Sobre Eduardo Fungairiño Bringas
Lo que no te ha contado la tele tras su muerte
-Fiscales de la Audiencia Nacional al servicio de la CIA.
Juan Manuel Olarieta. 6 de diciembre de 2010.
Extracto
(…) En la nómina de recaderos de la embajada yanqui no sólo está el actual fiscal jefe, Javier Zaragoza, sino también el anterior, Eduardo Fungairiño.
Ya se sabe que las servidumbres inmobiliarias se tramitan al comprador junto con la tierra que compra, y los papeles dicen que Washington tiene comprada la fiscalía de la Audiencia Nacional; lo que aún no conocemos es, como digo, el precio que han pagado por tener a los fiscales a su servicio.
El fiscal Fungairiño es un conocido integrante del «equipo conjunto» hispano-americano de fiscales que se dedica al «intercambio de información».
El equipo es tan conjunto que Fungairiño es (por lo menos) un agente doble: a la vez fiscal y espía del CNI.
Ahora los papeles dicen que también trabaja para la CIA en unos términos que no dejan lugar a dudas. La embajada yanqui en Madrid lloró amargamente cuando después de 26 años se despidió de su cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional en 2006.
La embajada ha mantenido una estrecha relación de colaboración con Fungairiño durante muchos años. Su marcha dañará la cooperación judicial entre España y EE UU, por lo menos a corto plazo.
Un consuelo es que Fungairiño seguirá formando parte del Grupo de Expertos Antiterroristas España-EE.UU donde juega un papel positivo. Se ha perdido a un interlocutor de gran valor en la Fiscalía de la Audiencia».
Menos mal que encontraron un sustituto servil en Javier Zaragoza y que Fungairiño sigue a su servicio desde su nuevo cargo como fiscal del Tribunal Supremo. Ahora tienen dos por el precio de uno.
La multi-militancia de Fungairiño se explica por su enfermiza personalidad neonazi, lo que le llevó a solicitar el sobreseimiento de la causa abierta en España contra el verdugo argentino Adolfo Scilingo, acusado de torturas y crímenes de lesa humanidad.
Como buen lacayo del imperialismo, en 2004 se burló de los propios diputados españoles cuando en la comisión parlamentaria del 11-M les aseguró que no leía los periódicos «por salud mental» y en la televisión sólo atendía los documentales de la BBC.
Aquella comisión parlamentaria quería investigar el atentado de Atocha y a Fungairiño no le dio la gana de informarles.
La situación es la siguiente: quien debía manejar la información no estaba informado.
Pero si Fungairiño no tenía información, ¿qué es lo que intercambiaba con la embajada yanqui? O dicho en otras palabras: Fungairiño informaba a la embajada yanqui pero no informaba a los diputados españoles.
¿Cómo podía informar Fungairiño a la embajada yanqui si el sumario del 11-M era secreto? ¿O les informaba precisamente porque el sumario era secreto?
Los que manejan la información siempre funcionan de la misma manera. Su tarea no es informar sino desinformar, ocultar y tergiversar.
Fungairiño ya fue expedientado por ocultar un informe sobre el operativo de ETA contra Aznar. Cuando apareció el documento y se le pidieron explicaciones, aseguró que «en función del resultado, las investigaciones se aportan al juzgado sólo si favorecen las tesis de la acusación».
Fue de risa. Le impusieron una sanción de 50.000 pesetas, que el fiscal comparó con una multa de tráfico.
¿Por qué no se le abre un sumario a Fungairiño y se le destituye de sus funciones en el Tribunal Supremo? ¿Por qué continúa formando parte de un «equipo conjunto» con la CIA?
Al fiscal jefe tampoco le importó dejar en evidencia la verdadera naturaleza de la Audiencia Nacional cuando en 1997 se opuso a la extradición de Pinochet. Ni siquiera se preocupó por encontrar argumentos legales porque le bastaron los políticos.
En unas declaraciones publicadas por el periódico chileno “El Mercurio”, el fiscal jefe justificó su postura argumentando que las sangrientas dictaduras del Cono Sur no tenían la pretensión de instalar a los militares permanentemente en el poder, sino subsanar las “insuficiencias de que ese orden constitucional adolecía para mantener la paz pública”.
En un país fascista estas declaraciones merecieron aquel mismo año su correspondiente ascenso en la jerarquía; los fascistas no pueden ser miembros de línea y Aznar le hizo a Fungairiño jefe de los fiscales de la Audiencia Nacional, un nombramiento que era ilegal.
Pero a la fiscalía la ilegalidad le importa un bledo. Nunca se había visto algo así. Ni siquiera en tiempos de Franco. Todos los fiscales de la Secretaría General del Estado dimitieron.
Ahora veamos el asunto más despacio porque tiene su miga: ¿cuántos votos obtuvo Fungairiño para ser nombrado fiscal jefe de la Audiencia Nacional? Ni uno solo.
Es otra de las marcas registradas de los fascistas autóctonos: ellos no necesitan los votos para obtener sus cargos. El caso fue que hubo tres votaciones y en ninguna de ellas obtuvo ni un solo voto.
El cargo de fiscal jefe de la Audiencia Nacional se obtuvo ilegalmente aunque se tratara de defender la legalidad. Lo que empieza de una manera acaba de la misma manera.
A los incautos que se sorprenden por estas cosas de la ilegalidad hay que explicarles que un régimen político que nació en 1936-1939 de manera ilegal, nunca puede ser legal y nada de lo que haga será legal.
Es la personificación de la ilegalidad y no sabe cambiar. Es un Estado al revés: los fiscales que como Fungairiño tienen que defender la legalidad lo que defienden es la ilegalidad.
Vayamos un poco más allá: ¿qué alternativas tenía Aznar para nombrar a otro fiscal jefe que no fuera el nazi de Fungairiño?
Pues la candidatura alternativa era la de Luis Manuel Poyatos Bernáldez que había sido fiscal del Tribunal franquista de Orden Público y dio su conformidad para liberar al mafioso Bardellino en 1987.
Ese es el verdadero problema del fascismo hispánico: que la alternativa a unos fascistas son otros fascistas.