A 40 años del asesinato impune en un control de la G.C. del concejal de la izquierda abertzale Mikel Arregi. Para PP, Vox y C’s no fue una víctima política.

Portando féretro de Mikel Arregi.

Guerra sucia e impunidad:

Cuando los fascistas sólo reconocen como víctimas a los suyos…

Y no se vuelve a saber nada del GC que lo ametralló…

Cuarenta años del asesinato de Mikel Arregi, el concejal abertzale que PP, Ciudadanos y Vox no quieren que sea reconocida

El concejal de una plataforma próxima a Herri Batasuna murió ametrallado por la Guardia Civil en 1979. El Gobierno de Uxue Barkos incluyó su caso en una ley de reparación que ha sido recurrida por la derecha ante el Tribunal Constitucional.

Una ráfaga. Un estruendo. Cristales destrozados y una vida rota. Mikel Arregi tenía 32 años, viajaba en coche con unos amigos y, de repente, se terminó todo. Un 11 de noviembre de 1979, la Guardia Civil descargó una lluvia de balas sobre el vehículo en el que se desplazaba este concejal de una plataforma próxima a Herri Batasuna en Lakuntza, un pequeño municipio de Navarra. Para PP, Ciudadanos y Vox, Arregi no debe ser reconocido como víctima.

Violento week-end”, titulaba en aquel fatídico otoño de 1979 la revista Punto y Hora. En un artículo firmado por Agustín Zubillaga, la publicación relataba que Arregi había muerto de un disparo de la Guardia Civil en las inmediaciones de Etxarri Aranatz, al tiempo que destacaba que “todos los testigos presenciales, incluidos los cuatro que le acompañaban en el coche en que circulaban cuando se produjeron los disparos, coinciden en afirmar que no había ningún control de la Guardia Civil en el momento en que se dispararon las ráfagas de metralleta contra el vehículo”.

Una bala entró en la cocina de un vecino y dos más fueron a parar a un camión que estaba allí estacionado”, recuerda Josu Imaz, integrante de Mikel Arregi Gogoan (en el recuerdo), la plataforma que organiza los actos que han servido para conmemorar el 40 aniversario de este asesinato.

La versión oficial ofrecida entonces por el Gobierno Civil de Navarra iba dirigida a exculpar a los autores de los disparos: según el comunicado que se dio a conocer tras el ametrallamiento, el coche no se detuvo a la señal de alto, por lo que uno de los agentes “efectuó dos ráfagas cortas de metralleta hacia las ruedas, disparando nuevamente sobre el repetido vehículo dos guardias civiles que se hallaban 30 metros más adelante, al observar que aquél continuaba circulando”.

“¡No disparen, estamos heridos! Llamen a una ambulancia”, gritó el conductor del coche, Javier Andueza, cuando los guardias civiles se aproximaron. Arregi fue llevado al hospital, pero no sirvió de nada: uno de los disparos acabó con su vida.

Tras las movilizaciones contra la brutalidad policial que siguieron a este caso, familiares y amigos formaron una comisión de investigación que logró que se celebrara un juicio contra los responsables de los disparos.

En septiembre de 1981, la Audiencia de Navarra condenó al guardia civil Ginés Cecilia Rico como autor de “un delito de imprudencia simple con infracción de reglamento y resultado de muerte”. La pena fue de dos meses de arresto, al tiempo que se le obligó a pagar 55.449 pesetas en concepto de reparación del vehículo ametrallado. También se ordenó una indemnización de dos millones de pesetas para la familia de la víctima. “Nunca más supimos qué ocurrió con el guardia civil condenado”, señala Imaz, quien califica aquella sentencia de “irrisoria”.

La historia siguió con los ataques al monolito en memoria de Arregi que se instaló en Etxarri. “En febrero de 1981, una carga de 100 gramos de trilita rompió la base. En octubre de ese mismo año un vehículo a tracción lo derribó por completo. En mayo de 1983, dos semanas después de ser reinaugurado, el monolito sufrió un atentado con 1,5 kilos de goma 2”, recuerda Imaz, quien destaca que ese último atentado “provocó la rotura de numerosos cristales de edificios próximos”.

A las bombas contra el monumento siguió el olvido institucional. Durante la larga etapa de Unión del Pueblo Navarro (UPN) al frente del Gobierno foral, el nombre de Arregi jamás apareció en homenajes o reconocimientos públicos.

El Ejecutivo cuatripartito presidido por Uxue Barkos impulsó una ley de reparación a las víctimas de actos violentos provocados por grupos de extrema derecha o funcionarios públicos que incluía el caso de Arregi. Sin embargo, esa norma fue anulada por el Tribunal Constitucional en julio de 2018.

El denominado “gobierno del cambio” volvió a intentarlo en marzo de 2019 pero volvió a toparse con trabas: PP, Ciudadanos y Vox recurrieron al TC para solicitar que esa norma sea anulada. El expediente está ahora en manos de los magistrados, que aún no se han pronunciado al respecto.

En: Público

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