Transición sangrienta
Jamás olvidar:
-21 de abril de 1978. Elvira Parcero Rodríguez, muerta por las lesiones producidas en un carga de la Policía Armada en Vigo.
Se llamaba Elvira Parcero Rodríguez, tenía solo veintiún años, y fue otra de las víctimas, no debidamente reconocida y recordada, de la Transición Sangrienta. Falleció tras las gravísimas lesiones producidas, durante una carga efectuada por la Policía Armada, que disolvía una manifestación de trabajadores de Ascón, en Vigo, el 11 de abril de 1978, empleando abundante material antidisturbios, pelotas de goma y botes de humo.
-20 de abril de 1979. Juan Carlos Delgado de Codes.
Asesinado en Madrid el 20 de abril de 1979. Conocido entre sus camaradas como Herrera, Juan Carlos nació en Segovia, el 5 de febrero de 1949. Con 18 años marchó a estudiar Náutica a Cádiz, estudios que cambió por los de Magisterio que abandonó definitivamente, entrando a trabajar como conserje en el Colegio de Médicos de Cádiz. Durante su estancia en la Escuela de Náutica intervino en las huelgas estudiantiles de entonces, interesándose por la lectura de los marxistas y del movimiento obrero. Por entonces conoció a José María Sánchez Casas y su grupo de teatro “Quimera, Teatro Popular” que aglutinó en la bahía a la izquierda más radical de la época, siendo el embrión de la OMLE más tarde. Entrando a militar en la misma en 1969. Durante años les unió además de la militancia una estrecha amistad.
Era entonces un joven decidido y desde el primer momento dio muestras de una capacidad de análisis poco común.
Durante tres años se dedicó a impulsar la OMLE en Andalucía, consiguiendo extenderse a Sevilla y Córdoba y, dentro de la provincia de Cádiz, a otros pueblos como Puerto de Santa María, Puerto Real y Jerez. Siendo el máximo responsable de la organización en Andalucía y consiguiendo incorporar a la misma a numerosos cuadros comunistas que posteriormente fueron dirigentes del PCE(r).
En junio de 1973 fue enviado como delegado a la I Conferencia Nacional de la OMLE. De dicha Conferencia salió elegido miembro del Comité de Dirección, junto a Manuel Pérez, Abelardo Collazo y Enrique Cerdán. Para entonces ya tenía orden de busca y captura por “desertor” del servicio militar, situación ésta que asumió sin dudar y que motivó su paso a la clandestinidad desde muy joven.
Fue elegido máximo responsable de la organización de Andalucía, y durante dos años incorporó a la misma a numerosos cuadros comunistas que posteriormente fueron dirigentes del PCE(r).
En junio de 1975 participó en el Congreso fundacional del PCE(r), resultando elegido miembro del Comité Central.
El 26 de septiembre de 1976 fue detenido en Galicia, siendo salvajemente torturado, a resultas de lo cual le rompieron dos costillas y permaneciendo en la cárcel de La Coruña hasta diciembre de ese año cuando fue trasladado a Madrid, a la cárcel de Carabanchel, días después del secuestro por parte de los GRAPO del presidente del Consejo de Estado Oriol y Urquijo y, supuestamente, para intentar negociar la liberación de éste, sin éxito. Allí permaneció hasta octubre de 1977, en que salió en libertad por aplicación de la Ley de Amnistía.
Al salir de la cárcel, dado que el Comité Central del PCE(r) en pleno había sido detenido y encarcelado, en unas condiciones de clandestinidad verdaderamente difíciles, fue elegido Secretario General en funciones del Partido.
Era el máximo responsable de la organización cuando fue asesinado en Madrid, en la plaza de Lavapiés cuando iba a tomar un taxi, siendo alcanzado por un disparo por la espalda que, entrando a nivel de la octava costilla, le desgarró la aorta y quedó alojado en la base del cuello. Fue una operación policial premeditada ya que declaraciones de testigos indicaron la presencia de una ambulancia en la misma calle que, posteriormente le trasladaría ya cadáver al hospital Francisco Franco, hoy Gregorio Marañón. Desde luego fue una emboscada y nunca se encontró el arma que supuestamente había empuñado.
La familia presentó denuncia y se abrieron diligencias previas ante el Juzgado de Instrucción nº 8 y tras más de tres años de trámites, los magistrados Bienvenido Guevara, Alberto Amunategui y Virgilio Martin, de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial resolvieron el sobreseimiento del caso.
