Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Diez nuevas jornadas de huelga en los colegios concertados religiosos vascos.
120.000 alumnos que estudian en los centros concertados religiosos vascos han empezado el año con próximas huelgas del profesorado y del resto de personal de los colegios.
Todos los sindicatos del sector, han convocado diez días más de huelga para presionar a las patronales a la firma de un convenio que responda a sus reivindicaciones.
En concreto, pararán los 17, 18, 23, 24 y 25 de enero y los días 6,7,8, 19 y 20 de febrero. Unos paros y huelgas que se unirán a los ya llevados a cabo este año pasado, nueve en total: el primero el 25 de abril, tres días en octubre y cinco en diciembre.
La reivindicación fundamental de los trabajadores es renovar el convenio para los 9.000 trabajadores del sector, ya que el actual expiró en diciembre de 2021. De forma previa a este convenio, el anterior estuvo sin renovar 10 años y se produjeron 29 días de huelga antes de que se llegara a un acuerdo.
-Los trabajadores de Orovalle retoman la huelga indefinida.
Desde el 5 de enero, retoman la huelga indefinida en Orovalle, la compañía minera que extrae oro, cobre y plata en Belmonte de Miranda y Salas, Asturies, tras el fracaso total de la reunión con la dirección de la compañía el día 4.
Los 480 trabajadores de la empresa iniciaron el retome de la huelga con tres horas de paro por cada turno de trabajo.
Se había llegado a un acuerdo para volver a reunirse en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (Sasec) tras la decisión de la empresa de retirar los expedientes disciplinarios iniciados contra siete trabajadores y el compromiso de la parte social de suspender la huelga los siguientes dos días, el 3 y el 4 de enero, pero ese último de día volvieron a estallar las antagónicas posturas trabajadores-patronal.
Despidos:
-Condenada la Xunta de Galicia a indemnizar con 50.300 € a una interina que sustituyó durante 19 años a la misma trabajadora.
La Consellería de Política Social y Juventud despidió a la auxiliar de enfermería un mes antes de que esta se jubilase.
La Xunta de Galicia ha sido condenada a indemnizar con 50.321 euros a una auxiliar de enfermería interina que sustituyó —durante los años 2004 a 2023— a una liberada sindical en Vigo. Dicho despido, declarado improcedente por el juzgado de instancia y ahora ratificado por el Tribunal Superior de Xusticia de Galicia (TSXG), se produjo después de que la mujer solicitase una baja de cuatro días por un dolor en las cervicales y a tan sólo un mes de jubilarse.
La trabajadora (ahora de 67 años) firmó a finales de 2004 un contrato de interinidad para la Xunta, «con la finalidad de sustituir durante su baja médica» a otra auxiliar. Desde entonces y hasta este año, la mujer firmó multitud de contratos de sustitución por diversos motivos, entre ellos, por bajas sanitarias, de maternidad y por periodos de vacaciones. Sin embargo, mayoritariamente la reemplazó en calidad de liberada sindical, pues la auxiliar se acogió a este derecho para dedicarse a tiempo completo a actividades gremiales.
De acuerdo con la sentencia, el TSXG considera que la Xunta no debió haber mantenido durante tanto tiempo, casi 20 años, a una trabajadora en situación temporal para sustituir a una liberada sindical, ya que considera que «la adscripción del sustituido a otro puesto de trabajo no obedeció a razones temporales puramente coyunturales y ocasionales, sino que se trata de una necesidad estructural de mano de obra con la que se evidencia que la empresa necesitaba en realidad disponer de trabajadores indefinidos para ocupar de forma permanente esos dos puestos de trabajo».
Asimismo, resulta relevante para el entendimiento del presente pleito el hecho de que el despido fue notificado por carta justo un día después de que la empleada iniciase una baja de cinco días por una cervicalgia, entre los días 19 y 24 de febrero. Concretamente, a las 11.03 horas del día 20 de febrero de 2023 la jefa territorial de la Consellería de Política Social firmó la diligencia de cese de la trabajadora como empleada de la Consellería con efectos del día anterior, es decir, del 19 de febrero.
-Moncor Burgos cierra el área de corte de tejido y ocasiona 11 despidos.
La compañía burgalesa Grupo Inverbur ha tomar la decisión de cerrar su área de corte industrial de todo tipo de tejidos. De este modo, los 21 trabajadores de Moncor, situada en el polígono de Villalonquéjar y dedicada a tejidos de automoción, se han visto inmersos en un expediente de regulación de empleo (ERE), con 11 despidos, de 10 trabajadoras y de un trabajador. Los otros 10, se recolocan en otras filiales del grupo empresarial.
Sanidad pública:
-Justicia sentencia que Ayuso impidió de forma ilegal que los sindicatos entraran en el Zendal.
El Tribunal Superior de Madrid confirma una sentencia que obligó a la Comunidad de Madrid a permitir que sindicatos y sus representantes y delegados de prevención pudieran acceder al hospital inaugurado en plena pandemia.
No pudieron entrar al edificio para, entre otras cosas, comprobar si las denuncias de los trabajadores sobre las malas condiciones de trabajo merecían una denuncia.
El hospital Isabel Zendal, un centro hospitalario levantado en diciembre de 2020 para hacer frente a las distintas oleadas de ingresos por la pandemia de COVID-19. Su puesta en marcha costó unos 170 millones de dinero público, más del triple de lo presupuestado, y solo en 2022 su funcionamiento costó 15 millones más, teniendo una ocupación que rondó los 30 pacientes semanales.
Las maniobras de opacidad de la Comunidad de Madrid para que los representantes sindicales no pudieran acceder al edificio se tradujeron en varias sentencias que han reconocido ese derecho sindical. Según certifica ahora el Tribunal Superior de Madrid, impedir el acceso como pretendía la administración de Ayuso vulneraba el derecho constitucional del sindicato para llevar a cabo su trabajo. Podían, según este fallo ahora confirmado, acceder “al interior del Hospital Enfermera Isabel Zendal así como el acceso a todas y cada una de las dependencias del citado Hospital”. En este último recurso ahora rechazado, la Comunidad de Madrid reconocía que la “activación y desactivación” del Zendal “va a depender de las necesidades asistenciales existentes en cada momento”, entre otros argumentos ahora rechazados por los jueces.
En esta sentencia, el TSJ de Madrid reproduce los argumentos de otras de sus resoluciones similares para cimentar el derecho de los sindicatos a poder entrar en el edificio. “Ningún obstáculo puede establecerse al acceso , en los términos de seguridad incluidos en el Acuerdo, para que puedan acceder al interior del Hospital para llevar a cabo sus funciones de modo presencial, por más que las visitas de personas externas, en general, estuviesen prohibidas”, explica la sentencia.