Muro de solidaridad y denuncias:
Cumpleaños presos políticos:
-Ignacio Varela Gómez, preso político antifascista.
El viernes 12 de enero cumple 47 años de edad. Lleva en prisión desde el año 2003.
Mándale una postal o carta. Rompe el aislamiento al que someten a los presos políticos.
Criminalización:
-Raquel Rodríguez, la mujer obrera que plantó cara a la tanqueta, se queda sola ante la represión: Facebook no será responsable civil.
El gigante de Mark Zuckerberg era la vía por donde se compartieron los vídeos de esta luchadora obrera, pero finalmente el juez ha dejado a la red social fuera del proceso en el que Raquel es acusada de injurias.
El caso de Raquel Rodríguez, la mujer trabajadora que plantó cara a la tanqueta que entró en la barriada de El Río San Pedro de Puerto Real, en la huelga del metal de 2021, sigue consumiendo capítulos. Se han suspendido tres juicios por las supuestas injurias de las que se le acusa. El hecho de haber compartido vídeos en redes sociales dio pie a lo que ella considera «una persecución judicial».
El último juicio tendría que haberse celebrado el pasado 3 de noviembre en el juzgado de Lo Penal de Cádiz también se suspendió, como pasó con el previsto para el mes de mayo. En este caso se hizo en espera de diligencias con Facebook, que estaba en proceso de una causa como posible responsable civil al ser la vía por donde se compartieron los vídeos en los que ella denuncia lo sucedido.
El juez tenía que decidir si a Facebook había que darle la opción de ser parte o no como responsable civil. Y es que a Raquel se le acusa por parte del fiscal de delitos de injuria de los artículos 208 y 209, que penalizan las injurias que se hacen mediante publicidad, que son las consideradas graves. Las que no tienen publicidad dejaron de estar penalizadas después de que el Partido Popular despenalizara las faltas y las transformara en delitos leves.
Se reputa un delito de injuria con publicidad a los que se hacen a través de la imprenta, de radiodifusión o por medio de otros sistemas similares. Hay quien entiende que dentro de ese apartado están las redes sociales y otros creen que no son medios de transmitir y quedarían fuera. La decisión del juez que instruye el caso de Raquel es que Facebook se queda fuera, por lo que no tendrá que responder ni criminal ni civilmente de la indemnización por perjuicios.
En declaraciones a este periódico, Raquel no se muestra sorprendida por la última decisión: «Quieren quitar la responsabilidad de Facebook, ya que si hubieran hecho lo contrario tendrían que haber retroactivado el caso y haberlo llevado otra vez a Lo Social de Puerto Real para que se pudiera defender. No han querido meterlo porque tiene mucho poder, está claro. Me están acusando de injurias graves por haber compartido los vídeos, algo que hizo mucha más gente que ni siquiera ha sido llamada a declarar».
«Vienen a por mí. Han desviado toda la responsabilidad, los apaleamientos a la clase trabajadora. Nos gasearon y me llevé siete meses con dos inhaladores. A mí me golpeó la policía, pero eso no existe. Tengo una denuncia puesta a la policía y se ha vulnerado el artículo 14 que dice que todos somos iguales ante la Ley», denuncia.
Raquel no aceptó en 2022 una propuesta que lo habría finiquitado todo. «El fiscal quería que aceptara un acuerdo de que asumira la culpabilidad y que pagara 850 euros y me negué. Después llegó la amenaza de sanción, que subió a 3.300 euros y fue al juzgado de Lo Penal. Se han suspendido por tres veces los juicios, pero yo voy a seguir peleando», afirma convencida.
Violencia policial mortal:
-El asesinato de un migrante a tiros por un agente en A Coruña reabre el debate sobre la violencia policial.
Colectivos antirracistas y antirrepresivos denuncian el “uso desproporcionado” de la fuerza contra un hombre que portaba una vara de hierro mientras los sindicatos policiales dicen que era “un delincuente que intentó asesinar a un Policía Nacional”.
La Policía Nacional asesinó el 25 de diciembre a tiros a un hombre migrante de 35 años que, según el relato policial, había estado golpeando con una barra de hierro cristales de vehículos en una gran avenida en la ciudad gallega de A Coruña, con la supuesta intención de obtener algo de dinero. Siempre según el relato policial, después de “desobedecer” los primeros avisos de los agente y debido a su actitud “muy violenta”, los agentes habrían utilizado sin éxito una pistola táser antes de dispararle con un arma de fuego y causarle la muerte.