Los policías que le asesinaron fueron identificados como Juan Carlos Salgado Sánchez, José María García González y Juan Luis Abuin Sayo.
En el momento de su asesinato, su hijo Juan, nacido en la clandestinidad, tenía cuatro meses de edad. Fue enterrado en el cementerio de Segovia en medio de fuertes medidas de seguridad. Uno de los solidarios asistentes declaró a la prensa ¡Qué pena, le han matado cuando estaba madurando y podía haber sido uno de los mejores dirigentes políticos obreros! Por eso precisamente le asesinaron.
PreS.O.S. (sección caídos)
–Gatillo fácil: bares, discotecas…
Iñaki Egaña.
El mercenario Manuel Fernández Aceña fue condenado por la muerte de Jean Pierre Leiba, al que mató en la estación de Hendaia en 1984 en nombre de los GAL. Según su confesión, fue quien facilitó a su contacto en el cuartel de Intxaurrondo la fotografía de Juan Carlos García Goena, el último muerto por el grupo paramilitar español, en 1987. Fernández Aceña fue detenido hace poco más de un año acusado esta vez de ser mercenario yihadista.
En sus intervenciones mediáticas, el sicario refería siempre a una discoteca de Irun, como centro de reuniones, encuentro e incluso depósito bélico. Se trataba de la discoteca Gwendolyne, en la calle Estación, inaugurada en 1970 por el entonces jovencito Julio Iglesias quien ese mismo año había cantado una canción con el mismo nombre en el Festival de Eurovisión.
La discoteca fue una pesadilla para los vecinos que presentaron a lo largo de los años numerosas denuncias. En la década de 1980, el entonces alcalde Alberto Buen tuvo que recibir más de una vez las quejas sobre las peleas que se generaban tanto en el interior como en el exterior de la discoteca. Algunas de ellas acabaron a tiros. Por la sencilla razón de que eran asiduos clientes los amigos de Fernández Aceña del acantonamiento de Intxaurrondo, militares del cuartel de Landetxa y agentes de las Fuerzas de Seguridad del Estado. Los que recuerdan esa época dicen que los encontronazos se producían, especialmente, entre vecinos de Ipar Euskal Herria, clientes habituales del recinto, y agentes policiales.
En noviembre de 1987, un joven camionero belga recibió un tiro en el interior del bar. Murió en el acto. Se llamaba Erik Haelewyn y tenía 26 años. Los testigos aludieron a una discusión. Los autores, dos hombres armados, huyeron. Por la mañana, ante los rumores que circularon por Irun, el comisario jefe de la localidad fronteriza desmintió que «como se está divulgando, los agresores pertenezcan a ningún Cuerpo de Seguridad del Estado». La Policía Municipal, sin embargo, había logrado anotar la matrícula del vehículo que huyó. Y esa dato fue suficiente para identificar a los agentes, guardia civiles destinados en otro puesto fronterizo, en el de Urdax, en Nafarroa.
La muerte de Haelewyn destapó numerosos incidentes en el mismo escenario. Algunos de ellos muy recientes al trágico suceso. A comienzos de ese mismo año de 1987, un policía disparó en la entrada de la discoteca. La versión oficial señaló que se había tropezado. Unos meses más tarde, la victima sería Mitxel Guerendian, conocido militante abertzale de Sara, que recibió un tiro de un suboficial del Ejército español. Salvó la vida, afortunadamente.
Unos años antes, un vecino de Pasaia, localidad cercana a Irun, que se ganaba la vida tocando la batería en una orquesta, salía de la discoteca Jai Alai de Eibar, después de una actuación. Se llamaba Alberto Soliño y tenía tres hijos. Con uno de sus compañeros intentaba meter el órgano de la orquesta en su vehículo. Otro coche aparcado lo impedía. Dijeron los testigos que Alberto se dirigió amablemente al dueño del coche y le pidió que lo moviera. Recibió un tiro en la frente. Murió en el acto. El agente de paisano que le disparó fue dirigente, con posterioridad, del Sindicato Unificado de la Guardia Civil (SUGC).
No muy lejos de Pasaia, y años más tarde, también en una sala de fiestas, esta vez Apolo de Errenteria, un policía, también de paisano, entraba a las seis de la mañana. Pidió una consumición que los camareros, que estaban recogiendo el local se la negaron. Sacó un arma, apuntó a varios parroquianos y disparó. Vicente Vadillo, Francis, murió en el acto por una bala que le destrozó el semblante. La víctima, travestí, sufrió una segunda victimización. La nota oficial señalaba que “en el momento de su muerte estaba vestido con ropas de mujer”. Al parecer eximente para el homicida.
