Muro de solidaridad y denuncias:
Criminalización:
-Les defenses dels perseguits del 23-S acusen el jutge de boicotar la instrucció de la causa.
Alerta Solidària denuncia que encara hi ha diligències pendents de fer i reclama que les defenses tinguin accés a les diligències secretes 104/17 i 99/18.
El col·lectiu Alerta Solidària ha anunciat que les defenses dels perseguits pel 23-S presentaran un recurs perquè el jutge de l’Audiència espanyola, Manuel García Castellón, no tanqui en fals la instrucció de la causa. En aquest sentit, lamenta que, en una interlocutòria de divendres passat, el magistrat va denegar una pròrroga a la investigació i denuncia que la causa judicial és una constant lluita processal davant els esforços del magistrat d’intentar de boicotar la instrucció.
–https://www.vilaweb.cat/noticies/defenses-perseguits-23-s-acusen-jutge-boicot-causa/
*Comunicado de Alerta Solidària:
El jutge del cas 23S vol tancar en fals la instrucció
Les defenses interposen avui mateix un nou recurs contra la irracional resolució del jutge Manuel García Castellón, magistrat del Jutjat Central d’Instrucció núm. 6, que nega la pròrroga i aboca el procediment al tancament de la fase inicial d’investigació.
Divendres passat, les defenses van rebre la interlocutòria en què el jutge instructor denega la pròrroga de la fase inicial del procediment judicial. Contra tota lògica, amb diligències sol·licitades encara per ser practicades, i altres que puguin derivar-se d’aquestes, i a l’espera d’accedir a la ingent informació que fins ara se’ls ha negat, el jutge es prepara per a l’acte de tancament de la instrucció. Un moviment per tal d’escometre, un cop més, contra el dret de defensa de les persones encausades. La no concessió de la pròrroga dona peu al tancament de la instrucció, això és, cloure el període en què les parts, a partir de les informacions que es van coneixent, poden proposar diferents proves, requeriments, interrogatoris, etc. Són les denominades diligències i es dona el cas que fins i tot el Ministeri Fiscal en té de proposades i no realitzades. La fiscalia, en un escrit de 17 de juny, se sumava a la petició de les defenses d’Alerta Solidària de prorrogar la instrucció. Cap part, de fet, s’hi oposa, només el jutge.
La decisió de no prorrogar la instrucció arriba just després de rebre l’11a resolució de la Sala d’apel·lacions, en què s’atorga la raó a les defenses, i s’ordena al jutge instructor, per 11a vegada, a donar ple accés a les secretíssimes diligències 104/17 i 99/18. Accés que encara avui no s’ha produït, malgrat que l’accés hauria de ser immediat atès que les mateixes, segons ha reconegut el jutge en nombrosos escrits, ja no tenen la consideració de secretes sinó que estan simplement arxivades.
El procediment judicial del cas 235 és una constant de lluita processal per part d’Alerta Solidària. L’esforç del jutge García Castellón per boicotejar el normal desenvolupament de la instrucció, que en una suposada democràcia es pressuposa que és la fase a on cada part ha de poder aportar amb temps i calma les proves i arguments de càrrec o descàrrec, suposa una batalla constant de recursos i apel·lacions en què l’escàndol més gros és l’ocultació deliberada de les investigacions prèvies en què hi ha amagades, ben segur, nombroses irregularitats i il·legalitats en la persecució de l’Estat a l’independentisme català.
No és cap sorpresa que l’Estat lluiti contra l’independentisme per tots els mitjans. Avui dia només tenim una sola certesa: nosaltres també lluitarem. Això sí, dins i fora de l’àmbit judicial, nosaltres ho farem amb dignitat.
Per l’absolució de les companyes, Per la llibertat dels Països Catalans!
A Sabadell, Països Catalans, 26 de juliol de 2022
–Y más y más condenas:
«M’enfronto al poder de l’estat i sento ràbia per tot allò que m’ha passat i per la gent que ha patit»
Condemnat a quatre anys de presó per les protestes contra la sentència.
-Pablo González: 150 días, muchas preguntas, pero ninguna respuesta.
Cuando se cumplen 150 días de su arresto, compañeros y amigos del periodista Pablo González reclaman al presidente del Gobierno que interceda por él durante la cumbre hispano-polaca para que pueda tener una defensa y un juicio justo, y, sobre todo, que se respeten sus derechos.
Hace 150 días, Pablo González habló con Oihana por última vez. Como periodista especializado en el espacio postsoviético, estaba cubriendo las consecuencias de la invasión rusa en Ucrania. Aquella conversación telefónica con su mujer, y madre de sus tres hijos, fue breve pero muy clara. Le informó de que le habían detenido bajo la acusación de ser espía ruso; le pedía que se pusiera en contacto con su abogado, Gonzalo Boye, e insistía en su inocencia. Era 28 de febrero y, desde entonces, no ha habido ningún otro contacto directo.