El asesinato a tiros en el polígono de A Grela del hombre armado solamente con una barra de hierro ha puesto de nuevo sobre la mesa el debate sobre la violencia policial y la desproporcionalidad en el uso de la fuerza por parte de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado. ¿Estaban los agentes implicados lo suficientemente formados para reducir a la persona fallecida empleando la superioridad numérica y no causándole la muerte? En caso de cumplirse la presunta y todavía no contrastada necesidad de abrir fuego contra él, ¿los agentes estaban capacitados para ejecutar disparos a zonas no vitales que contuviesen a la víctima pero que no acabasen con su vida de forma inmediata? ¿Ha influido en la decisión de matarlo que fuese una persona racializada?
Sobre esta actuación policial, la principal organización de defensa de los derechos humanos centrada en el racismo y la xenofobia, SOS Racismo Galicia, tiene claro que ha sido “una actuación totalmente desproporcionada”. “A primera hora del día, la causa del fallecimiento era que le habían disparado a las piernas y que tras revolverse, lo matan fortuitamente”, critica Esther Lora, de SOS Racismo. “Ahora, la versión ha cambiado totalmente para decir que el hombre le iba a pegar a un policía con una barra de hierro en la cabeza”, explica Lora. La diferencia entre ambas versiones, emitidas por los sindicatos y las fuentes policiales a través de los medios de comunicación de masas de Galicia, es fundamental: “Si la primera es la correcta, ¿quieren decir que han matado a un hombre que se escapaba para pararlo? Es gravísimo”.
En el propio baile de versiones que ha habido en las últimas 24 horas, parecía quedar claro que la persona asesinada por la Policía Nacional solamente habría roto las ventanillas de varios coches y causado desperfectos en cajeros automáticos de algunas sucursales bancarias. “Es muy peligroso normalizar disparar a una persona que se estaba escapando”, matiza Esther Lora. Algo que comparten plenamente desde el colectivo Coruña Antifa: “Si esto no se esclarece, puede sentar un precedente terrible de impunidad para otros agentes en futuras actuaciones”.
Tanto SOS Racismo como Coruña Antifa reprueban sin matices la actuación de los grandes medios de comunicación gallegos que solamente han dado la versión del Sindicato Unificado de Policía, “aunque esto significases ir cambiándola sobre la marcha y caer en contradicciones en apenas horas de diferencia”. Además, el enfoque en radios, televisiones y prensa escrita ha tratado de despersonalizar y deshumanizar lo ocurrido. “La Policía abate”, “Un hombre violento muere”… “¿Estamos hablando de un ciervo o de una persona? ¿Se ven en la necesidad de explicar una y otra vez que era supuestamente violento para legitimar el asesinato? Es intolerable esa falta de profesionalidad”…
Torturas políticas mortales:
-José España Vivas, militante del PCE(r), morir a los 25 años en los calabozos de la DGS.
José España Vivas era un joven militante del movimiento vecinal -pertenecía a la Junta de la Asociación de Vecinos del Barrio Venecia, en Alcalá de Henares-, y ecologista. También era militante del clandestino PCE (r) -Partido Comunista de España (reconstituido)-, surgido en 1975 de la Organización de Marxistas-Leninistas de España (OMLE), en oposición a la deriva “revisionista” del partido comunista liderado por Santiago Carrillo, que estaba llamado a ser uno de los pilares necesarios para fortalecer la transición. En la noche del 4 de septiembre de 1980, José tenía 25 años, una vida muy corta para un compromiso tan grande, estaba casado y tenía un hijo. Estaba con su familia en Santorcaz, un pequeño pueblo a 50 kilómetros de la capital, cuando fue detenido.
Fue trasladado a su casa, en Alcalá de Henares, para que estuviera presente en su registro, aunque este fue realizado sin orden judicial, buscando armas y propaganda, aunque no encontraron nada que lo pudiera involucrar en ningún delito, tras lo cual fue conducido a la Dirección General de Seguridad del Estado, la temible DGS del edificio de la Puerta del Sol, utilizado durante la dictadura como centro de detención y tortura por la Brigada Político Social, que pasó a denominarse en la Transición Brigada Central de Información. Ese era el feudo de personajes como Roberto Conesa o Antonio González Pacheco, Billy el Niño.
Dos días antes, en Barcelona, había muerto en un atentado de los GRAPO el general Briz Armengol, y un detenido en la ciudad condal “ha mencionado el nombre de José España en un interrogatorio”. Se le aplica la ley antiterrorista, se le incomunica, y el también comienza a ser interrogado en los calabozos de la DGS. El día 6 de septiembre, a las siete de la tarde se desvanece y es reconocido por un médico, que, según el parte facilitado posteriormente “padece pérdida de consciencia, miosis, frialdad de miembros con acrocianosis. Los tonos cardíacos eran normales.” Poco después sufre una parada cardiaca y fallece.