La muerte de Francis tuvo un recorrido excepcional. Los compañeros del policía implicado cargaron en la protesta posterior, en la que estaban los padres de la víctima, y llegaron a entrar, a porrazo limpio, en el Ayuntamiento de Errenteria donde se estaba celebrando un pleno que condenaría los hechos.
En la sala de fiesta Bordatxo de Doneztebe, tres jóvenes se cruzaron con un guardia civil de paisano, del cuartel de Bera. Eran poco más de las tres de la madrugada. Riña en la pista de baile y el agente que saca la pistola y dispara. Santiago Navas muere del primer disparo. A José Javier Nuin le descerraja un tiro y ya en el suelo le remata. El guardia civil se dirige a un tercero, José Antonio Díaz, a quien dispara y deja malherido. Se detiene la música, se encienden las luces. El agente intenta disparar nuevamente pero se le encasquilla la pistola. Dos muertos y un herido grave.
Junio de 1993, en Otxarkoaga. Un guardia civil, según la nota oficial expulsado del Cuerpo, entra en un bar y se lía a tiros. Juan Carlos López Castañares recibe cinco impactos que le causarán la muerte. También resultarán heridos otros parroquianos, entre ellos un niño de tres años de edad. El autor, dicen las crónicas, aunque identificado, se dio a la fuga.
Pocos años antes, no lejos del anterior lugar, en el Bar Los Arcos de Barakaldo, entra la Policía Nacional, nuevamente de paisano. La versión oficial y la de los testigos no coincidió en casi nada. Eran las 12 de la noche. Sin mediar palabra, uno de los policías disparó contra José Luis Sancha Lasa, que acababa de cumplir 17 años. ¿Lógica? La policía llevó detenidos al propietario del bar y a seis de los clientes. Mientras, el gobernador fabricó la versión que lanzaría a los medios, la habitual “versión oficial”.
En un bar del barrio de San Francisco, un guardia civil de paisano mató de un tiro a Bonifacio Martínez Celemín. La nota gubernativa recurrió al término “reyerta”. A Félix Arnaiz Maeso le mató un guardia urbano de Erromo. Dijeron que un individuo sin identificar y el agente municipal tuvieron una discusión en un bar. Que la autoridad fue insultada y que el policía disparó. Arnaiz, que según la prensa “pasaba por allí” tuvo la mala fortuna de recibir un disparo perdido. Murió cuando lo trasladaban a Cruces.
Manuel Pérez Gómez era vecino de Bastida y se dirigió, junto a su hermano, a las fiestas de Haro. En la discoteca La Masía entablaron un diálogo con dos chicas. Relación que fue interrumpida por un guardia civil de paisano. Sin mediar palabra se dirigió a Manuel y le disparó directamente al corazón. Alfredo San Sebastián, a la puerta de la discoteca Zigor de Mungia. Un guardia civil le descerrajó un tiro. Se desangró y murió.
En Gasteiz, bar Las Vegas, barrio de Zaramaga, el mismo en el que unos años antes policías en servicio mataron a cinco trabajadores. Entra un policía de paisano, al parecer embriagado. El dueño del local se niega a dispensarle un whisky y en su lugar le ofrece un refresco. Disparos y dos muertos, el propietario del bar y un cliente: Justo López de Zubiria y Félix Minguela Sanz, repartidor de butano.
Los incidentes en tabernas, bares, discotecas en los que se vieron implicados agentes de la autoridad han sido numerosos. La diferencia en las riñas, cuando se produjeron, abismal (las versiones oficiales no pueden ser fuente fiable, y algunos las siguen utilizando para negar su responsabilidad). Unos armados, los otros desarmados. El poder de una pistola es enorme.
El Gobierno vasco, en su informe “Retratos municipales de las vulneraciones del derecho a la vida en el caso vasco” dice textualmente: “El uso indebido de armas por parte de policías causó la muerte de 13 personas hasta 1981, muchas de ellas tuvieron como escenario los establecimientos hosteleros”. En fechas posteriores también hubo muertos por armas de fuego en establecimientos hosteleros, bares, discotecas. ¿Cuántos? Decenas de heridos también. Huérfanos, viudas… Algún día habrá que censarlos.
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