Muro de solidaridad y denuncias:
Presas y presos políticos:
-Desde 1939 ni un solo día sin presos políticos.
Opinión.
Cuando con las amnistías parciales cuentan más de lo que querían.
Los fascistas llaman al acuerdo de indultos y libertades pactado entre PSOE y ERC y Junts “Amnistía”. Los promotores, el PSOE socialfascista, por acotar las cosas y que no les llamen golpistas, varias veces ha empleado lo de amnistía parcial. Tiene que explicar a la otra pata del Estado que no es una amnistía, sino que contempla una situación y un tiempo, unas personas concretas y también otras que jamás entrarán en acuerdos entre el aparato burgués.
El otro día en una tertulia de radio, el defensor de las posturas del actual Gobierno, para recordar la cortedad numérica de su amnistía de acuerdo electoral, le salió el automentís “sobre otras amnistías que también resultaron parciales” (subrayado mío). Un tertuliano pepero, como no cogió el argumento, siguió llamándole golpista. Otro (que había hablado de las enormes fallas de las pasadas amnistías) le interrogó sobre el mazazo que había dicho.
Vino a explicar que nada ha puesto en peligro la democracia española, ni la actual amnistía, como no lo hicieron tampoco las amnistías pasadas (agosto 1976 y octubre 1977 ndr), pues fueron amnistiados todos los delitos del franquismo, pero que había que recordar que en las “amnistías de acuerdo siempre quedaba gente dentro”, y que desde entonces había asociaciones memoralistas que hablaban de la amnistía-trampa y de tener que reabrir esa etapa. El tertuliano de las fallas, aprovechó para meter cuña sobre los torturadores y asesinos franquistas libres por las auto-amnistías de aquellos tiempos. Recordó además que fueron decisiones tomadas por los franquistas renovados en el poder tras la muerte de Franco, y que ellos supieron muy bien atar las cosas de quién salía y quién no, y que “ni siquiera había Constitución en España para semejantes decisiones” (es de 1978 ndr). Pero -salvar lo que les pagan por colaborar es su primera apuesta- quiso dejar claro que le parecía bien -en la de 2023- que no se incluyera casos por terrorismo.
Cuando se habían auto-acorralado sin salida, y del PPero sólo se oía de fondo gruñidos de protesta, les llegó la oportuna -para ellos- señal horaria de los informativos.
Se les escapa a veces estas disensiones, estas bofetadas de memoria, estas discusiones que jamás se atreverían a concluir asumiendo la verdad que muchos sí conocemos. No irán más allá, pero debiera recordar que cada vez está más desmantelada la historia que nos contaron sobre democracia, acuerdos, igualdad y todas esas mierdas. Abiertos fascistas pactando falsas amnistías con fascistas renovados y domesticados socialfascistas. Quedando dentro presos políticos, afirmando con su Constitución con el águila fascista que a los resistentes y revolucionarios solo les tocara cárcel, tortura y asesinatos.
Sí, es verdad histórica. En España desde 1939, no ha habido ni un solo día sin presos políticos en las cárceles. J.M.
Criminalización:
-La acusación popular pide 296 años de prisión para los encausados en la Operación Judas.
Una vez más denunciamos el carácter político de esta operación, dada la participación de asociaciones que se presentan como acusación junto a la Guardia Civil y la extrema derecha, quedando muy claro el sesgo de estas. Todas ellas representadas por un bufete de abogados claramente de orientación fascista.
Fortalezcamos la organización antirrepresiva y respondamos con unidad y lucha, hasta conquistar la Amnistía Total.
POR EL DERECHO A LA ORGANIZACIÓN Y AUTODETERMINACIÓN
ABSOLUCIÓN OPERACIÓN JUDES
AMNISTÍA TOTAL.
MAR Madrid.
Represión contra la infancia:
-Una investigación revela 1.200 casos de grilletes y otros métodos de contención mecánica en centros de menores.
La fundación Civio revela que el uso de grilletes, esposas y otros métodos de contención siguen utilizándose en los centros de menores saltándose la Ley de Protección de la Infancia vigente desde junio de 2021.
La Ley de Protección de la Infancia, que entró en vigor el 25 de junio de 2021, lo prohíbe en la mayoría de la ocasiones, pero su práctica está lejos de desaparecer. Desde esa fecha hasta diciembre de 2022, la fundación de periodismo de investigación Civio ha documentado más de 1.200 casos de contención con grilletes y otros métodos de sujeción mecánica. En algunos castigos, tal como refleja el estudio publicado el 5 de diciembre, la sujeción con grilletes ha durado hasta 48 horas, algo que prohíbe la regulación vigente.
