Carta desde prisión
Santiago Rodríguez Muñoz
Jaén, 31 de mayo 2020.
“… Para comprender cualquier fenómeno en nuestro país es necesario tomar algo de perspectiva y remontarse a 1939, fecha en la que la oligarquía española consolidó su poder político y económico, tras imponer su régimen de terror. De allí que ante cualquier desafío a su dominio de clase, esta minoría explotadora haya recurrido por sistema a soluciones de fuerza. Este rasgo tan acusado, en el orden de lo genético, está en la base de que padezcamos el modelo penal más duro de Europa, producto a su vez del Estado terrorista más duro de Europa.
¿Qué cabía esperar, entonces, en vista de tales antecedentes? El confinamiento más duro de Europa, claro. No podía ser de otro modo. Y este hecho no se ha traducido solo en los indigestos partes de guerra diarios a cargo de pistoleros estatales de todos los colores, sino en la más abusiva coerción de todo género y en dosis de sufrimiento social de difícil cuantificación.
Y otro tanto sucede con nosotros, los que permanecemos secuestrados, sometidos a un confinamiento elevado al cubo. En aplicación del mismo rigor innecesario, la tecnocracia represiva al cargo de procurar dolor a los presos, no ha desaprovechado la oportunidad para intensificarlo, aislándonos aún más y privándonos al mismo tiempo de bienes esenciales, sin que a cambio se haya garantizado una protección eficaz contra la pandemia, limitándose a adoptar algunas medidas destinadas a cubrir las apariencias. No me extenderé en los detalles, pues como siempre la práctica carcelaria discurre entre lo delirante y lo tragicómico para culminar en lo dramático.
Lo cierto es que sí, existe la posibilidad de brindar una protección real a la población reclusa frente al riesgo epidémico. Así lo indica Antonio Urbina en el artículo “Pactos sí, pero… ¿Qué pactos? Empecemos con las cárceles” (Público.es, 29-04-2020), donde afirma lo siguiente: “En las cárceles, hay medidas que reducirían el riesgo de contagio (…) durante un eventual empeoramiento del brote en otoño. Todas son de coste cero y aplicables de inmediato. Estas medidas son: reducir la aplicación de la prisión preventiva al mínimo (…), facilitar un acceso más flexible al tercer grado y aplicarlo sin tener que regresar a la cárcel a pernoctar,, aplicación del tercer grado a los presos mayores de 70 años, excarcelación de los enfermos graves o con enfermedades crónicas para continuar su reclusión en hospitales o arresto domiciliario, excarcelación de presas embarazadas y cumplimiento de su condena en arresto domiciliario (…)”. El artículo termina con un llamado a acabar con la dispersión que se ceba en cientos de presos, sádicamente alejados de su medio social y familiar.
Conviene precisar que la posibilidad de rebrote es permanente hasta que no haya vacuna, porque la inmunidad de grupo se ha revelado imposible, tras la encuesta de seroprevalencia. Pero incluso la misma vacuna puede resultar de aplicación limitada, como sucede con el virus de la gripe, en función del grado de inmunidad y de las mutaciones. En resumen: Un escenario en el que será necesario mantener una defensa continua activa y anual.
Obsérvese, por otro lado, que el arresto domiciliario constituye una medida alternativa a la prisión, porque coincide con la médula de la condena penal: la privación de libertad. Es decir: confinamiento a lo bestia. La cárcel, en realidad, es una institución dedicada a complementar las penas privativas de libertad, ya duras de por sí, con las más canallescas penas corporales, morales y psíquicas, no contempladas por la ley.
Hechas estas dos matizaciones y en la línea de lo expuesto, ya sabrás que numerosos colectivos antirrepresivos vienen reclamando la excarcelación como mejor medida para garantizar el derecho a la salud y a la vida de los reclusos. Y también en la misma dirección he leído en un periódico lo siguiente: “EH-BILDU, UNIDAS PODEMOS, ERC, JUNT, PNV, MÁS PAÍS, CUP, BNG y COMPROMIS han pedido al gobierno medidas alternativa para los presos ante la actual alerta sanitaria, el acercamiento generalizado y la aplicación sin excepcionalidades (…)
Los firmantes consideran que es absolutamente prioritario para la adopción de medidas de excarcelación más exigentes para que las personas presas puedan permanecer en espacios más saludables y en condiciones de atención más profilácticas y sanitariamente más adecuadas que las que la prisión les depara”.
Cabe señalar, el beneficio de despistados que todos los partidos firmantes, sin excepción, conforman los verdaderos puntales del sistema político español tanto en el centro como en la periferia (mil veces más que la mugre trifachita), y es en este punto, siguen las recomendaciones de organismos internacionales (OMS, consejo de Europa…) poco sospechosos de extremismo, adoptadas ya o en vías de hacerlo por numerosos países a nivel mundial. Así se indica también en el mismo artículo: “los partidos firmantes recuerdan que algunos Estados europeos ya han tomado medidas en este sentido y que con respecto a estos Estados, el Estado español se encuentra entre los que tienen una tasa global de población reclusa más alta, incluidas algunas de las mayores ratios: de mujeres, personas extranjeros, mayores de 50 años, personas con discapacidad psíquica o física, así como las más altas medias de duración de la reclusión. “Es decir: la impiedad propia de un modelo penal salvaje, que se corresponde con el régimen fascista más implacable de Europa. Porque este siniestro balance, al que podrían sumarse muchos más datos escalofriantes, no es parte de una ficción comunista sino el fiel retrato de una pavorosa realidad”.
Llegados hasta aquí, tan solo resta esperar que estas formaciones políticas, aliadas con “el partido de la cal viva” en diverso grado, impongan a su socio institucional, la adopción de los estándares internacionales en la materia. Pero más allá del posado para la galería que persiguen estos estafadores, estamos ante un imposible, porque hablamos del mismo PSOE que ha contribuido como nadie a dar forma a estos órganos de violencia tan criminales. A su imagen y semejanza, puede decirse, porque aquí las causas y los efectos se confunden y el propio partido socialfascista es a su vez un producto del Estado terrorista de la burguesía española.
Sería una ingenuidad esperar del régimen monarco-fascista el más mínimo respeto por los derechos humanos, pues su existencia está fundada en su conculcación permanente. La población reclusa en general, y los presos políticos en particular, con motivo de las condiciones agravadas de su encierro, se encuentran seriamente amenazados por la epidemia de la COVID-19.
Nuestro colectivo de presos políticos comunistas y antifascistas, más en concreto, cuenta con la mitad exacta de sus miembros en grave riesgo, debido a las enfermedades crónicas y la edad avanzada de sus integrantes, lo que exige una contundente movilización popular en pos de su excarcelación».