Tres días después el diario El País recogía así la noticia de su muerte: “El informe forense certifica que el «grapo» España Vivas falleció por causas naturales”. La nota de redacción publicada ese 9 de septiembre de 1980 detallaba: “Fuentes del Instituto Anatómico Forense confirmaron ayer a EL PAÍS que el presunto militante en los GRAPO, José España Vivas, de veinticinco años, falleció de muerte natural en las dependencias de la Dirección General de la Seguridad del Estado, el pasado sábado. España Vivas padecía una insuficiencia cardiaca aguda y tenía alojado un quiste hidatídico en la zona hepática.
(…) A las 18.50 horas del sábado fue ingresado en una sala de interrogatorios. El funcionario encargado de la transcripción de declaraciones comenzó a copiar sus respuestas. A las 19.05 horas había anotado casi un folio. A las 19. 10 horas, al comienzo de la segunda página, España Vivas sufrió un inesperado desvanecimiento. Los funcionarios recabaron entonces la presencia de los médicos adscritos a la dirección. (…) Inmediatamente después se le observó ausencia de tonos cardíacos, por lo que se procedió a su reanimación». Los esfuerzos de los facultativos de la Dirección General de la Seguridad por reanimar a España Vivas fueron ineficaces. Entonces se decidió trasladarle a la Ciudad Sanitaria Provincial, antigua Ciudad Sanitaria Francisco Franco. A las dos horas de que sufriese el desmayo era ingresado en este centro, donde los médicos encargados de la sección de urgencias consignaron que había fallecido.”
El forense que realiza la autopsia confirma que la muerte ha sido producida por un fallo cardíaco, provocado por un quiste hidatíco que ocupaba los dos tercios del hígado: «No sé cómo podía vivir con eso dentro del cuerpo». Sin embargo su familia declara que llevaba tres años trabajando en una empresa sin haber estado ni un día de baja por enfermedad, que no había tenido ningún síntoma, y el día 8 de septiembre, dos días después de su muerte, presentan una denuncia por torturas.
La Asociación de Vecinos el Barrio Venecia hace publica una nota en la que exige “un total esclarecimiento de los hechos”. En esta nota también señalan: “Rechazamos totalmente la información dada por el ministerio del interior a los medios de comunicación, en la que se acusa a nuestro compañero de ser un destacado miembro de los GRAPO, implicado en el asesinato del general Briz Armengol, ya que, según se puede demostrar, el día de su asesinato se encontraba trabajando en su centro de trabajo. Repudiamos esta oscura muerte de nuestro compañero y luchador del movimiento ciudadano, que se une a la del compañero de Orcasitas Arturo Pajuelo y tantos otros.”
Los sindicatos CCOO, UGT y USO también firmaron un comunicado conjunto en la que hacían “un llamamiento a todos los trabajadores de Alcalá para que expresen su protesta por la muerte del joven obrero alcalaíno José España Vivas, ocurrida durante su detención e interrogatorio en la DGS.” Asimismo en las fuerzas sindicales añadían: “Pedimos la derogación de la Ley Antiterrorista, porque atenta contra los derechos democráticos y sindicales de los trabajadores y los derechos humanos reconocidos en la Constitución.”
Al día siguiente del entierro de José España, al que acude medio millar de personas, el diputado del PCE Simón Sánchez Montero, lleva el caso al congreso, interpelando al ministro del interior, Juan José Rosón, de UCD : “Un quiste hidatídico puede romperse también a consecuencia de uno o varios golpes y sin necesidad de que esos golpes dejen herida ni seña de que se ha ejercido violencia sobre el enfermo. Desgraciadamente, en eso hay también una técnica desarrollada. Hay un proceso que parece haber originado la muerte de José España Vivas: rotura de un quiste y, a consecuencia de él, paro cardíaco, y, a consecuencia de este paro cardíaco, la muerte. Pero ¿qué fue lo que desencadenó ese proceso? Ahí está la cuestión.”
La lacónica respuesta del ministro franquista fue esta: “el detenido, fue examinado por los servicios médicos de la propia DGS y no presentaba lesión ninguna de tipo traumático ni tenía ninguna enfermedad. Y la discreta lesionología externa que apareció en el cadáver corresponde en su totalidad a la caída póstuma, al traslado y a las maniobras reanimatorias aplicadas».
El ayuntamiento de Alcalá de Henares, presidido por el socialista Carlos Valenzuela -al que la extrema derecha intentaría asesinar colocándole una bomba en su coche, dos años más tarde- gobernado por el PSOE y el PCE, apruebó también una moción pidiendo una comisión de investigación parlamentaria sobre la muerte de su vecino.
–https://nuevarevolucion.es/jose-espana-vivas-morir-a-los-25-en-los-calabozos-de-la-dgs/