Los datos obtenidos por Civio revelan al menos 570 casos de utilización de muñequeras o grilletes en los centros de menores entre junio de 2021 y diciembre de 2022. En otras 618 ocasiones, se han utilizado contenciones mecánicas sin especificar el método ni la fecha en la Comunidad de Madrid, la región que lidera la lista. Le sigue Catalunya, con 163 casos. En esta comunidad, desde que entró en vigor la Ley hasta finales de 2022, en ocho ocasiones se mantuvo al menor esposado durante más de una hora. En Baleares, se usaron esposas en 137 ocasiones. En una de ellas, la medida duró un día entero.
El centro Vicente Marcelo Nessi, en Badajoz (Extremadura) es uno de los que tiene mayores ratios de utilización de este tipo de medidas de contención, con 89 casos registrados en este rango de fechas. En dos ocasiones la medida se prolongó durante 48 y 24 horas. En contraposición, Andalucía y Cantabria no registran ningún caso de utilización de grilletes.
Desahucios son represión:
-Los problemas con el pago del alquiler aumentan los desahucios en Andalucía y las multas a quien los denuncia.
La región autónoma registra al mismo tiempo del mayor incremento de desahucios, un repunte de las multas de la ‘ley Mordaza’ y de las detenciones contra integrantes de plataformas que intentan parar los lanzamientos de viviendas.
En 2022, subía en Andalucía un 1,5% el número de desahucios con respecto al año anterior.
Se llevaron a cabo 6.717 lanzamientos de viviendas por orden judicial en Andalucía, lo que supone una media de 18 diarios, el 67% por procedimientos derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) y el resto, de ejecuciones hipotecarias y otras causas.
El alquiler es donde se focalizan, por tanto, los mayores problemas de la vivienda en Andalucía, que es, tras Catalunya, la comunidad en la que se registra un mayor número de procedimientos de lanzamiento derivados de la Ley de Arrendamientos Urbanos.
La Asociación Pro Derechos Humanos (APDHA) ha calificado de «angustiosa» la situación de muchas familias, fundamentalmente de las que no pueden hacer frente al pago del alquiler.
Los precios del alquiler han subido cerca de un 40% en la última década en Andalucía, según el informe de Pro Derechos Humanos, que resalta que, en cambio, el salario medio ha aumentado poco más de un 10%, lo que supone que las familias tienen que realizar un esfuerzo cada vez mayor para acceder a una vivienda.
Mientras, añaden “Hay más de 641.000 viviendas vacías de forma permanente, según el censo de 2021.
Denuncian también la explosión de pisos turísticos, que en Andalucía se elevan a 90.000, y que han elevado el alquiler general de forma desproporcionada.
A eso se añaden las familias que viven hacinadas en infraviviendas, en pisos compartidos gestionados por ONG financiadas por los ayuntamientos sin perspectiva de hallar una solución, la escasez de viviendas sociales en el parque público y la sobrecarga de trabajo que soportan los servicios sociales municipales, por falta de personal y recursos para atender toda la demanda.
*Multas y detenciones de activistas
El incremento de los lanzamientos también ha llevado aparejado un repunte de las actuaciones policiales contra las plataformas ciudadanas que tratan de evitar los desahucios, tras un periodo de relativa calma que se vivió a causa de la pandemia de la covid. Solo en la provincia de Sevilla, se han registrado en este año dos incidentes que se han saldado con multas de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como ley Mordaza, y detenciones de activistas.
En la localidad de San Juan de Aznalfarache, cuatro personas fueron detenidas el pasado mes de mayo cuando intentaban impedir el desahucio de una familia, entre ellos el que era candidato del PCTE en las elecciones municipales de ese ayuntamiento. Los detenidos se encuentran pendientes de la celebración del juicio, acusados de atentado a la autoridad y uno de ellos, además, ha sido multado por grabar la intervención policial.
Por su parte, un integrante del PIVE fue sancionado con una multa de 600 euros por participar en la concentración que trató de impedir el pasado febrero el desahucio de un matrimonio de jubilados en la capital andaluza.
Miguel Balbuena, el sancionado, se lamenta de la cuantía de esa sanción. Esta supone la mitad de lo que gana al mes por su trabajo y asegura que lo único que estaba haciendo aquel día era mediar entre la familia y las fuerzas de seguridad. Sostiene que pretendía que se respetara la situación de vulnerabilidad en la que se encontraba la pareja que iba a ser desahuciada, ya que el hombre había sufrido, además, un ictus. El desahucio se suspendió, precisamente, por la mala salud del inquilino, que la noche anterior había tenido que ir al hospital. Pese a ello, una semana después se llevó a cabo el lanzamiento por sorpresa, sin previo aviso a la familia y, por tanto, sin oposición de activistas en la puerta del edificio.
En este caso, la multa se ha impuesto por vulneración del artículo 36.4 de la ley Mordaza, que sanciona los actos de obstrucción que pretendan impedir a cualquier autoridad o empleado público el cumplimiento o la ejecución de acuerdos o resoluciones administrativas o judiciales.
El número de sanciones por este artículo han aumentado precisamente en el último año un 5% y su cuantía global casi se ha elevado un 20%, hasta aproximarse a los 437.000 euros.
APDHA.