Estos cinco meses han dado para hacerse muchas preguntas, y, por qué no decirlo, inicialmente también alguna duda, disipada una vez vista la opacidad y las irregularidades del procedimiento. No obstante, al margen de las elucubraciones, hasta la fecha, la única certeza es que Pablo ha estado desamparado legalmente, sin acceso a un abogado durante semanas, y sin poder hablar con su familia. Y todo, bajo la inacción de la comunidad europea, que con su silencio y ciertas insinuaciones solo ha contribuido a expandir el “algo habrá hecho”, una sombra que atenta, además, directamente a su credibilidad y prestigio profesional.
La principal acusación que ha trascendido hasta la fecha es que se valía de su condición de periodista para trabajar para el Kremlin. Sin embargo, a estas alturas de la película, la Fiscalía polaca no ha sido capaz de aportar ni una sola evidencia incontestable que justifique una decisión tan dura e inhumana. Un proceder que no parece reprobable para las instituciones españolas y europeas. Nadie cuestiona el proceder de Polonia, a pesar de que su sistema judicial está cada vez más en entredicho. En este sentido, el informe 2021/22 de Amnistía Internacional constata cómo las autoridades polacas están centradas en acabar con la independencia del poder judicial, con un dictamen del Tribunal Europeo de Derechos Humanos contra dos de los altos órganos judiciales de Polonia, que incumplían las normas sobre juicios justos, y cómo coartan la libertad de expresión, con la condena de profesionales que no les baile el agua.
Esta situación escapa a cualquier lógica democrática, y hace sospechar que el caso de Pablo no es más que un ‘pequeño’ daño colateral dentro de una estrategia geopolítica de relaciones internacionales. No olvidemos que detener, aislar y mantener incomunicado durante cinco meses a un ciudadano es un ataque contra los derechos humanos, pero si el sujeto es, además, un periodista que puede resultar incómodo, esta privación de derechos es asimismo un atentado contra la libertad de expresión, en un momento especialmente sensible. Sin libertad de prensa, el mundo se convierte en un lugar más peligroso.
Todas las pruebas que se han hecho públicas hasta la fecha han sido desmontadas en el acto con documentación oficial, pero pese a ello, incluso el MI6 británico daba por buenas dichas acusaciones hace unos días, aceptando la tesis de la Fiscalía polaca en una absoluta violación de la presunción de inocencia de Pablo, sin que ni siquiera haya sido juzgado. Otra irregularidad que se suma, a que ninguna autoridad impidió que Pablo compareciera sin asistencia letrada ante el juzgado de Polonia pocos días después de su detención, una situación absolutamente inconcebible que contraviene todas las leyes internacionales.
Pero hay más. Por poner otro ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, ratificado por Polonia, establece en su artículo 14 que toda persona detenida tiene derecho a “disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y a comunicarse con un defensor de su elección”. A Pablo se le sigue negando recibir el asesoramiento del abogado de su elección. Desde hace un par de meses cuenta con un representante polaco. Sin embargo, y como ha comentado Oihana en más de una entrevista, “tiene prohibido” hablar de la situación procesal de Pablo, y aún no se ha puesto en contacto con Gonzalo Boye. ¿Cómo es posible que las autoridades europeas se pongan de perfil ante esta situación y no se interesen por la seguridad y el bienestar de Pablo?
Precisamente este 27 de julio, cuando se cumplen 150 días de su arresto, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, estará presente en la XIV Cumbre hispano-polaca y, según ha informado Moncloa, se reunirá con el primer ministro Mateusz Morawiecki. Los amigos de Pablo González nos sumamos a la petición de su familia de pedir al presidente Sánchez que, por favor, se acuerde de él, un ciudadano español detenido en un país de la Unión Europea al que le niegan hablar con sus hijos, que solo ha recibido cuatro visitas del cónsul en cinco meses, y que no está teniendo la posibilidad de que su abogado de confianza conozca las causas por las que se le acusan.
Presidente Sánchez, le pedimos que incluya la situación de nuestro amigo Pablo en su agenda del día; que interceda por él ante su homólogo polaco para que pueda tener una defensa y un juicio justo, y, sobre todo, que se respeten sus derechos. Por favor, realice las gestiones necesarias para que la situación de Pablo mejore y pueda hablar con su mujer y sus hijos, que no entienden por qué no dejan que su aita vuelva a casa. Sus padres y su hermana también necesitan saber que está bien. Todas las personas que queremos a Pablo llevamos cinco meses inmersos en una gran incertidumbre. Necesitamos, por fin, empezar a dar respuesta a todas las preguntas que nos llevamos haciendo estos cinco meses.
@FreePabloGonz, grupo de compañeros y amigos del periodista Pablo González.
Solidaridad con los 11 de Lleida:
-Continuem amb la campanya per l’absolució dels 11 de la Subdelegació.
Aquell dia érem més de 3.000 persones protestant contra la detenció de Carles Puigdemont i els Mossos d’Esquadra van escollir 11 persones, conegudes per participar en altres lluites i moviments socials de la ciutat. Els hi demanen un total de 58 anys de presó i 40.000 euros de multa i seran jutjats el 23 i 24 de novembre.
*11 caps de turc. No podem deixar-los sols. Què cremin els carrers fins que #TombemLesLleisRepressives i conquerim l’#AmnistiaTotal
Solidaridad presos políticos:
-Juan García Libertad.
Preso por comunista. Cadena perpetua encubierta.
Cartel, en redes.