Denuncias:
¡Alerta en las prisiones! (cementerio de pobres y de revolucionarios)
Hace unos días saltaba la noticia de la muerte de ocho presos en menos de una semana, seis por posible sobredosis y dos por suicidio. Aunque son tratados como casos aislados, no lo son. En el periodo que va de primeros de diciembre de 2018 a primeros de diciembre de 2019 se han contabilizado 162 presos, una cifra muy elevada y muy próxima a los 210 de todo el 2018.
Según los datos, el Estado español tiene una de las tasas más altas de encarcelamientos de la Unión Europea, a pesar de tener la tercera tasa de criminalidad más baja. Esto está provocando una saturación de las cárceles que en numerosas ocasiones ha sido denunciada. Si sumamos a esto la situación que arrastran muchos de los presos y presas, como drogodependencia, miseria, exclusión, desesperación, etc. nos encontramos con el caldo de cultivo perfecto para que se produzca este nefasto resultado.
Algunos presos con los que tenemos contacto nos han advertido del empeoramiento de las condiciones de vida dentro de las prisiones. En general, por un lado la alimentación es deficitaria y de pésima calidad; por otro, el ambiente y el día a día en los módulos -en su mayoría al límite- es a menudo hostil, donde conviven, rozando la supervivencia, cientos de presos con grandes necesidades y en una situación cada vez más extrema. Teniendo en cuenta esta situación no es de extrañar la relación directa entre la duración de la condena y la probabilidad de enfermar y morir una vez cumplida esta, hecho que algunos medios han denunciado y que ha quedado demostrado.
Efectivamente, la cárcel agrava las enfermedades que ya se tienen y provoca otras nuevas, pero también mata y empuja al suicidio en un buen número de casos.
El Estado, a través del Ministerio del Interior e Instituciones Penitenciarias, es el responsable. Pero no en el sentido en el que insisten los sindicatos de los carceleros, quienes llevan años exigiendo más personal y mayor cualificación, es decir, más represión. No está ahí la solución. Por un lado, tenemos a una buena parte de la población reclusa con graves problemas de adicción. Por otro, un número importante de presos políticos. En el primer caso, el incumplimiento absoluto de su propia legislación y la total falta de programas de seguimiento y tratamiento personalizado para combatir los trastornos de drogodependencia, la vulneración de todo tipo de derechos, las condiciones de esclavitud de aquellos que realizan algún trabajo en prisión (el 40% de la población penitenciaria realiza trabajos en prisión que no llega en muchos casos a 50 céntimos la hora) y muchos otros factores hacen que la cárcel no sea un lugar para superar esos trastornos, sino todo lo contrario. En esta circula tanto la droga como todo tipo de psicofármacos, motivo por el que se están produciendo esos elevados casos de muertes por sobredosis y suicidios. En el caso de los presos políticos es algo distinto. Las larguísimas condenas, la dispersión, la mala alimentación y la desatención sanitaria durante un largo periodo de tiempo forman parte de un plan de exterminio contra ellos. Según su propia legalidad, en caso de enfermedad grave, los presos deben ser excarcelados para que puedan recibir una atención sanitaria óptima. Pero el incumplimiento de su propia legislación en materia de excarcelación en caso de enfermedad grave, bajo la excusa (con forma de requisito) de no mostrar arrepentimiento para acceder a tal medida, empuja a los revolucionarios a una muerte asegurada entre rejas. Conocemos varios casos de presos políticos de edad avanzada (entre 65 y 75 años) y con enfermedades graves que reciben una atención sanitaria deficiente, son intervenidos quirúrgicamente en malas condiciones, sin recibir un seguimiento adecuado como recibiríamos cualquiera de nosotros en la calle y devueltos a sus celdas inmediatamente. Esto ha desencadenado en ocasiones un agravamiento de sus dolencias e incluso la muerte en prisión. Para este régimen terrorista el pretexto siempre es el mismo, este funcionamiento se debe a motivos de seguridad por la gravedad de los delitos de estos revolucionarios.
Sin embargo, el trato dado a Urdangarín -a quien hemos visto disfrutar de su primer permiso estas navidades- a Bárcenas o a Zaplana, por poner sólo unos ejemplos, es muy diferente. Este último fue el más escandaloso, al ser puesto en libertad por enfermedad grave. Pero, ¿cuántos trabajadores han quedado en la estacada debido a las numerosas tramas corruptas (Gürtel, Lezo, Púnica…) vinculadas a las incontables concesiones a grandes empresarios y para satisfacer la avaricia y la especulación de banqueros sin escrúpulos? ¿Cuántos han perdido su trabajo, su casa y cuántos se han suicidado por ello? En definitiva, ¿Cuántas vidas se han cobrado los 7.500 millones de euros robados, solo en materia de corrupción, desde la falsa Transición? ¿Cuántas vidas han costado, y seguirán costando, el rescate bancario y los miles de millones en recortes sociales?
Que
no nos vengan con la falsa humanidad. El Estado y su “orden
jurídico” no están para impartir justicia, de lo contrario, los
corruptos, los torturadores y los explotadores se pudrirían en
prisión; y los revolucionarios vivirían en libertad junto a los
elementos de su clase. La justicia, aquí, sirve para seguir
lucrándose y garantizar el expolio del pueblo trabajador; mientras
que la represión, la cárcel y la muerte entre sus muros está
reservada, mientras siga en pie este régimen, para los pobres y para
los revolucionarios. Esto tiene un nombre, se llama lucha de
clases.
Pongámonos manos a la obra para conquistar su libertad
y lograr los objetivos por los que pretenden que se pudran en
prisión, los derechos y las libertades de todo el pueblo trabajador.
¡Libertad
inmediata de los presos políticos enfermos!
¡Amnistía
total!
¡Amplio indulto para presos sociales!
Movimiento Antirrepresivo de Madrid. MAR.