix Rental Housing y es una socimi propiedad de AltamarCAM, una empresa inversora dirigida por Claudio Aguirre, primo de la expresidenta autonómica del PP. Según su página web, la empresa “provee soluciones a sus inversores” con más de 18.700 millones de euros en activos con intereses en el “real estate”.
Según el Sindicato de Inquilinos, el objetivo de la empresa del primo de Esperanza Aguirre es propiciar “cientos de desahucios a cambio de beneficios millonarios para unos pocos empresarios”…
Politi-corrupción:
-Todo por el voto…
La Xunta de Rueda cede datos de familias a una cadena de supermercados para que les ofrezca descuentos en plena precampaña.
Gadisa, propietaria de la mayor distribuidora de Galicia, envía cheques regalo a sus clientes con información personal y bancaria obtenida a través de la Consellería de Política Social del Gobierno del PP.
La Xunta de Galicia ha cedido datos personales de su registro de familias numerosas, sin el consentimiento de éstas, a la mayor empresa gallega de distribución, para que pueda ofrecerles en sus supermercados e hipermercados bonos de descuento en sus compras, en plena precampaña electoral y aludiendo a su condición de beneficiarias del programa del Gobierno de Alfonso Rueda de apoyo a esos hogares.
Los afectados consideran que esa cesión, que incluye datos como sus gastos con tarjeta de crédito, infringe la Ley de Protección de Datos y viola el deber de custodia y tratamiento lícito de la información de carácter personal que obliga tanto a las empresas como a las administraciones públicas que la recaban.
Además, creen que la actuación de la Xunta y de Gadisa, a pocas semanas de los comicios del 18 de febrero, constituye un acto de propaganda electoral ilegítima destinada a vincular la oferta comercial con las políticas del Gobierno del PP.
«Como beneficiario/a del programa de Apoio á Familia Numerosa, promovido por la Consellería de Traballo e Benestar de la Xunta de Galicia y Gadis, goza de un reembolso del 2,50% del importe de las compras en nuestros establecimientos», anuncia la misiva, que adjunta un vale descuento por valor de 1,75 euros —el 2,5% de las compras realizada por el afectado con su tarjeta bancaria— que simula el formato de un vistoso cheque al portador.
El talón tiene validez de seis meses y fecha de 14 de diciembre, es decir sólo una semana antes de que Rueda adelantara los comicios gallegos. Sin embargo, fue recibido después de su anuncio por la citada familia, que asegura que ni dio permiso a la Xunta para que cediera sus datos personales y bancarios con fines comerciales ni comunicó nunca a Gadisa su condición de familia numerosa…