Movimiento obrero. Su brutal situación:
Huelgas:
-Trabajadoras de AKT Plásticos de Amorebieta, Bizkaia, tres días de huelga.
En AKT Plásticos trabajan 140 trabajadores, en su mayoría mujeres, que se dedican a la fabricación de piezas y componentes para la automoción, especialmente, del grupo Volkswagen.
Estas convocatorias se produjeron en noviembre en el marco de las negociaciones del convenio de empresa.
-Huelga en la multinacional sevillana Ayesa el 24 de noviembre para denunciar el «goteo incesante» de despidos.
800 trabajadores de esa compañía trabajan en Sevilla.
Los despidos a trabajadores, tienen un mismo perfil: más de 45 años, 20 años de antigüedad en la empresa y dedicados a unos programas ya obsoletos.
En lugar de favorecer su reciclaje, según los sindicatos huelguistas, se les despide y se les sustituye por otras personas más jóvenes a las que pagan un salario mucho más bajo.
-Profesionales de educación especial en Andalucía en huelga ante el continuo maltrato de la Junta.
El personal Técnico de Integración Social, PTIS, iniciaron el 14 de noviembre una huelga indefinida.
La comenzaron con un encierro en la Delegación Provincial de Educación en Sevilla ante el maltrato continúo que sufre por parte de la Junta de Andalucía que mantiene a decenas de centros educativos de la comunidad sin personal para la atención al alumnado de educación especial.
Las trabajadoras están expuestas a “graves problemas de contratación y precariedad, sobrecarga de trabajo e incumplimiento de las condiciones mínimas de seguridad y salud, según denuncian” y señalan la responsabilidad de la Junta de Andalucía y de “los abusos de sus empresas concesionarias del Servicio”. Andalucía es la única comunidad autónoma en la que el servicio de PTIS es un servicio complementario y no esencial, lo que abre la puerta a que las empresas privadas sean las encargadas de prestar este servicio a los centros educativos públicos. “Es el único lugar donde pasa esto, en el resto de España el personal que atiende a los niños con necesidades especiales está integrado en Educación”.
Despidos:
-ERE en la compañía eléctrica Holaluz. 200 despidos.
Holaluz anuncia un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 200 trabajadores. La compañía eléctrica se deshará del 27% de su plantilla tras experimentar un cierre de la primera mitad de 2023 con pérdidas de 21 millones.
Las secciones más afectadas serán las de los «equipos de instaladores, ventas y roles de soporte a las operaciones de solar».
Holaluz Clidom SA tiene su sede en Barcelona y a principios de 2023 daba servicio de luz a más de 300.000 clientes y gestionaba más de 11.000 instalaciones fotovoltaicas.
-De buitres a hienas…
Vodafone deja a su suerte a la plantilla de trabajadores, que sufrirá otra oleada de despidos tras la compra por Zegona.
Margherita Della Valle, la consejera delegada del grupo Vodafone, ha decidido deshacerse de la filial española lo antes posible y sin ninguna contemplación. Para ello, ha dejado manos libres a Zegona para que disponga a su antojo de la compañía una vez se complete el traspaso de la gestión, previsto para el primer trimestre de 2024, tras acordar la venta de la operadora por 5.000 millones de euros. La peor parte se la llevará la plantilla, de en torno a 4.000 trabajadores, que sufrirá una nueva oleada de despidos.
En el acuerdo de venta a Zegona no se contempla ninguna garantía para mantener el empleo, abandonando a su suerte a los trabajadores, con cuyos sindicatos no se ha contado para nada en la negociación del acuerdo.
Zegona se ha quitado la careta y ha señalado oficialmente su intención de aplicar un plan de “despidos selectivos” para aligerar los costes de personal que considera excesivos y muy por encima del resto de grandes operadores. Unos despidos “selectivos” que pueden convertirse en masivos, ya que el fondo destaca en el prospecto la ineficiencia de la estructura de costes de personal.
Los sindicatos temen que los despidos puedan afectar incluso hasta a la mitad de la plantilla.
Vodafone España aplicó a comienzos de 2021 un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) que afectó a 442 empleados, alrededor del 10% de la plantilla, y desde 2013 ha realizado cuatro grandes ajustes de plantilla. Suprimió en verano pasado 90 tiendas franquiciadas en España, el 15% del total, y anteriormente liquidó todas sus tiendas propias.
Ahora, con Zegona, unos 2.000 puestos de trabajo podrán ser despedidos.
Consumo:
-IPC: de 199 productos y servicios, 20 acaparan el 90% de la subida de precios.
El 49,4% de la subida de los precios lo acaparan las gasolineras (10,4% gasolina, 9,7% gasóleo); los restaurantes, cafés, bares y discotecas (11,6%); el aceite de oliva (9,3%); y la fruta (8,5%).
En el 50,6% restante, entre las más importantes están los hoteles, hostales, pensiones y alojamientos similares, con un 5,3%; los servicios de comida rápida y comida para llevar, con el 4,7%; el mantenimiento y reparación de vehículos personales, 4,4%; la subida de legumbres y hortalizas, con un 3,6% de impacto en el IPC; servicios de telefonía, 3,2%, y la carne seca, salada o ahumada, con un 3,2%.
Todos los demás productos y servicios, están por debajo de un 2,4 al 2% de repercusión (3 productos); otros 13 productos están entre el 1,8 y el 1%. Otros 172 productos, han tenido influencia menor del 0,9%.
Sanidad pública:
-Andalucía sobrepasa ya el 12% de su población en lista de espera para operarse o ser atendido por un especialista.
Más de un millón de personas.
El Ministerio de Sanidad publica los datos de pacientes andaluces pendientes de un especialista –841.731 personas–, la más alta del Estado tras Cantabria; y de una operación quirúrgica –192.561– a junio de 2023, unos 20.000 más que hace un año, la segunda tasa más alta del país, tras Canarias.
Corrupción:
-Alfonso Rus, condenado a cinco años de cárcel por el caso Imelsa.
Expresidente de la Diputación y del PP de la provincia de València.
Se trata de las piezas B y F del caso Imelsa, en las que se ha investigado y juzgado contrataciones irregulares en las empresas públicas Imelsa y Ciegsa. Alfonso Rus, para el que la Fiscalía reclamaba una pena de 12 años de prisión, ha sido condenado a cinco, por los delitos continuados de malversación en concurso con prevaricación y falsedad documental.
El ex secretario autonómico de Educación, Máximo Caturla, del PP, también ha sido condenado a cinco años de prisión por la misma causa.
Al ex gerente de la empresa pública Imelsa, Marcos Benavent, del PP, el que se autodenominaba yonki del dinero, otros cinco años de cárcel.